La reducción de las ayudas a la discapacidad está asfixiando a las familias

Aurora Galisteo / Ciudad Real

La Confederación de Asociaciones de Padres de Personas con Parálisis Cerebral y Encefalopatías Afines (ASPACE) y la Confederación española de organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (FEAPS), coinciden en señalar que las familias que tienen en su seno a una persona con discapacidad asumen un sobreesfuerzo económico que en los últimos años se ha visto agravado por los recortes sociales y el actual sistema de copago de la “Ley de promoción de la Autonomía Personal”. Asociaciones locales como Caminar, Aspacecire o AFA Ciudad Real, también lo denuncian.

El 72,95% de las familias que tienen a su cargo a personas con parálisis cerebral dicen haber notado reducciones en las prestaciones que perciben por parte de las administraciones públicas, tanto en las cuantías económicas como en los servicios recibidos.

Así se desprende de una encuesta realizada por Confederación Aspace en la que se pone de manifiesto que las prestaciones que con más frecuencia tienen asignadas las familias son las de carácter no contributivo, otorgadas directamente a la persona por causa de discapacidad o a los familiares por el cuidado de un hijo con discapacidad (prestación por hijo a cargo), y “son precisamente estas prestaciones, las más frecuentes, las que tienen una cuantía menor”, asegura Confederación Aspace.

Con respecto a los gastos sanitarios, la encuesta indica que más de un 20% de los entrevistados reconocen que deben sufragar el 40% o más de los costes de los medicamentos, mientras que el 9,1% debe abonar el 50% del coste.

Cuatro de cada cinco familias reconocen precisar de la ayuda de una tercera persona de manera habitual, apunta el mismo estudio, que señala también que las madres son quienes ejercen la función de persona de apoyo del afectado por parálisis cerebral, 53% de los casos.

En prácticamente todos los casos, la mitad de la población o menos reconoce disponer de los apoyos que precisa, sobre todo en lo referente a servicios jurídicos, de respiro familiar y ayuda a domicilio.

Este estudio coincide con el realizado hace escasas semanas por la Confederación española de organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (Feaps), al que ha tenido acceso Lanza, en el que se recoge que el esfuerzo económico de las familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, es de más de 24.000 euros al año. Ingresan menos dinero, porque tienen menos trabajo y sueldos más bajos. Además, tener discapacidad intelectual supone costes de farmacia, transporte, ocio, cuidados, etcétera

La presidenta de ASPACECIRE, Aurora Martín, ha destacado a este periódico que aunque las autoridades lo nieguen, el 90% de los usuarios de esta asociación han dejado de percibir la ayuda de la Ley de Dependencia, “y la pensión por discapacidad ha subido poco más de un euro este año”.

 “Uno de nuestros principales problemas es el encarecimiento del coste de los servicios, que está obligando a que las familias tengan que afrontar exigencias cada vez mayores”, ha indicado Martín.

En este sentido, y en relación a los fondos que recibe ASPACECIRE para servicios y tratamientos, su presidenta ha reconocido que año tras año, desde 2012, la Junta de Comunidades les ha restado 1.000 euros de la subvención anual.
Igualmente, y respecto a las ayudas que reciben para el mantenimiento del centro de día, que presta servicio a 18 personas, en cuatro años la reducción de la ayuda ha sido de más de 100.000 euros, pasando de más de 250.000 euros en 2011 a 144.000 el pasado año.

El Servicio de Respiro Familiar que ofrece esta asociación también ha visto mermado su presupuesto en 6.000 euros en los últimos cuatro años. En la actualidad apenas cuentan con 4.000 euros.

Y también el Servicio de Atención Temprana, al que acuden más de 100 niños y que es atendido por dos logopedas, un fisioterapeuta, dos estimuladoras y una sicóloga, ha visto reducida la ayuda económica de la administración regional.
Todos estos recortes conllevan que las familias “estén asumiendo cargas muy importantes, aportando todavía más al sostenimiento de estos servicios, a pesar de que ya lo hacían de forma notable”.

Caminar

Por su parte, el presidente de la asociación Down Caminar, Julián Carvajal, comenta que aunque las familias son reacias a comentar estos asuntos sí tiene conocimiento de algunos casos puntuales en los que se ha denegado la ayuda económica por dependencia reconocida años atrás “y tan sólo se mantiene la relativa a los servicios asistenciales”.
Caminar, que recientemente ha inaugurado un nuevo centro dotado con instalaciones para atención temprana, centro ocupacional y aula de día, no ha sufrido los recortes en las subvenciones públicas y su presidente, Julián Carvajal, confía en que la ampliación de plazas para atención temprana y centro ocupacional “tengan en 2015 un reflejo en la dotación económica por parte del Gobierno regional”.

AFA denuncia a la Junta por impago

La presidenta de la  Asociación de Familiares de Enfermos De Alzheimer (AFA), Mar Garrido, ha indicado a Lanza que han decidido interponer en los tribunales un recurso contencioso contra la administración regional por el impago de 76.000 euros, más intereses de demora, por el incumplimiento de lo estipulado en el convenio de colaboración, firmado entre la Junta y AFA, para el mantenimiento económico del centro de respiro, una deuda que arrastran desde el año 2012.

Mar Garrido explicó que el centro de respiro Alöis Alzheimer de la capital, que presta servicio en la actualidad a 40 personas entre el centro de día y la residencia, no cuenta con ninguna subvención por parte de la administración regional desde hace tres años y es financiado, casi en su totalidad, con fondos propios y privados.

Mar Garrido denuncia también los recortes a las ayudas de la Ley de Dependencia.

Una ILP para poner fin al copago sanitario

El movimiento asociativo de la discapacidad en España ha puesto en marcha recientemente una Iniciativa Legislativa Popular para manifestar su rechazo al “copago”.

Esta ILP quiere evitar que ninguna persona con discapacidad quede fuera del sistema de dependencia por falta de recursos, garantizándoles una vida digna tanto a estas personas como a sus familias.

La presidenta de ASPACECIRE, Aurora Martín, ha explicado que la modificación legal que se plantea pretende establecer unos criterios más claros y justos en relación con la capacidad económica y participación en el coste de las prestaciones por parte de las personas beneficiarias. “Desde el sector solicitamos criterios básicos de copago y no enunciados genéricos que dejan vía libre tanto al Gobierno como a las Comunidades Autónomas, lo que provoca grandes diferencias en la aportación de las personas usuarias entre los distintos territorios”, añade.

El desarrollo de la ley de autonomía personal y atención a la dependencia ha creado una situación insostenible que hace recaer el esfuerzo económico de mantenimiento del sistema en las propias personas en situación de dependencia. Para evitar esta situación las distintas asociaciones exigen que se amplíen los factores que se tienen presentes a la hora de determinar tanto la renta como el patrimonio del usuario: añadiendo a la edad, el momento vital de aparición de la situación de dependencia y su mayor o menor prolongación a lo largo de la vida de la persona beneficiaria,y que estén exentos del copago a quienes perciban menos de 1.331 euros (2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, Iprem).