La Compañía de Jesús fue fundada por Ignacio de Loyola en 1540 y ya desde sus comienzos se distinguió por una religiosidad de nuevo estilo que diferenciaba a los jesuitas de los otros frailes. El no tener largas horas de rezo ni imponerse mortificaciones corporales, como los dolorosos cilicios, provocaron recelos en la Corona y en la Inquisición. Esta última descubrió en 1587 que los jesuitas reclamaban exención a la solicitación y que el Papa Gregorio XIII había otorgado en 1584 al padre general de la Compañía la facultad de absolver de herejía a sus subordinados, incluso en caso de relapso; por ello, cualquier jesuita que supiese de herejía de otro debía denunciarlo a su superior y no a la Inquisición, quedando así afirmado que sus miembros no estaban sujetos a ningún juez episcopal ni inquisitorial.
Abro aquí un paréntesis para indicar que por entonces estaba muy extendido el vicio de la solicitación o seducción desde el confesionario, cuyos principales responsables eran frailes. Este delito consistía en requerir sexualmente a una feligresa, aprovechando la intimidad que impone la confesión, y tenía como castigo la pena de muerte. El padre jesuita Pedro de León escribió sobre estos frailes que se valían del engaño para hacer maldades y estragos en las mujeres casadas y doncellas, infamando a esposas, hijas y casas: «En especial uno de ellos llamado Chamizo, que bien habría merecido ser quemado por sus culpas, pues pasaron de sesenta las doncellas que violó y fueron muchas las casadas honradas a las que dejó sin honra…». La Compañía de Jesús creció con fuerza y su éxito provocó la envidia de otras Órdenes religiosas más antiguas, como los dominicos, los franciscanos o los carmelitas, quienes veían a los jesuitas como unos advenedizos. Este antagonismo fue a más y el enfrentamiento llegó a la imprenta, al púlpito y a la cátedra, «… zahiriéndose e insultándose entre sí los rivales con el pesar de los fieles y el regocijo de los indiferentes».
Poco a poco, los jesuitas fueron venciendo la desconfianza de la sociedad de la época y sus colegios se convirtieron en el siglo XVII en los mejores de España. Además, la enseñanza era gratuita para los alumnos, pues sus colegios tenían rentas propias y ayudas económicas de los municipios donde se hallaban. A principios de dicha centuria, los jesuitas fundaron un colegio en Almagro, la localidad más rica por entonces de La Mancha, donde ya existía una universidad renacentista que había sido creada por el clavero de la Orden de Calatrava y presidente del Consejo de Órdenes Militares, frey Fernando Fernández de Córdoba y Mendoza. En 1574, veinticuatro años después del fallecimiento del citado clavero y con la autorización del Papa Julio III, dieron comienzo en dicha universidad las clases de Teología, Arte y Filosofía, implantándose posteriormente los estudios de Lengua Latina, Sagradas Escrituras y Cánones. Así pues, con el establecimiento del colegio de los jesuitas quedaban completados los ciclos de enseñanzas media y superior en Almagro, si bien dicha universidad era un colegio universitario o una universidad menor.
Antes del predominio de los jesuitas, eran los dominicos, la Orden de Predicadores, los frailes que gozaban del mayor prestigio intelectual en España, pero a lo largo del XVII la Compañía de Jesús fue la que consiguió la confianza de reyes e inquisidores generales. Los dominicos, que venían siendo los confesores de los reyes, fueron sustituidos por los jesuitas y la reina Mariana de Austria, segunda esposa de Felipe IV y regente de Carlos II, tomó por confesor al jesuita austriaco Juan Everardo Nithard. En otros lugares de Europa sucedió algo parecido y los emperadores austriacos, los duques de Baviera y el rey de Polonia tuvieron confesores jesuitas.
