El PP sigue confirmando día a día que no ha aceptado todavía el resultado electoral del pasado 24 de mayo tanto en los ayuntamientos como en la comunidad autónoma, donde, previsiblemente, va a tener que dejar el Gobierno tan solo cuatro años después de que en 2011 ganará la mayoría absoluta.
Este miércoles era el que ha sido portavoz en las Cortes regionales durante la pasada legislatura, diputado regional electo, Francisco Cañizares, el que se pasaba por la sede del PP en la capital para cuestionar el posible acuerdo entre los socialistas y Podemos en la región, acuerdo que todavía no se ha firmado.
Si entramos a sacar algunas deducciones de las palabras de Cañizares, socialistas y Podemos debieron tener alguna bola de cristal que les avanzó cuál iba a ser el resultado electoral, porque, el acuerdo que ahora se pergeña, no es de ahora, sino que viene de hace ya tiempo.
Una de las claves de esta conclusión de Cañizares es que el pacto, aquí, en Castilla-La Mancha, está siendo cosa de coser y cantar. Cañizares se extrañaba de que, en apenas dos días, las dos formaciones políticas se hayan puesto de acuerdo en prácticamente casi todo.
Para ello, a su juicio, hay una razón. El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page es un hombre “ávido de poder” y está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para ponerse al frente del Gobierno regional, por lo que le dice a todo que sí a Podemos.
Si no, se preguntaba Cañizares, cómo es posible que la candidata a presidir de nuevo Andalucía, la también socialista Susana Díaz, le haya dicho a Podemos que no a unas cosas ante las que García-Page asiente sin pestañear.
Por otro lado, Cañizares empezaba a denigrar el acuerdo antes de rubricarse. Podemos, decía, ya está incumpliendo sus propios planteamientos de transparencia y participación. No se conoce nada de lo que están pactando, más allá de que algunas de las cosas que se están conociendo a través de los medios de comunicación sean irrealizables. También las contradicciones. Cómo van a volver al sector privado los servicios que privatizó el PSOE.