El Juzgado amplía hasta junio de 2019 el plazo para investigar la funcionarización de los trabajadores del matadero de Puertollano

Julia Yébenes Puertollano
Edificio de los juzgados de Puertollano / Lanza

Edificio de los juzgados de Puertollano / Lanza

Intenta esclarecer esclarecer si el Ayuntamiento cometió en 2010 un delito de prevaricación con la creación de doce plazas funcionariales en el matadero municipal denunciadas por la Plataforma de Funcionarios Interinos Despedidos del Ayuntamiento Puertollano (FIDAP). Un portavoz de esta entidad ha dado a conocer la resolución judicial

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Puertollano ha fijado hasta el 7 de junio de 2019 el plazo para seguir investigando y que puedan practicarse las diligencias necesarias para esclarecer si el Ayuntamiento cometió en 2010 un delito de prevaricación con la creación de doce plazas funcionariales en el matadero municipal denunciadas por la Plataforma de Funcionarios Interinos Despedidos del Ayuntamiento Puertollano (FIDAP).

El auto, publicado el 5 de diciembre, respalda la petición del fiscal y de los denunciantes de la necesidad de ampliar el tiempo de la investigación por la complejidad de la causa, según ha dado a conocer en un comunicado Juan Francisco Valbuena, portavoz de FIDAP.

La resolución judicial justifica dicha decisión, según Valbuena,  en la existencia de “indicios de delito en las conductas denunciadas”, y por tanto considera necesario un periodo de año y medio para poder realizar las diligencias judiciales del caso e investigar la consolidación de dichas plazas “vacías de contenido y sin expectativas de tenerlo, al no estar operativo el matadero de Puertollano”.

Así, el representante de los denunciantes destaca que para el Ministerio Fiscal estos hechos constituyen  una “actuación ilícita y digna de reproche penal”, puesto que “tomaron posesión de un puesto que no van a poder desempeñar” y se culminó el proceso “con la modificación del puesto de trabajo”.

Igualmente, el comunicado recoge que “con la decisión adoptada por el juzgado de acceder a lo solicitado y fijar un nuevo plazo de instrucción se viene a demostrar la complejidad de la causa y de su volumen, así como su posible ampliación a muchas más personas, por lo que resulta necesario que se puedan practicar todas las diligencias necesarias para dar por concluida la instrucción”.