En Francia, los jesuitas tuvieron un grave problema en 1594, cuando el joven Jean Châtel, antiguo alumno del colegio de jesuitas de Clermont, intentó asesinar al rey Enrique IV. El joven de 19 años fue condenado a sufrir una muerte terrible, «… sus piernas y sus brazos serán desgarrados con unas tenazas. Su mano derecha sostendrá el cuchillo con el que deseaba cometer el asesinato y será cortada. Después será desmembrado por cuatro caballos y sus extremidades y su tronco serán arrojados al fuego y sus cenizas lanzadas al viento». Aunque no se probó ninguna participación de los jesuitas en el atentado, fueron expulsados del reino de Francia, acusados de ser corruptores de la juventud, destructores de la paz y enemigos del rey y del Estado: «… tendrán que abandonar la ciudad de París y todas las demás ciudades y lugares donde se asienten sus colegios en el plazo de tres días… y en el plazo de catorce días deberán abandonar el reino».
La Casa Borbón y los jesuitas
La llegada de la monarquía borbónica a los reinos de España a principios del XVIII no hizo sino aumentar el poder de los jesuitas, quienes continuaron desplazando a los dominicos del confesionario de los reyes y del poder político. Sin embargo, comenzaron a surgir poco a poco quejas de varios estamentos, como el clero popular, que veía que los jesuitas iban acumulando muchas fincas rústicas, de las que no pagaban el diezmo correspondiente a la Iglesia. La influencia de los jesuitas decayó a mediados de la centuria dieciochesca con el cese del padre Rávago como confesor de Fernando VI y con la destitución del secretario de Estado, Ensenada. Cada vez se veía más claro que el ideario político y religioso de los jesuitas encajaba peor en una monarquía absolutista y laica, que empezaba a considerarles rivales en lugar de aliados.
Durante los siglos XVI y XVII se habían fundado muchos conventos de frailes y monjas, así que el Consejo del Reino no otorgaba más licencias para su fundación, aunque fuesen bajo las adscripciones de hospedería, misiones, residencias u otras: «Recuérdese la prohibición general, bastantes veces inobservada, de hacer nuevos conventos y templos sin la licencia del Rey». No obstante, esta orden no se cumplía, así que Fernando VI expidió otra orden, el 24 de noviembre de 1750, para que al menos el nuncio de Su Santidad retirase las licencias que tenían algunos monjes de sus superiores para vivir fuera de la clausura y administrar mejor sus haciendas.
Pese a ello, los abusos no acabaron, de modo que Carlos III mandó emitir un Real Decreto el 31 de mayo de 1762 para que cuatro monjes que vivían en Peñaranda (Burgos) para administrar mejor sus bienes, se fuesen de la villa y se restituyesen a sus conventos respectivos. En Arganda, una villa cercana a Madrid, había un crecido número de religiosos, «… todos sin otro objeto que el de cuidar del cultivo de sus viñas y sacar el vino que cogían de ellas para venderlo en sus tabernas». El historiador Antonio Domínguez Ortiz describió al respecto que «… los jesuitas del Colegio Imperial tenían en Arganda doce pares de mulas, una finca con casa y cerca, 334 olivos, 170.000 cepas y 186 fanegas de tierra de labor (de las que 30 eran de regadío), molino de aceite, huerta, bodega y dos palomares». Además, ninguno de ellos pagaba impuestos, pues como religiosos estaban exentos.
Detractores y defensores de los jesuitas
Con tantas ventajas no es de extrañar que el número de frailes creciera de forma desmesurada en la Edad Moderna, pasando de ser 25.445 a finales del siglo XVI a 66.196 a mediados del XVIII. Los reformistas ilustrados decían de ellos que «… constituyen un verdadero cáncer del género humano». Para evitar los abusos comentados con anterioridad, muchas órdenes religiosas fueron reformadas en la segunda mitad del XVIII, pero en el caso de la Compañía de Jesús se decidió su expulsión de todos los reinos de España y su posterior extinción. Desde 1760 se escuchaban voces para suprimir a los jesuitas, ya que para los ilustrados representaban el espíritu más conservador de la Iglesia católica y «… nunca han estado tan desacreditados como ahora, pues la mayor parte del género humano se halla persuadido de su impostura, avaricia, ambición, crueldad y soberbia». De nuestro vecino Portugal ya habían sido expulsados en 1759 bajo las acusaciones, nunca probadas, de instigar a los guaraníes a rebelarse contra el Tratado de los Límites, en la lejana América, y de conspirar en la organización del atentado frustrado contra la vida del rey José I.
