Fue el 21 de noviembre en una votación en las Cortes regionales, que tuvo el respaldo del PSOE y Ciudadanos, y la abstención del PP, y según el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, el texto “busca la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de la mujer en el mundo rural”.
También destacó el papel visibilizador de la ley y su contribución a “seguir eliminando las discriminaciones” en los núcleos más ruralizados, que cuentan con menos servicios y menos oportunidades profesionales.
Objetivos tan loables han sido valorados positivamente por las protagonistas, agricultoras y ganaderas de la provincia, que lo ven acertado. Sin embargo piden que no se quede en papel mojado y que realmente se convierta en una oportunidad profesional para las mujeres, y que puedan conformar un proyecto de vida y contribuir así a la lucha contra la despoblación.
La joven ganadera de Argamasilla de Alba Pilar Ramírez pone en valor uno de los principales frentes del Estatuto, como es la priorización de la titularidad (única o compartida) de las mujeres en las ayudas y subvenciones del ámbito agrario y de desarrollo rural.
“Es un gran paso y un referente para Castilla-La Mancha como primera comunidad que lo aprueba”, señala, a la vez que también reflexiona sobre la necesidad de “que se dote de presupuesto” y que “las acciones previstas de discriminación positiva se lleven a cabo y tengan incidencia en el territorio”. Como trabajadora en una explotación familiar de Tomelloso –con 900 ovejas y 80 cabras- insiste en que todas las líneas de promoción contempladas en la ley “harán atractivos a los pueblos” porque sin mujeres ni servicios “irán desapareciendo”.
Estos días, la joven ganadera está inmersa en una de las cinco parideras anuales, de las que se encarga en su integridad.
Ayuda a las ovejas con partos complicados y amamanta a los corderos que no practican el instinto tras el alumbramiento, así como marca a las corderas que dejan en reposición atendiendo a los criterios de “cantidad de leche y morfología específica de la ubre”.
“Somos capaces de hacer las cosas”
Por su parte, Verónica Martínez, de 32 años, originaria de Villarrobledo, y trabajadora autónoma del campo en Tomelloso, donde explota varias fincas arrendadas de viña, cereales y hortícolas, también pide dotación económica para la ley y que “realmente las mujeres tengamos oportunidades”.
Hasta hace un año, esta joven agricultora era ajena a las tareas agrícolas, pero desde decidió apostar por el campo “estoy en continuo aprendizaje”, porque hay cosas que “todavía me cojean”.
Ya es beneficiaria de ayudas por ser joven y dedicarse a la agricultura, y espera que el Estatuto visibilice en toda su dimensión “nuestra aportación y que somos capaces de hacer todas las labores”, aunque muchas mujeres “estén a la sombra de sus maridos y hagan doble tarea”.
Martínez realiza todo tipo de actividades, desde el manejo del tractor para arar y cultivar, a la planificación para plantar una viña o la organización de la corta y la carga de melones y sandías. En este último caso, como mujer y joven “me tuve que poner seria” porque “no todos los hombres de la cuadrilla de cargadores llevaban bien que les dijera cómo tenían que hacer las cosas”, aunque en la mayoría “fue más fácil”.
La joven agricultora insiste en la necesidad de que desde normas como el Estatuto “se culturice a la sociedad” sobre la solvencia de la incorporación real de la mujer en el campo porque “lo hacemos igual que los hombres”.
“Es un trabajo duro pero como otros, y yo estoy contenta” en un mundo “en el que somos varias las que nos vemos con los tractores”.
Fademur, impulsora
La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha (Fademur) ha sido una de las entidades que impulsó en la legislatura pasada el Estatuto de las Mujeres Rurales.
Su presidenta, Elisa Fernández, celebra la aprobación de la norma y recuerda la importancia de las medidas legales, empresariales, laborales, sociales, educativas y territoriales que contempla, con el fin reconocer el papel de la mujer en el entorno rural como elemento dinamizador y de cohesión económica y social.
“Serán miles las mujeres de núcleos de menos de 30.000 habitantes que se podrán beneficiar de las acciones recogidas, y que por tratarse de una ley tendrán que cumplir obligatoriamente las diferentes administraciones”.
Aunque ya existían medidas de discriminación positiva para la incorporación de jóvenes a la agricultura, en las líneas de sanidad vegetal o en las ayudas a la reestructuración de viñedos, “con más puntos a los expedientes con una mujer como titular o para su incorporación como cotitular”, gracias al Estatuto “se tendrán que aplicar obligatoriamente si hay un cambio de gobierno, de ahí la importancia como ley”.
En concreto, la priorización a mujeres en las ayudas del Programa de Desarrollo Rural alcanzan el 33%, frente al 16% de 2014.
El Estatuto también tendrá eco en las cooperativas y organizaciones agrarias de la industria agroalimentaria, que podrán recibir ayudas públicas si hay una representación equitativa de géneros en sus órganos de decisión, con una horquilla de entre el 40 y el 60%. Un “avance importante” para la máxima portavoz de Fademur, aunque “nosotras pedíamos una proporción igualitaria, al 50%”.
Fernández también destaca como novedad el fomento del empleo y las acciones de formación, especialmente para la capacitación de las mujeres en el medio rural, un pilar básico para la empleabilidad femenina. De esta manera “se combatirá la despoblación, y se terminará con la economía sumergida, en la que mayoritariamente trabajan las mujeres”.
Otro capítulo importante de la nueva ley para la activista rural es “la igualdad y la lucha contra la violencia de género, con una serie de acciones que obliga a implementar”, así como “se da un empujón a la normativa de la titularidad compartida”, un texto en vigor desde 2011 “que no acaba de arrancar”.
La misma portavoz aplaude la sensibilidad del Ejecutivo de García-Page para dar luz verde a la nueva norma, tras casi dos años de trabajo desde que en febrero de 2018 “Fademur planteó al consejero de Agricultura en Talavera la necesidad de crear el Estatuto”. Igualmente, agradece “especialmente” el trabajo desempeñado por José Manuel Martín Aparicio, director general de Desarrollo Rural en la anterior legislatura.
La segunda parte
Con todo, ahora “viene la segunda parte” de corte económico, para que las medidas recogidas en el Estatuto tengan dotación presupuestaria. “Es necesario que se contemplen partidas específicas para su aplicación”, concluye Fernández.
