Antonio C.C., constructor de Miguelturra arruinado según él por el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial acusado de haberse apropiado de forma indebida de unos 200.000 euros de una familia.
El matrimonio afectado, que ejerce la acusación particular, le compró en 2005 una vivienda unifamiliar de una promoción en la calle Dinamarca de esa localidad, gravada previamente por una hipoteca en Caja España, pero en vez de subrogarse a ese préstamo suscribieron otro con Caja Rural (ahora Globalcaja) de 150.000 euros, para cancelar esa hipoteca. En vez de eso se supone que el acusado se transfirió el dinero del acuerdo a una cuenta personal y dejó de pagar. Diez años después la familia se encuentra con que sobre la casa pesan dos hipotecas.
“Hemos pagado un montón”
“Hemos pagado un montón de dinero y la casa nunca ha sido nuestra”, dicen las víctimas, que confían en que al menos la justicia les dé la razón y exija la primera hipoteca al acusado, que se defiende alegando que en esa época tenía como diecisiete préstamos con Caja España, que él mismo lo ha perdido todo, que está arruinado, y que nunca pretendió engañar a nadie.
La fiscalía considera que estamos ante un delito de apropiación indebida y solicita dos años de prisión para el presunto culpable, además de que pague en torno a 200.000 euros, el dinero de la primera hipoteca sobre la vivienda que dejó de abonar en noviembre de 2008, más los intereses hasta mayo de 2014 (cuando se denunció el caso por lo penal).
4 años de prisión
Dionisio Pérez, el abogado del matrimonio, eleva a cuatro años de prisión la solicitud de condena para el promotor, “con la agravante de la cantidad apropiada y la situación en la que deja a las víctimas”, ha explicado a Lanzadigital.com. Esta parte también reclama la responsabilidad subsidiaria a Caja España.
El juicio, que ha comenzado este jueves, se ha tenido que suspender hasta el 19 de diciembre al faltar varios testigos, uno de ellos el director de la sucursal de Caja España de Miguelturra con el que el acusado y los perjudicados negociaron la cancelación de la hipoteca, además de la notaria que dio fe pública de la operación.