En 1763, el marqués de Grimaldi, otro italiano traído por Carlos III desde Nápoles, al igual que el marqués de Esquilache, sustituyó a Ricardo Wall en la Secretaría de Estado, y aunque al principio conservó una aparente calma sobre la cuestión de los jesuitas, pronto se transformó en un azote para ellos y las restantes órdenes religiosas: «Los frailes no tienen patria. Desde el momento en que profesan se deben mirar como extranjeros, si no como enemigos del lugar donde nacieron. Es una milicia en la que los Papas han hallado el secreto de mantener a costa de los mismos pueblos a quienes les hacen la guerra». Los frailes se convirtieron así en el objeto de todas las críticas y en el mayor enemigo del Estado, de manera que los ministros de Carlos III les instaban repetidamente a que se recluyeran en los conventos y se dedicaran a la vida contemplativa, en lugar de andar por las calles de pueblos y ciudades, «… donde ocasionan ofensas a Dios y turbaciones a las familias». Los jesuitas eran considerados los peores frailes de todos y la aversión hacia ellos continuó creciendo. Bernardo Tanucci, a quien Carlos III había dejado en Nápoles como su hombre de confianza, también era muy crítico con los jesuitas, a quienes definía como «… esbirros del Papa y emisarios de Roma, incendiarios del Estado, los que sublevan a los pueblos, los artífices de traiciones, latrocinios y contrabandos, los maestros perpetuos de la sedición».
No obstante, la Compañía de Jesús también tuvo sus defensores y el mayor de ellos fue el Papa Clemente XIII. En un manuscrito sin fecha de la Biblioteca Nacional de España, titulado Mercurio Jesuítico o Colección de varias Piezas conducentes al claro discernimiento y Juicio Recto de la Crítica imparcial sobre los acaecimientos jesuíticos, Clemente XIII elogiaba a los jesuitas, cuyo Instituto venía siendo amparado por reyes y príncipes, y de cuyo seno habían salido nueve santos o beatos, de los cuales tres habían sufrido martirio en lejanas tierras. Sin embargo, «… recientemente algunos con malignas interpretaciones esparcidas, ya en conversaciones privadas, ya en impresos dados al público, han tenido la osadía de llamarlo impío y contrario a la Religión, de despedazarlo a afrentas, infamarlo y tratarlo ignominiosamente; y ha llegado a tanto su exceso, que no contentos con su particular modo de pensar, han intentado, sin omitir medio alguno artificioso para ello, comunicar de Reino en Reino su veneno y difundirlo por todas partes; ni cesan aun de infundirlo cautelosamente en los Fieles, que hallen incautos, para arrastrarlos a que juzguen como ellos».
Esta enérgica defensa de la Compañía de Jesús, a la que Clemente XIII declaraba como modelo de piedad y santidad, y cuyo fin era la defensa de la religión católica, no consiguió neutralizar los ataques de los reformistas ilustrados, quienes los veían como una especie de quinta columna que había perdido el amor a la patria, al rey y a la religión, y a quienes llegaron a considerar un cáncer para la nación española. Clemente XIII excomulgó a Fernando I de Parma y a sus ministros, pero no se atrevió a hacer lo mismo con Carlos III ni con el virrey de Nápoles.
