El secretario provincial del Partido Popular de Ciudad Real y diputado regional en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Lucas-Torres, ha pedido la dimisión del consejero de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, por su “mala gestión” al frente de la plaga de conejos, que según Lucas-Torres “está destrozando los cultivos de toda La Mancha”.
En este sentido, Lucas-Torres ha indicado que tanto el presidente de Castilla-La Mancha como el responsable regional de Agricultura “se toman a risa” la plaga, a pesar de que ésta va a provocar, según el diputado regional del PP, la desaparición de todos los cultivos del área de La Mancha.
Por ello, desde el PP han solicitado a que el Gobierno de Castilla-La Mancha adopte medidas y ponga una solución “económica” a los agricultores que están perdiendo sus cultivos, así como a los ganaderos, los cuales pueden perder su ganado debido a las enfermedades que los conejos transmiten, entre ellas, la tuberculosis o la escabiosis.
Así mismo, han pedido al Gobierno que dirige García-Page que declare esta situación como plaga, ya que de manera contraria, los dueños de los cotos de caza serían los que tendrían que hacerse cargo de las pérdidas económicas de los agricultores.
Por último, ha puesto de ejemplo su localidad, Campo de Criptana, donde es alcalde. En este municipio, desde el 1 de abril de 2017 hasta febrero de 2018, se habían cazado un total de 49.700 conejos “y aún así siguen existiendo”, ha informado Lucas-Torres.
Tiempos máximos en las listas de espera sanitarias
Por otro lado, el secretario provincial del PP ha arremetido contra la sanidad en Castilla-La Mancha, concretamente en la provincia de Ciudad Real, pues según ha destacado, hay personas que llevan más de dos años esperando una intervención quirúrgica.
Por ello, ha recordado que el Partido Popular llevará una proposición de ley para que haya tiempos máximos de listas de espera sanitaria, “porque estas listas están desbocadas en la actualidad con el Gobierno de Page y Podemos”.
Una proposición de ley que obligaría a que los castellano-manchegos tengan “garantizada su prestación sanitaria en un plazo máximo de 20 días para pruebas diagnósticas, 30 días para realizar consultas externas y 90 días para intervenciones quirúrgicas”.
