La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y los consejeros autonómicos del ramo acordaron ayer una posición común sobre el futuro de la Política Agrícola Común (PAC), en la que defienden que tenga un presupuesto “fuerte” más allá de 2020.
García Tejerina ha declarado a la prensa, al término de una Conferencia Sectorial, que el documento recoge los “mínimos comunes” y servirá para que España responda con una postura común a la consulta pública que la Comisión Europea (CE) ha abierto hasta el próximo 2 de mayo sobre la PAC.
En la reunión, la ministra y los consejeros han consensuado un documento, con las prioridades de cara a la reforma de dicha política, sobre la que la UE empieza a debatir ahora y que se aplicará a partir de 2020; la consulta de Bruselas es un primer paso.
El documento ha sido respaldado por las comunidades autónomas participantes en la reunión, excepto Aragón y Navarra.
Trece consejeros han asistido a la conferencia, dos han participado por videoconferencia (Cataluña y Baleares), mientras que el País Vasco y Cantabria no han participado.
La ministra ha manifestado que con el acuerdo de hoy España quiere “influir” desde el principio y tener una “voz fuerte” en los debates.
El documento sucede a la conferencia sobre la PAC que organizó el Ministerio en marzo para abrir los debates con autonomías y sector.
Ha explicado que el texto será una base para que España inicie la búsqueda de alianzas con otros países de cara a conseguir que la reforma que entre en vigor después de 2020 responda a los retos de agricultores y ganaderos.
Gobierno y autonomías han defendido que la PAC futura tenga “una financiación “importante” para responder a los retos del sector agroalimentario, según la ministra.
Han abogado por la continuidad de los “pagos directos”, del régimen basado en las ayudas desacopladas de la producción, con apoyos acoplados para algunos sectores y han reclamado una “red de seguridad” frente a la “volatilidad” de precios.
También han solicitado una legislación comunitaria para mejorar la cadena alimentaria y han defendido la importancia del desarrollo rural y de garantizar el relevo generacional.
El consejero aragonés de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, ha justificado su postura porque el documento acota excesivamente la posibilidad de una reforma en profundidad” y mantiene un sistema “ineficaz, injusto e ineficiente”.
Aragón pretende acabar con los derechos históricos y que en la próxima PAC se elimine el “enfoque sectorial” para que no haya “zonas, sectores o agricultores preferentes”.
La ministra ha señalado que el acuerdo recoge las demandas de una mayoría de las autonomías en defensa de pagos directos para dar “estabilidad”, dentro de un “lenguaje” que luego permita defenderlos en Bruselas.
Navarra no ha respaldado el documento por “no sentirse reflejada” en él, según la ministra, quien ha añadido que esta autonomía no había presentado aportaciones.
La consejera andaluza de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha afirmado que es hora de estar unidos para conseguir una PAC “con presupuesto suficiente y que tenga en cuenta la diversidad de producciones”.
Ortiz ha añadido que Andalucía tiene “pequeñas puntualizaciones”, como la inclusión del término “dehesa” en las políticas de desarrollo rural, que se tenga en cuenta la ganadería extensiva y que las exigencias medioambientales lleven aparejados “incentivos”.
El consejero de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha señalado que es “bueno” que España tenga un documento de partida para el debate, pero “no vale” para influir en la CE y aún “hace falta avanzar más para concretarlo”.
Ha añadido que el texto no incluye la “convergencia”, para igualar ayudas a todos los agricultores, ni “techos por explotación” y que además debería incorporar una referencia a los consumidores.
La consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Milagros Marcos, ha dicho que el documento “servirá al Ministerio para defender con fuerza una PAC que avance en la simplificación e incorpore mecanismos que permitan estabilizar la renta”.
Según la consejera, el documento tiene “todo en común” con el posicionamiento de Castilla y León y ha advertido de que la PAC “aún no se está definiendo porque aún no se sabe ni el presupuesto ni el posicionamiento de otros países”.
El consejero madrileño de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, ha agregado que el documento recoge menciones al mantenimiento de las ayudas a los productores y a que la PAC tenga una mayor “agilidad”.