La expulsión de España y de sus reinos
Ante la situación aludida, Carlos III decidió expulsar a los jesuitas no solo de la España metropolitana sino también de sus reinos en América y Filipinas. No obstante, la expulsión no debía parecer un capricho regio, así que encargó al conde de Aranda, presidente del Consejo de Castilla, una investigación reservada para que desenmascarara a los instigadores y autores de los pasquines y manifiestos que continuaban circulando por Madrid incluso después del motín de Esquilache, ocurrido del 23 al 26 de marzo de 1766. El rey y sus ministros pensaban que detrás de este motín y de otros sucedidos en diversas provincias estaban los jesuitas, pero nunca se pudo demostrar su participación en los desórdenes. En abril de dicho año, Ensenada, el ministro de casi todo con Fernando VI, fue obligado a abandonar Madrid y desterrado a Medina del Campo, con lo que los jesuitas perdieron a su único defensor en la Corte.
La estampa satírica que acompaña a este texto le fue dirigida al Papa Clemente XIV a finales de 1773, el año en que fue suprimida la Orden. Fue enviada posiblemente desde Alemania, y es un ejemplo de los panfletos que aparecieron por entonces en diversas ciudades europeas. En la imagen se ve caído a San Ignacio de Loyola, quien le pide a Dios: «No dejes que mi enemigo se ponga sobre mí porque he caído. Me levantaré cuando esté sentado en la oscuridad, la luz del Señor es mía (Miqueas 7:8)», mientras que el Señor responde a su súplica y le promete: «Te construiré de nuevo (Jeremías, 31:4)». En el plano terrenal, la monarquía advierte: «Es contrario a nuestras obras» y San Ignacio le contesta: «Tú quién eres para juzgar al siervo ajeno (Romanos 14:4)».
En Madrid, en la mañana del 23 de marzo de 1766, hubo multitud de rumores y manifiestos, «… en que se vio difundida en las plazas y plazuelas la falsa voz de que el Gobierno prohibía a las mujeres el uso de moños o rodetes y agujas en el pelo, gravándolas con la penalidad de traerlo tendido y estrechándolas a que no usasen de hebillas de plata, a que precedieron y subsiguieron otros falsos rumores y excesos, dirigidos sin duda por gentes malignas y sediciosas a conmover al Pueblo y separarle del amor y respeto que debe tener al Gobierno…». Otras ciudades se unieron a Madrid en los disturbios. En Zaragoza ocurrió un violento motín y la Audiencia de Aragón condenó a muerte a once de sus cabecillas «… por incendiarios de las casas, saqueadores y ladrones de ellas, tumultuadores del Pueblo y con todas cuantas malas propiedades se puedan discurrir de un hombre…». Otros muchos encarcelados fueron sentenciados a azotes y enviados a los presidios africanos o al destierro.
El fiscal Campomanes fue el encargado de llevar a cabo en secreto las pesquisas y buscó con ahínco pruebas que implicaran a los jesuitas en los motines. Pese a encontrar solo algunos indicios de críticas y opiniones adversas, Campomanes redactó un largo informe en el que se les acusaba de ser los instigadores del motín y los autores de los papeles sediciosos «… con los que habían conmovido el ánimo de las gentes y abusado de la piedad de la nación». A la pesquisa secreta siguió el dictamen fiscal y ambos documentos fueron presentados al Consejo de Castilla. En el grueso expediente se recogían todas las acusaciones contra los jesuitas: instigadores de motines, expresiones denigratorias contra el rey y sus ministros, afán de riqueza y poder, moral relajada, y otras, sin presentar ningún atenuante favorable. En consecuencia, el Consejo dio por probados los hechos y elevó al rey la propuesta de su expulsión de los reinos de España.
Antes de tomar la decisión final y para tranquilizar su conciencia, Carlos III consultó a otra Junta presidida por el duque de Alba y formada por cuatro de sus ministros, la cual insistió en la necesidad de proceder a su deportación. Finalmente, el rey decretó su expulsión el 21 de febrero de 1767, la cual se llevó a efecto en Madrid el 1 de abril y en el resto de España, el día 2. En esos dos días, todos los conventos y colegios de jesuitas fueron rodeados por soldados y se les leyó la orden del rey para su expulsión, en la que se justificaba que se hacía «… para mantener en subordinación, tranquilidad y justicia mis pueblos, y otras urgentes, justas y necesarias que reservo en mi real ánimo». Trasladados a diferentes puertos, 2.642 jesuitas fueron obligados a abandonar la península y otros 2.630 fueron expulsados de los virreinatos americanos.
