El pasado día 12 de junio de este año, el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto de ley de reforma estructural de los Servicios en España, que empezó a ser conocida como “Ley Ómnibus”.
Tiene como objetivo modificar 47 leyes de diferentes sectores económicos para su adaptación a la Directiva de Servicios de la Unión Europea (UE), que, según se dijo en su día, podría suponer un incremento del Producto Interior Bruto (PIB) del 1,2 por ciento y la creación de entre 150.000 y 200.000 puestos de trabajo.
Entre los sectores afectados se encuentra el del transporte terrestre, en el que, según se decía en la nota de prensa de aquel Consejo de Ministros, “se eliminan dos régimenes de autorización (de estaciones y centros de transportes y para el arrendamiento de vehículos sin conductor) que se derogan y se establece así un régimen de libre acceso y ejercicio de la actividad”.
En este punto, los taxistas vieron un ataque a sus intereses profesionales. Desde entonces, se han movilizado y ayer organizaron un primer acto de protesta, con la instalación en sus vehículos de un cartel en el que se podría leer: “No al artículo 21 de la ley Ómnibus”.
A la protesta, que era de ámbito nacional, se sumaron los taxistas de Ciudad Real, que los que existen 47 en la capital y unos 500 en toda la provincia.
Javier del Pozo, presidente de la Asociación de Taxistas Autónomos de la provincia, en declaraciones a Lanzadigital, valoró muy negativamente esta norma, que, según dijo, puede repercutir muy negativamente en sus negocios.
Según su interpretación, esta norma permitiría que cualquier empresa de transporte pudiera adquirir los vehículos que considerara oportuno y ponerlos en servicio con un condutor, lo que iría en contra de los actuales taxistas, que han tenido que acceder a una licencia que convocan los ayuntamientos y que son ratificadas por las autonomías.
Por ahora, la norma, tras pasar por el Congreso de los Diputados, fue aprobada el pasado miércoles en el Senado, pero con algunas modificaciones, una de las cuales incide directamente en las peticiones de los taxistas.
Del Pozo, en las manifestaciones a este periódico, mostró su esperanza en que esta enmienda que ha sido introducida en la Cámara Alta sea mantenida en la vuelta de la ley a la Cámara Baja para su ratificación definitiva.
Si no, se daría, puntualizó, una situación muy grave para el sector del taxi español, ante lo que, según explicó no se descarta ir a la huelga si no se da una respuesta positiva a una demanda para garantizar la supervivencia del sector.
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