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Dación en pago, vivienda digna

DACIONENPAGOVIVIENDA 25966 8616
Desahucios de viviendas
Diego Peris
30 Oct 2012 Pisos. Hipotecas y desahucios necesitan un control legal urgente.

En nuestro país hemos construido durante años una cantidad de viviendas que multiplicaba por 2,5 las que realmente necesitábamos. Y esa circunstancia ha generado lo que llamamos burbuja inmobiliaria. Los promotores y constructores obtuvieron beneficios millonarios vendiendo un producto a precios muy elevados, negocio al que se apuntaron fabricantes de productos de construcción, trabajadores en algunos casos, vendedores del suelo y todo tipo de personajes que vieron en ese sector una posibilidad de obtener beneficios grandes y rápidos. También muchos ciudadanos de a pie invirtieron su dinero pensando que no había quien diera mejores beneficios que ese sector en esos años. Muchos bancos españoles vieron en el sector una oportunidad de inversión y recuperación con grandes beneficios del dinero que prestaban. Y para ello muchos bancos extranjeros, especialmente alemanes, prestaron dinero a los bancos españoles. Mientras que el pastel iba creciendo todos contentos recuperando nuevos beneficios que no se sabía de donde procedían ni cómo se generaban.

Y en medio de ese gran proceso especulativo, familias que realmente necesitaban una vivienda adquirían un inmueble a precios desorbitados con la tasación técnica de bancos e inmobiliarias que valoraban los mismos, conocían las situaciones de los que pedían el crédito y decidían conceder el préstamo a los compradores. Excesos por parte de las instituciones bancarias que deberían conocer las reglas del mercado, que disponen, en teoría, de expertos tasadores, de economistas sabios que les asesoran en sus inversiones y actividades económicas. Y excesos en muchos casos también de ciudadanos que adquirieron viviendas muy por encima de sus posibilidades reales. Pero la realidad es que ese proceso nos ha llevado a una situación realmente dura y compleja para muchas familias.

 

Dación en pago.

La compra de un inmueble supone la aceptación de unas condiciones de mercado por parte del que lo adquiere, pero también por parte de la entidad financiera que concede el préstamo hipotecario. De hecho, la garantía del préstamo para la entidad que concede el crédito es la propia vivienda. Compramos un objeto que, como tal, se va deteriorando y perdiendo valor. Pero en un préstamo de plazo medio (20 ó 25 años) la pérdida de valor que experimenta en los diez primeros años, por ejemplo, es claramente inferior al pago de la hipoteca que se ha realizado en ese plazo de tiempo.

Por ello cuando el comprador del piso, sin posibilidades de pago, ve que el banco se queda con su casa debería entenderse, sin ninguna duda, que la entrega del inmueble cubre el pago de la deuda que se tiene contraída. El mercado ha cambiado y los precios, en este tiempo de crisis han bajado hacia valores más razonables. Pero esa fluctuación del mercado debería ser asumida por el comprador y por el que concede la hipoteca que conoce, o debería conocer, mejor que nadie esa realidad de evolución de los precios y asumirla también en la concesión del préstamo. Si dentro de unos años, el mercado inmobiliario vuelve a recuperar sus valores ascendentes devolverán el valor incrementado a aquellos a los que han tenido que entregar su vivienda para pagar su hipoteca?

 

Problema social

Pero el problema esencial no es ese sino el de muchas familias que se quedan sin lugar donde vivir cada día. Y ello, aunque el problema es claramente diferente, devolviendo la propiedad a unas entidades que ni saben ni quieren ese patrimonio porque no son sociedades inmobiliarias sino entidades financieras. Entidades que malvenden los inmuebles si pueden, que no cuidan ese patrimonio que se deteriora y pierde valor de forma acelerada y que, en definitiva, tienen entre manos un problema que ni conocen ni saben cómo resolver.

El problema a plantear debe centrarse como prioridad en aquellas familias para las que la vivienda es su espacio vital, su lugar de residencia familiar y el espacio necesario para poder subsistir en las actuales condiciones. Y a esa situación debe poner remedio el gobierno. No solamente regulando legalmente el tema para impedir los abusos de las instituciones bancarias, sino estableciendo mecanismos de ayuda a esas familias. Y para ello tenemos los recursos suficientes.

Estamos entregando cantidades ingentes de dinero a los bancos, en la mayor parte de los casos para cubrir estas deudas, con el aval del estado de forma indiscriminada. Porqué no regular su destino, controlando de forma prioritaria los fondos para permitir que las familias puedan seguir en sus viviendas pagando sus deudas en plazos más amplios, cuando sus situaciones económicas y sus recursos lo vayan permitiendo. Estaríamos resolviendo un problema social muy grave y no trasladando a las entidades financieras un problema que son incapaces de resolver. El banco malo no puede tratar por igual al especulador que invirtió en la construcción, al ciudadano que invirtió en vivienda para obtener beneficios, que al que ha adquirido su vivienda para poder residir en ella. El gobierno tiene la posibilidad de distinguir entre estos casos y debería hacerlo. Las subvenciones a los bancos, la creación del Banco Malo debería ser una oportunidad para resolver estos problemas. El Gobierno tan acostumbrado a los Decretos Ley debería aprovechar esta ocasión para legislar a favor de los que lo necesitan.

Porque su objetivo no es garantizar que los bancos alemanes recuperan, con amplios intereses, el dinero que prestaron a los bancos españoles que obtienen a su vez espléndidos intereses de la especulación inmobiliaria. Su objetivo es garantizar que los ciudadanos tengan unas condiciones dignas de vida, especialmente en estos tiempos de crisis. Los Estados no están para garantizar el beneficio de los especuladores como se pretende con esa obsesión del déficit sino para garantizar el bienestar de sus ciudadanos. En tiempos de bonanza y en años de crecimiento salvaje no nos regalaron parte de sus beneficios.

El problema de la vivienda para aquellos que la tienen como residencia propia debe abordarse legalmente de forma urgente, pero sobre todo debe abordarse con políticas activas de la administración. Para ello queremos los gobiernos.

Publicado en:
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