A finales de abril de 1767 se hallaban reunidos 480 jesuitas en Jerez y El Puerto de Santa María a la espera de su expulsión. Para llevarla a cabo se había fletado tres buques suecos, en los que viajarían 180 en cada uno de ellos con las debidas condiciones de «… comodidad y ensanche». El conde de Aranda eligió también El Puerto de Santa María como lugar de concentración de los más de 2.000 jesuitas procedentes de ultramar, quienes tras una espera más o menos larga, partieron en barco con destino a Italia.
La orden de expulsión de los jesuitas del virreinato de Nueva España dio lugar a agitación popular, sobre todo de indios y mulatos en las regiones mineras de Guanajuato y San Luis Potosí. Al oponerse al cumplimiento de una orden soberana, los implicados fueron considerados reos de lesa majestad y el visitador Gálvez dictó, tras juicio sumario, varias sentencias de muerte, además de otras penas de presidio, azotes, levas y trabajos forzados, y destierro. En el virreinato del Perú también hubo disturbios y tumultos en las ciudades de San Luis de la Paz y Potosí, «… sobre haber impedido los naturales a viva fuerza la expulsión y salida de los jesuitas del Colegio, que con nombre de Misión tenían aquí como Parroquia única…». Una india, viuda, y tres indios fueron condenados a muerte, sus casas derribadas y sembradas de sal, y sus familias desterradas. Además, otras tres indias y cuatro indios fueron sentenciados a diez años de destierro.
El Gobierno subastó las fincas rústicas propiedad de la compañía de Jesús, sus iglesias fueron entregadas a los obispos, y sus colegios y residencias se dedicaron a la enseñanza o a seminarios. Antes de su expulsión, los jesuitas tenían seis colegios en Madrid, cinco en Sevilla, tres en Valencia y otros tres en Valladolid, dos en Barcelona y otros dos en Zaragoza, y otros muchos en diversos lugares de España. El colegio de Almagro pasó a pertenecer al Ayuntamiento y se iba a convertir en un hospicio, pero al final pasó a manos de la Mesa Maestral de la Orden de Calatrava.
Los fiscales vigilan para que no vuelvan
Como existía el antecedente de los moriscos, algunos de los cuales habían vuelto secretamente a España después de su expulsión en 1609, Carlos III ordenó a sus fiscales Campomanes y Moñino, en octubre de 1767, que estuvieran vigilantes para evitar la vuelta de los jesuitas, ya que «… está prohibido el regreso de individuo alguno de la Compañía a estos Dominios y encargado a las Justicias tomasen contra los infractores las más severas providencias, como así mismo contra los auxiliadores y cooperantes, castigándose a estos últimos como perturbadores del sosiego público». Al parecer, en 1769 habían vuelto ya a España un número considerable de jesuitas a través de Gerona, unos como sacerdotes y otros como legos, con el pretexto de haber obtenido estos nuevos estados eclesiásticos con permiso de la Curia romana y del padre general de la Compañía de Jesús. El rey amenazó a los nuevos sacerdotes con la reclusión perpetua y a los legos con la pena de muerte, además de castigar con dureza a quienes los auxiliaran y cooperaran con ellos.
