La actitud “dialogante” del ministro Catalá retrae las protestas en justicia

-“Se han abierto mesas y nos están escuchando pero veremos en qué queda todo; las reformas siguen ahí”, explica Carmen Romero del sindicato STAJ y presidenta de la junta de personal de justicia en Ciudad Real -Lo sindicatos mantienen su postura contraria a la privatización del registro civil, o al menos que no se amorticen las plazas de los funcionarios especializados en un servicio ahora gratuito  

Belén Rodríguez
Ciudad Real

La llegada de Rafael Catalá al Ministerio de Justicia ha retraído por el momento las protestas de los sindicatos en un sector que afronta el final de año con los mismos problemas que lo empezó: privatización de los registros civiles, reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), tasas, Ley de Justicia Gratuita, etc, sólo que con negociaciones abiertas.
“Con este ministro se ha conseguido abrir el diálogo y los gestos han sido diferentes a Gallardón”, subraya Carmen Romero, coordinadora autonómica del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), y presidenta también de la junta de personal de justicia de Ciudad Real.

Ahora los sindicatos confían en sí no impedir la privatización de los registros civiles, que Catalá mantiene en cartera, al menos que no se amorticen las 3.000 plazas de funcionarios que los atienden ahora, aunque el servicio salga de los juzgados, algo a lo que se siguen oponiendo. “Lo que nosotros pretendemos es que el registro civil lo asuman los secretarios judiciales o funcionarios de justicia y que siga siendo un servido atendido por funcionarios”.

También esperan que se revisen las tasas judiciales y se introduzcan cambios en la reforma de la Ley de Justicia Gratuita.

 

Grupos de trabajo sobre la Oficina Judicial y la reforma de la LOPJ
Los cambios en el Ministerio de Justicia han permitido que en estos últimos meses del año se haya abierto mesas de diálogo con los sindicatos y grupos de trabajo para discutir y negociar los aspectos más polémicos de las reformas que siguen sobre la mesa ministerial.

A finales de noviembre se creó por primera vez el grupo de trabajo sobre la Nueva Oficina Judicial (Ciudad Real es una de las capitales pioneras en su implantación).

“Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia apreciamos esa voluntad de consenso pero tendremos que ver más adelante si se plasma en hechos concretos, y se admiten las alegaciones que se hagan desde los sindicatos, algo que no ha ocurrido hasta ahora”.

Según explica Carmen Romero, responsable autonómica del STAJ y funcionaria de justicia en Ciudad Real ,“hemos relatado someramente los problemas actuales de la NOJ, ya de sobra conocidos: escasa dotación de personal, falta de organización, pésimas herramientas informáticas, inexistencia del expediente judicial electrónico, deficiente funcionamiento del Servicio Común de Ordenación allí donde existe, etc.  Por ello hemos reclamado parar futuras implantaciones para revisar y corregir previamente las existentes”, sin embargo dice que el ministerio ha dejado  claro que van a seguir adelante con las implantaciones de este modelo, que  es un mandato de la LOPJ, y quieran o no, tienen que cumplirlo, pero manifiestan  que su voluntad actual es contar con todos los interesados.
También a principios de este mes se abrió el diálogo sobre la reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial.