Antonio C.C. un simple “paleta”, según su abogado, metido a promotor inmobiliario en Miguelturra en los tiempos de la burbuja, podría ser condenado a cuatro años de prisión por apropiación indebida si prospera la acusación de una familia de esa localidad que le compró una vivienda unifamiliar en 2005 sobre la que pesaba una hipoteca que no canceló, pese a que firmaron un contrato de compraventa que reconocía que lo había hecho.
El caso, que se ha juzgado diez años después de la denuncia ante la Audiencia Provincial en dos sesiones (la primera el 23 de noviembre y la última hoy) ha quedado visto para sentencia este martes con los mismos argumentos que comenzó. La acusación particular lo considera responsable de haberse quedado con unos 200.000 euros para afrontar pagos corrientes personales, que se supone que eran para cancelar la hipoteca, y el argumento de la defensa es que Antonio C.C., sin intención de engañar a nadie, se metió en un embrollo de cerca de 1,5 millones de euros del que no supo salir en una sociedad de gananciales con su esposa y se arruinó cuando se acabó el crédito.
Entregó 14 viviendas y sólo en este hay problemas
“En esa época entregó 14 viviendas y la única con la que ha tenido problemas es con la de esta familia”, ha dicho en su alegato final su abogado defensor José Miguel Rodríguez.
El matrimonio afectado, que ejerce la acusación particular, le compró en 2005 una casa de una promoción en la calle Dinamarca de esa localidad, gravada previamente por una hipoteca en Caja España, pero en vez de subrogarse a ese préstamo suscribieron otro con Caja Rural (ahora Globalcaja) de 150.000 euros, para cancelar la primera hipoteca. En vez de eso se supone que el acusado se transfirió el dinero a una cuenta personal y dejó de pagar. Diez años después la familia se encuentra con que sobre la casa pesan dos hipotecas y se arriesga a perderla porque no puede afrontar el gasto.
La fiscalía considera que estamos ante un delito de apropiación indebida y solicita dos años de prisión para el presunto culpable, además de que pague en torno a 200.000 euros, el dinero de la primera hipoteca sobre la vivienda que dejó de abonar en noviembre de 2008, más los intereses hasta mayo de 2014 (cuando se denunció el caso por lo penal).
Agravante de situación de las víctimas
Dionisio Pérez, el abogado del matrimonio, eleva a cuatro años de prisión la solicitud de condena “por la agravante de la cantidad apropiada y la situación en la que deja a las víctimas”, ha explicado a Lanzadigital.com. Esta parte también reclama la responsabilidad subsidiaria a Caja España.
El director en aquel momento de la oficina de Miguelturra de esa entidad que financiaba al acusado no ha recordado hoy en el juicio cómo fue posible que pese a firmar ante notario la escritura de compraventa de la casa y la subrogación de la hipoteca con una nueva entidad, el dinero para la cancelación que pagó Globalcaja fue a parar a la cuenta personal del acusado, y no a la de Caja España.
Para la fiscal del caso es irrelevante si hubo o no negligencia de los bancos, puesto que el ingreso inicial, de más de 120.000 euros, era lo suficiente abultado como para que el acusado se hubiera dado cuenta de que había habido un error y si no lo subsanó es porque se apropió de ese dinero para sus propios gastos.
