Durante décadas se ha ido produciendo un cambio acelerado en muy diferentes aspectos en el mundo de la salud. Instalaciones que van siendo el resultado de los conocimientos en la medicina, de los requerimientos de atención a diferentes colectivos y de la voluntad de la administración de atender estas necesidades. Y en ese acercamiento tanto profesional como personal surgen, necesariamente, reflexiones sobre su actividad y funcionamiento. La Constitución española establece el derecho a los servicios sanitarios que se concretan en la Ley General de Sanidad de 1986 que establece la financiación pública y la universalidad y gratuidad de los servicios sanitarios.
Una nueva financiación
La atención sanitaria ha evolucionado en muy diferentes aspectos. La condición de servicio público que atiende a todos los ciudadanos ha sido un avance esencial. Y en ese camino, desde la ciudadanía, cada día hay una mayor exigencia y un mayor control de la propia salud que obliga a que los servicios públicos sean más necesarios y amplios.
Y, junto a ello, una actividad que requiere espacios y dotaciones de mayor calidad en la cercanía a la residencia de cada comunidad. Espacios que han crecido en superficie, en organización y en concepción tanto en los centros de salud como en las grandes instalaciones hospitalarias. La especialización en las diferentes áreas de la medicina requiere una mejor preparación de los profesionales, una mejor dotación y valoración social de su actividad.
La actividad sanitaria demanda medios técnicos en las instalaciones, en los medios farmacéuticos que suponen inversiones importantes de mayor calidad. Cada día los hospitales incorporan nuevas tecnologías, equipos que los investigadores de diferentes áreas van incorporando al diagnóstico y al tratamiento. Los hospitales públicos se han ido convirtiendo en centros con una alta dotación tecnológica en las diferentes especialidades con equipos de alto nivel y exigencias de formación y competencias para los profesionales que los utilizan.
Y, todo ello, ha hecho que, de manera acelerada, los presupuestos necesarios para el desarrollo de esta actividad se deban incrementar de forma significativa. Una financiación que, desde el gobierno central, se estableció como trasferencia a las comunidades autónomas y que se hace necesario revisar al alza. Junto con la educación, son los dos servicios públicos básicos, y por ello hay que replantear los porcentajes de nuestro PIB que dedicamos a estos servicios para que se realicen con la necesaria calidad. Son prioridades que la sociedad demanda cada día de forma más activa.
El que fuera consejero de economía en la Generalitat decía en un reciente reportaje: No hay que pensar en financiar las autonomías, sino la sanidad. Andreu Mas-Colell decía: El gasto público español ha de reequilibrarse basándose en esas competencias. No porque sean autonómicas sino porque son la sanidad, la salud y los servicios sociales. Y comparaba el gasto en salud de otros países con el español que en caso alemán por ejemplo multiplica por 2,5 al nuestro. Cuantificaba la necesidad de elevar la financiación de estas competencias aumentando un 1% del PIB.
Sanidad pública
Hablar de la sanidad como derecho universal es hablar de la sanidad pública esencialmente. Un sistema establecido en fechas recientes para atender a toda la comunidad y que debe mantenerse como servicio común. Y para ello son necesarios los recursos comunes que vienen de los impuestos que todos pagamos.
La propuesta de bajar impuestos, acompañada de la subida de subvenciones es evidentemente una falacia que conduce a una devaluación de los servicios comunes. La sanidad privada, es una actividad perfectamente lícita y buena en el contexto de nuestras sociedad. Pero no puede ser una actividad que desarrolle su viabilidad económica a costa de asumir servicios y financiación que corresponden a la pública. Hay demasiados trasvases de actividad y de capital desde los servicios que deberían ser públicos a la actividad privada. Un proceso que conduce de forma subrepticia a la devaluación de la sanidad pública. Los caminos de privatización, abiertas o encubiertas, emprendidos por algunas comunidades autónomas son un mal camino para conseguir una calidad de un servicio público.
La defensa del ejercicio público de la sanidad, de la mejora de sus instalaciones, de la actividad investigadora en los mismos y en sus centros de formación debe primar la actividad común. Un reciente informe avanza cómo las universidades privadas están ocupando un puesto esencial en la formación de los futuros médicos con costes solamente asumibles por familias con alto poder adquisitivo. Pero los servicios comunes de hospitales, de centros de salud o de centros de investigación acaban siendo los públicos.
Cuando Peces Barba era rector de la Universidad Carlos III y celebraba en 1999 los diez años de existencia de la universidad presentaba su lema “La pública diferencia”. Es una buena definición para la sanidad pública que debe optar a la mejor calidad del servicio, a ser puntera en tecnología, en formación de su personal dedicando todos sus esfuerzos personales y económicos al sector común. Las derivaciones de todo tipo, se llamen gestión, externalización o cómo se las quiera denominar debilitan el sector común que debe fortalecerse en todos sus aspectos.
Enfermos singulares
El servicio sanitario debe llegar por igual a todos los ciudadanos españoles residan en el lugar en que residan. Y para ello hay que dotar a cada comunidad autónoma de los recursos necesarios de acuerdo con sus características poblacionales y de territorio. Las diferencias no pueden venir en ningún caso por pertenecer a tal o cual lugar, sino por las necesidades peculiares del reparto de población y de la organización territorial. Un servicio entendido como universal debe adecuarse a las condiciones geográficas y poblacionales de cada territorio de nuestro país para lograr la máxima eficacia de este.
Ello exige de cada comunidad autónoma el esfuerzo de ordenar de la forma más eficaz la gestión de los servicios sanitarios asumiendo que la especialización actual, los diferentes niveles de servicios exigen instalaciones espacialmente cualificadas que estarán exclusivamente en espacios singulares del conjunto. Un sistema conocido y desarrollado durante años en todas las comunidades autónomas. Pero una actividad necesaria y cada día más especializada como es la gestión sanitaria para obtener el mejor rendimiento de los recursos de que disponemos.
Esa concepción de especialización de personas y equipos puede demandar una localización determinadas en localidades o comunidades singulares, pero el conjunto de los servicios sanitarios debe plantearse con igual calidad y cercanía a todos los habitantes de las diecisiete comunidades autónomas de nuestro país. Me gustaría seguir siendo un enfermo singular al que el servicio público de salud atiende con la máxima eficacia y calidad.