La aparición de estampas satíricas fue otra preocupación para la Corona y por ello se publicó otra Real cédula en 1769 «… con motivo de haberse esparcido en la ciudad de Barcelona crecido número de ejemplares de una estampa satírica, bajo el título de San Ignacio de Loyola, con varias inscripciones acerca de la expulsión de los Regulares, que se llamaron de la Compañía, dirigidas todas a aumentar el fanatismo y a fastidiar a los Pueblos, abusando de los textos de la Escritura Santa, ofendiendo las justas resoluciones de los Soberanos, titulando odio y persecución a lo que ha sido justa y necesaria providencia…». El castigo para los impresores, libreros y tenderos que imprimieran, vendieran o tuvieran en su poder alguna estampa alusiva a la expulsión o regreso de los Regulares de la Compañía sería la pena de muerte y la confiscación de sus bienes.
Por otro lado, una Real cédula de 1771 insistía en que no se usasen las enseñanzas de autores jesuitas en las universidades. Se convocó un Consejo Extraordinario y los cinco prelados que tuvieron asiento en él se mostraron de acuerdo y solicitaron al rey que tomara las medidas necesarias para ello. Lo cierto es que desde tres años antes ya no se usaban las enseñanzas jesuíticas en las universidades y se obligaba a juramento a cumplirlo a todos los catedráticos, profesores, maestros y lectores.
Extinción y restauración de la Compañía de Jesús
La inquina de Carlos III contra los jesuitas llegó tan lejos que solicitó a Roma la extinción de la Compañía. Su petición no era la única, pues también José I, rey de Portugal, hizo lo mismo. Hasta la muerte de Clemente XIII en 1769 no lo consiguieron, pero el nuevo Papa, Clemente XIV, accedió a la solicitud y la Orden fue suprimida en 1773, de modo que los jesuitas quedaron reducidos a sacerdotes seculares. No es que Clemente XIV tuviera aversión hacia ellos, sino que deseaba recuperar el ambiente de cordialidad entre la Santa Sede y los monarcas católicos contrarios a la Compañía. Del 30 de diciembre de 1773 es precisamente una carta enviada desde Roma por José Moñino, conde de Floridablanca, por entonces embajador de España ante la Santa Sede, al marqués de Grimaldi. En ella hac referencia a una de esas estampas satíricas enviada a Clemente XIV, de la que pudo hacer un rápido bosquejo que se adjunta a este artículo. El citado conde le aclaraba al marqués de Grimaldi en dicha misiva que «… Su Santidad no ha dicho de donde se la han dirigido, mas yo presumo que de Alemania», y es que a finales del siglo XVIII, el emperador José II promovió la disolución de la orden jesuita y secularizó centenares de monasterios austríacos.
En 1814, cuarenta y un años después de su extinción, el Papa Pío VI restauró la Compañía de Jesús. En España, un Real decreto de Fernando VI, de 29 de mayo de 1815, restablecía en todos sus dominios la Compañía de Jesús, «… representándome las ventajas que resultarán de ello a todos mis vasallos y excitándome a seguir el ejemplo de otros soberanos de Europa que lo han hecho en sus Estados…». Por ello, el padre general de la Compañía de Jesús entre 1814 y 1820, el ruso Tadeus Brozowsky, consideró a Fernando VII «… el segundo padre de la Compañía en España, después de San Ignacio de Loyola, su fundador».
La Orden jesuítica mantuvo una difícil singladura en España durante el siglo XIX y el primer tercio del XX, pues fue suprimida en otras cuatro ocasiones: en 1820, durante el trienio constitucional; en 1836, con la exclaustración general de las Órdenes Regulares; en 1868, con la Revolución conocida como La gloriosa; y en 1932, durante la Segunda República. En 1938, en plena guerra civil, la Compañía de Jesús fue restaurada por orden del general Franco y volvió a adquirir plena personalidad jurídica y autorización para realizar todas las labores propias de su institución.
Y para terminar el artículo, una curiosa anécdota. Cuando el cardenal jesuita Jorge Mario Bergoglio fue elegido Papa en 2013, uno de los cardenales electores le sugirió que tomara el nombre de Clemente XV en recuerdo del difícil periodo que atravesó la Compañía en la segunda mitad del siglo XVIII, pero él prefirió llamarse Francisco.
