De las cualidades de referirse a tiempos concretos, de ser referencias de la memoria colectiva, de impulsar nuestra voluntad de imaginar y crear surge el aprecio por determinadas realidades que consideramos herencia de nuestro pasado, nace el patrimonio histórico. Valoraciones de una memoria colectiva que quieren establecer protecciones y conservaciones de esos referentes del tiempo y de nuestra memoria.
Pero no hay que olvidar que existe en nuestra sociedad un proceso de patrimonialización que selecciona elementos culturales para nuevos usos sociales, con una negociación de la memoria, la identidad y el sentido del lugar con procesos de selección, recuerdo, olvido, rememoración y celebración. La Asociación de Estudios Críticos del Patrimonio decía en 2012 en la conferencia de Gotemburgo: “El patrimonio es más que nada, un acto político y necesitamos preguntarnos seriamente sobre el poder de las relaciones que el patrimonio ha sido invocado para sostener. Triunfalismo, exclusión social basada en clase y etnia, fetichismo de los expertos han tenido fuertes influencias en como el patrimonio ha sido usado, definido y gestionado”. Los estudios críticos sobre el patrimonio deben preguntar muchas cuestiones incómodas sobre los caminos tradicionales de pensamiento y acción sobre el mismo.
La mundialización de la salvaguarda del patrimonio histórico presenta en la actualidad un valor sintomático. Designa una competencia genérica, la competencia de edificar y habitar, en lugar de perderse. Pero esta función antropológica no puede ser reconocida por la simple acumulación conservadora. No se salvará más que si el patrimonio histórico está investido por la memoria viva de nuestras sociedades tecnológicas, decía Choay.
Los cambios de la legislación española
Frente a la tradición de la monarquía de conceder privilegios a la aristocracia, la burguesía y la iglesia, la República comienza a reivindicar el derecho de la comunidad a la conservación y disfrute del patrimonio. Parece superado el debate entre restauradores y conservadores. Y así hablaba Elías Tormo en su discurso ante la Academia de la Historia en contestación al de López Otero: “No, no es la ya caduca discusión entre restauradores y conservadores, no es ya el pleito entre los que (principalmente el gremio de los edificadores) pregonaron las restauraciones de los monumentos, restaurando o bien completando su primitiva construcción y la pureza del arte del primitivo proyecto, tantas veces solo adivinado, y (frente por frente con ellos), aquellos (principalmente del gremio de los arqueólogos e historiadores), los que porfían por el máximo respeto a lo que quedó de otras edades, manteniéndolo puro de toda profanación restauradora, por lo general mentirosa y para el gusto de los amadores del Arte por lo general también profanadora cual parcial falsificación. No, no es aquella vieja discusión”.
La valoración del patrimonio desde perspectivas más democráticas ha permitido ampliar los tiempos y los contenidos de aquello que consideramos patrimonio histórico. Elementos tradicionales, memorias de usos y costumbres, patrimonio industrial y arquitecturas y ciudades del siglo XX son ya considerados parte de nuestro patrimonio superando las imposiciones de un poder demasiado cercano a los ámbitos tradicionales de la burguesía, la aristocracia o los poderes religiosos.
El Estado democrático y su apropiación del patrimonio
El nuevo estado democrático y la Ley del Patrimonio Histórico de 1985 a la que seguirán desarrollos autonómicos de diferente importancia, introducen acentos particulares en cada comunidad autónoma. La conformación del estado de las autonomías supone, en materia de patrimonio, cambios importantes. La proximidad de los gobiernos al patrimonio incide en diferentes aspectos: una necesidad de valorar ese patrimonio como seña de identidad de la nueva estructura administrativa, la posibilidad de utilización de edificios históricos como sede de las nuevas instituciones y la consideración de aspectos afectivos como identificación de la nueva administración. El patrimonio histórico surgido en un territorio determinado se valora como seña de identidad del desarrollo histórico, económico y social de la comunidad.
Se reivindican aspectos particulares de la historia del territorio para los que la existencia de bienes patrimoniales de diferentes características se convierte en definición y conformación de su memoria histórica. Cada gobierno autonómico busca edificios históricos que, rehabilitados, serán sedes de sus gobiernos, parlamentos y consejerías recientemente creadas. El palacio de san Telmo es la sede de la presidencia de la Junta de Andalucía, el Palacio Regional es la sede de la Junta General del Principado de Asturias, el Palau de la Generalitat en la plaza de san Jaume es la sede del gobierno catalán, el palacio de Fuensalida en Toledo se rehabilita como sede de la presidencia de Castilla-La Mancha, el edificio de la Puerta del Sol como sede del gobierno de la comunidad de Madrid y el palacio de Navarra sede de la presidencia de esa comunidad. Rehabilitaciones que buscan los aspectos nobles de los edificios dado el carácter representativo institucional que van a tener, olvidando las peculiaridades de lo edificado e introduciendo referentes a la pretendida significación de la nueva función.
Las ciudades históricas y el turismo
Las propias ciudades históricas han sido elegidas capitales de las autonomías por los valores monumentales simbólicos. Sevilla, Zaragoza, Oviedo, Santander, Toledo, Mérida, Santiago de Compostela, ciudades con importantes valores patrimoniales se convierten en referentes de la comunidad autónoma como capitales de esta nueva organización territorial. Y junto a ello, grandes proyectos de rehabilitación configurados en torno especialmente a propuestas de equipamientos culturales: museos, centros educativos… La Universidad de Alcalá realiza una labor ejemplar en un campus universitario histórico considerado patrimonio de la Humanidad. La Universidad de Castilla La Mancha rehabilita edificios en la ciudad histórica de Toledo y en una ciudad industrial como la Fábrica de Armas para convertirla en campus tecnológico. Almadén antiguo complejo minero declarado patrimonio de la humanidad aborda un proyecto de rehabilitación como parque minero en busca de una actividad turística y cultural. Proyectos que introducen modificaciones y nuevas interpretaciones del patrimonio en una búsqueda, excesiva en ocasiones, de la singularidad o de la propuesta personal de los autores de la rehabilitación.
Los valores del patrimonio como atractivos del turismo han incidido de forma importante en la realidad histórica en la que las inversiones se justifican por su capacidad de atracción turística, se remodelan espacios públicos en torno de los edificios monumentales para ampliar su capacidad de atracción de visitantes olvidando la realidad de lo construido o de sus elementos urbanísticos.
Una memoria construida utilizada de forma interesada en la búsqueda de una determinada forma de recordar, de analizar nuestro pasado y de plantear también nuestro futuro. Un patrimonio usado por el poder político, económico y religioso que se convierte en emblema que quiere encontrar en esa realidad un aval de su actividad y una presentación de su actividad.