Julia Yébenes
Se cumplen veinte años desde que la Asamblea General de Naciones Unidas estableciera este 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha que pocos celebramos, ¿hay algo que celebrar?, y que pasa prácticamente inadvertida, incluso para la profesión. Considero que nos estamos dejando morir, desubicados por las diversas dificultades para el ejercicio diario de nuestra actividad y por la debilidad que hemos alcanzado como colectivo.
Creo que tenemos que reivindicar nuestro espacio, dentro y fuera de nuestras empresas, porque somos tan necesarios para la democracia como los políticos y porque tenemos la responsabilidad de garantizar la diversidad de la sociedad.
Precisamente, este es uno de los argumentos de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), a través de una propuesta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), para pedir que el anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) aprobado recientemente por el Gobierno reconozcan de manera efectiva los derechos de autor del periodista.
Recuerdan que en el informe de las recomendaciones para un Mercado único europeo de la propiedad intelectual, la Comisión Europea subraya que los periodistas “son los autores” y su trabajo “es importante” no solo porque “difunden, comentan o interpretan el mundo en que vivimos”, sino también porque la libertad de prensa es un “testimonio vivo” de la sociedad pluralista y democrática europea.
Y precisamente la pluralidad se pone continuamente en riesgo, casi siempre por unas presiones políticas de las que nos deberíamos despojar, exigiendo a los representantes públicos el máximo respeto a la libertad de expresión.
De esta manera lo ha reivindicado la Federación de Asociaciones de Periodistas de Castilla-La Mancha. Recuerda que «Sin periodismo no hay democracia” y que hay que atajar los «claros ejemplos de ataques hacia la libertad de prensa» como son la celebración de ruedas de prensa sin derecho a preguntas, el silencio de los políticos y las mencionadas presiones.
Se hace eco de la declaración institucional de FAPE en la que pide que los periodistas resistan las presiones «procedan de donde procedan» y supriman la connivencia con los poderes, ya que esta circunstancia es «uno de los factores principales de la pérdida de credibilidad y prestigio» de la profesión.
A estos ataques al colectivo, en el ámbito internacional se suman otros más directos y más graves porque atentan contra el derecho a la vida.
Como cada semana, leo “Palabra de Antígona”, la columna de Sara Lovera, una veterana e incómoda (para el gobierno) periodista mexicana que habla de unas magnitudes fuera de nuestro imaginario. Indica que entre 1983 y 2013, en México fueron asesinados 112 periodistas, 13 mujeres y 99 hombres. Sólo en 2012 se registraron 7 desaparecidos y “la lista de agravios, despidos y hostigamiento a la libertad de expresión supera los mil casos”, informa.
Su relato es desolador cuando señala que la Casa de los Derechos de Periodistas (CDP) mexicana “ha tenido que sacar fuerzas para exiliar a más periodistas de los que la imaginación cubre” y está llamando la atención de las autoridades para garantizar las medidas de protección. “De nada sirven leyes y mecanismos de protección, si en la práctica las y los periodistas no la tienen y viven miedo y riesgo cotidianos”, sostiene.
Da unos datos apabullantes de profesionales muertos en los últimos años, además del feminicidio con 38 mil mujeres asesinadas.
Lovera recuerda los beneficios de la discusión sana y la confrontación de ideas como base de la libertad de expresión que consagra la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
Además aporta una visión humanista que matiza y enriquece esta libertad: es un instrumento para la libre difusión de las ideas como fue concebido en la Ilustración. “Para filósofos como Montesquieu, Voltaire y Rousseau la posibilidad del disenso fomenta el avance de las artes y las ciencias y la auténtica participación política: la democracia”, expone.
Se puede decir más alto, pero no más claro.
