Los abogados de los sindicatos CCOO-Industria y FICA-UGT de Ciudad Real, Juan José Muñoz y Eva María González, respectivamente, han defendido en el juicio celebrado este miércoles en el Juzgado de lo Social número 3 que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sea incorporado a las tablas salariales de todas las categorías del convenio del Campo de la provincia de Ciudad Real, fijado en 900 euros para 2019 y en 950 a partir de este 2020.
Por su parte, la patronal Asaja ha expuesto, a través de su abogado, Donaciano Muñoz, que todos los conceptos, incluidos complementos y horas extras, se sumen al salario base y en conjunto si no se alcanzan la cantidad estipulada por el gobierno en el SMI se habilite una compensación.
Los letrados de ambas partes han mantenido las posiciones que desde hace más de año y medio llevan confrontando, con varias mediaciones de por medio, para solventar uno de los convenios económicamente más bajos de los que se acuerdan en la negociación colectiva provincial, que afecta a unos 10.000 trabajadores.
En el juicio, presidido por la titular de dicho juzgado, Isabel Serrano, Donaciano Muñoz ha lamentado que los representantes de los sindicatos “pretendan hacer una equivalencia entre el SMI y el salario base que regula el convenio”, una corrección que “no se ajusta a lo que establecen los reales decretos del SMI”.
Al contrario, a su juicio, “no se han incumplido estas normativas” porque “no hay una disposición para elevar el salario base a través de la aplicación del SMI”. Es más, hay trabajadores eventuales, ha dicho, que cobran hasta 1.121 euros al mes, por encima del SMI.
A su juicio, la estructura salarial viene dada, según ha argumentado, por la suma del salario base y de todos los complementos que establezca cada acuerdo laboral (peligrosidad y horas extras), y si en conjunto no alcanza la cuantía mínima legal, “habría que subsanar esa diferencia con el establecimiento de algún complemento salarial”.
Reclamación por vía judicial
Este argumento es para Juan José Muñoz, abogado de CCOO, un “subterfugio” que obligaría a los trabajadores del campo sin complementos a reclamar los saldos pendientes por vía judicial.
“Es muy complicado para estos empleados porque se trata de cantidades muy pequeñas que no les compensaría, al tener que acudir a abogados e iniciar acciones judiciales”
“Le cuesta más el collar que el perro”, ha remachado el letrado, antes de insistir en la necesidad que marca su petición a la jueza, como es “subsanar esta deficiencia” con la inclusión del SMI en las tablas. Así, los temporeros “podrán al menos vobrar el salario mínimo” y no quedarse “al arbitrio de ningún empresario”. Establecer un complemento aparte, ha dicho, “no existe en ningún convenio ni puede existir”.
Previamente, en su alegato en la vista, Muñoz ha recordado el contexto en el que se firmó el último convenio del Campo de Ciudad Real a finales de 2018, un negociación marcada “por una crisis de precios”, apenas mes y medio antes de se publicara el Real Decreto que establecía un salario mínimo interprofesional “con carácter histórico, y un incremento de un 22,3%”. “Nadie lo imaginamos a finales de noviembre”, ha recordado.
Dicho acuerdo entre patronal y sindicatos fue “un error involuntario de ambas partes”, al haber suscrito subidas mínimas y sueldos por debajo de los 12.600 (2019) o los 13.300 (2020) euros anuales para algunas categorías. Ahora piden que se subsane judicialmente 2esta ilegalidad cometida por ambas partes”, ya que “desde el primer momento” y en cumplimiento de una cláusula para la adaptación salarial ante una normativa superior “hemos intentado que se adaptarán esas tablas salariales y no ha podido ser por la negativa de la patronal”.
Convenio sin actualizar
Por su parte, Eva María González se ha referido a los salarios mensuales que se han de pagar, tanto si son trabajadores fijos como temporeros o eventuales.
Ha señalado que la inmensa mayoría de los trabajadores agrícolas de la provincia y la región son temporeros, casi todos sin complementos ni pluses, a los que les correspondería 49,44 euros por jornada en semanas de seis días y de 59,31 euros para los cincos días.
“Tenemos un convenio de 2018 que en 2019 y 2020 no se ha actualizado”, se ha quejado.
Con la resolución judicial se culminará el conflicto colectivo iniciado por CCOO y UGT a principios de 2019 que posteriormente no se solventó en varios actos de mediación y conciliación ni en las posteriores negociaciones. Por ello, ambas centrales plantearon a finales de año una demanda conjunta ante el juzgado de lo Social, donde hoy han pedido a su titular que estime el requerimiento.
Por contra, el representante de la patronal ha solicitado su desestimación.
El juicio ha quedado visto para sentencia y ahora la jueza tendrá que dirimir qué conceptos han de incluirse en las categorías salariales de dicho convenio, y si el SMI ha de aplicarse al acuerdo colectivo como referencia y no como base salarial.
