El profesor de la UCLM Tomás Fernández, experto en servicios sociales y responsable durante los últimos siete años de los cursos de verano de El Escorial, considera necesaria una ley marco que garantice una cobertura social mínima para evitar diferencias aún mayores entre ricos y pobres.
Estas son algunas reflexiones que ha apuntado, en una entrevista con Efe el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha Tomás Fernández, que ha sido el responsable (como subdirector) de los cursos de verano de El Escorial -Universidad Complutense- desde 2005 y que actualmente es docente en la UNED.
"Trabajo Social con familias" es el libro en el que Fernández, en colaboración con la profesora de la UNED Laura Ponce de León, analiza los conflictos a que se enfrentan las familias y evalúa que sus necesidades y problemas deben resolverse con el apoyo de las instituciones públicas, a través de los recursos económicos, sociales, culturales y educativos, y con el trabajo de los profesionales involucrados en la intervención social.
"No se está yendo hacia la igualdad, cada vez hay más diferencia entre ricos y pobres. Los ricos cada vez lo son más y los pobres cada vez tienen menos, y mientras no tengan apoyo del Estado será muy dificil que salgan de su situación", evalúa el experto en servicios sociales.
En un momento en que millón y medio de familias tienen a todos sus miembros en paro y en el que cinco millones de personas no tienen empleo, Fernández reclama una ley marco estatal de servicios sociales, que garantice un mínimo de cobertura de derechos sociales a todos los ciudadanos, con independencia de la comunidad autónoma en que resida.
"Tenemos una situación tan grave que es necesario apoyar económica y socialmente a quienes más lo necesitan, y en particular a las familias", explica el profesor universitario.
Pero también exige que el desarrollo de la Ley de Dependencia no se lleve a cabo en detrimento de los servicios sociales, es decir no persistir en "el error" de dedicar a la dependencia el dinero que se estaba destinando a los servicios sociales.
Tomás Fernández conoce bien el ámbito de los servicios sociales en España y, de hecho, él organizó allá por 2003, en Talavera de la Reina (Toledo), las jornadas del Consejo de Trabajo Social en las que surgió el llamado "Manifiesto de Talavera", que fue el germen de la posterior Ley de Dependencia.
El elevado desempleo, casi cinco millones de personas de los que el 40 por ciento son de larga duración, se está cebando en los jóvenes y está afectando de forma importante a las familias, que siguen siendo el principal apoyo, como ha ocurrido tradicionalmente, y que en muchos casos pierden su vivienda por no poder pagar la hipoteca.
De hecho, hasta 2015 medio millón de familias habrán perdido su casa por no haber podido pagar la hipoteca, una situación que Tomás Fernández estima urgente acometer modificando la legislación para que las familias puedan "entregar" sus viviendas y cancelar la hipoteca, al tiempo que el Estado gestiona "miles de viviendas vacías" para dedicarlas al alquiler.
Fernández llama a una reforma de las políticas fiscales "como instrumento directo para aumentar la recaudación del Estado", con cargas fiscales acordes con los ingresos.
En estos momentos, al igual que ha ocurrido siempre, el soporte familiar es fundamental, máxime cuando muchos hijos deben regresar a casa de sus padres por que no tienen dinero para seguir manteniendo su alquiler (el llamadado 'efecto boomerang').
En numerosas ocasiones, estos padres que acogen a sus hijos jóvenes ya son mayores, viven de la pensión y de este dinero tienen que mantener a toda la familia.
Son situaciones "muy dramáticas", sostiene Tomás Fernández, en las que no obstante son las familias las que están socorriendo y apoyando a sus miembros.
En su opinión, existe el riesgo de "pasar de una sociedad del bienestar a una del malestar, al empobrecimiento de una sociedad que se conocía como la del bienestar" si continúa decayendo el gasto social.
Según los datos que apunta, los países occidentales de la UE dedican a gasto social el 27% de su PIB (Producto Interior Bruto) y España dedicaba en 1993 el 25% de su PIB a este concepto, aunque hace dos años ya había reducido el porcentaje al 20% y ahora está aún más bajo.
