Como en otros colectivos, la actividad de las mujeres en la agricultura ha estado invisibilizada y sin opción a ser reconocida jurídica y económicamente. Las agricultoras representan, según el Mapama, más de un tercio de los trabajadores de las explotaciones agrarias familiares, pero en la inmensa mayoría de los casos sólo los hombres figuran como titulares. Hace años, diferentes asociaciones de mujeres del medio rural empezaron a llamar la atención de los poderes públicos para acabar con las desigualdades tanto en el ámbito laboral como en su participación social e institucional, y tras años de normativas, en enero de 2012 entró en vigor la Ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, cuya aplicación sigue siendo mínima. A 31 de diciembre de 2017 sólo había 339 altas, 32 de ellas en la provincia de Ciudad Real.
Una de las necesidades prioritarias que hace décadas plantearon las organizaciones femeninas para romper la discriminación en el campo fue el reconocimiento legal de los derechos de las mujeres agricultoras.
El primer avance llegó en 2003, con una ley que eliminaba las restricciones de 1971 que impedían que marido y mujer pudieran cotizar el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social como trabajadores por cuenta propia en una misma explotación.
Posteriormente, tras años de revisión de normativas para fomentar y valorar la aportación femenina en los ámbitos no urbanos, en enero de 2012 entró en vigor la Ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, con los objetivos de profesionalizar la actividad agraria de las mujeres, visibilizar su trabajo, fomentar la igualdad, y mejorar la calidad de vida y el asentamiento de la población rural.
La ley no ha cumplido las expectativas previstas con su aplicación, y se ha quedado “muy insuficiente”, según las portavoces de distintas entidades agrarias consultadas por El Campo.
Los datos hablan por sí solos: de las cerca de 30.000 explotaciones que esperaban que se acogieran al régimen de cotitularidad en los primeros cinco años de vigencia, al cierre de 2017 sólo había inscritas en el Registro de Titularidad Compartida (RETICOM) 339, el 1%.
Del total, Castilla y León copa el 39,5% de las altas, con 134, mientras que Castilla-La Mancha suma 118 (34,8%) mujeres en régimen de cotitularidad agraria, 34 en la provincia de Toledo, 33 en la de Cuenca, 32 en Ciudad Real, 10 en Albacete y nueve en Guadalajara.
Entre los problemas a los que se enfrenta la norma figura el exceso de burocracia, la falta de asesoramiento, la reticencia de los propios agricultores a legalizar el trabajo ‘en negro’ de la mujer y la baja rentabilidad del sector.
Interés
Mariana Fuentes, responsable de la oficina abierta en Membrilla por la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (Amfar) para el asesoramiento sobre la ley a las agricultoras, lamenta los escuálidos resultados porque la norma “es muy generosa”.
Ella fue la primera mujer de Castilla-La Mancha en inscribirse como cotitular en su explotación familiar, y destaca el “interés” informativo de las solicitantes, pues en sólo cuatro meses han llamado a su puerta más de un centenar de mujeres, a las que asistido de manera gratuita y les ha explicado “que no hay un protocolo estándar para inscribirse, sino que depende de muchos factores”.
De las peticiones registradas desde el pasado octubre, una veintena ha iniciado las trámites para conseguir la titularidad, y de ellas más de un 10% son menores de 40 años.
La Oficina Nacional de Titularidad Compartida en la Explotación Agraria ( AGROTC) ha creado una red de contactos, vía correo electrónico o teléfono, con mujeres a las que Fuentes asesora para que se animen a legalizar su trabajo en las explotaciones agrarias.
Darse de alta en el Reticom como cotitulares por cuenta propia “es una decisión voluntaria de la mujer” que despierta dudas “antes y el después de iniciar las trámites”, señala esta agricultora, que señala que en la mayoría de los casos no cierran el proceso.
Fuentes insiste en que la falta de información por parte de las administraciones es uno de los principales obstáculos que frenan a las mujeres a la hora de tramitar su alta en la Seguridad Social, “para después “poder cotizar y cuando se jubilen, cobrar una pensión”.
Así, confía en que los trabajos del Ministerio de Agricultura para analizar la puesta en marcha de la ley, su evolución y desarrollo en el entorno rural “den sus frutos”.
En concreto, este departamento ha creado dos grupos de trabajo, uno con las comunidades autónomas y otro con las portavoces de las mujeres rurales, como la propia Fuentes, para conocer de primera mano las preocupaciones de las agricultoras.
Fuentes reivindica el papel de Amfar en su contribución hacia la visibilización de la mujer rural, pues “la mayoría de altas han pasado por nuestras manos”.
Revisión
Precisamente, la presidenta nacional y provincial de Amfar, Lola Merino, reflexiona sobre la “falta de herramientas” para que la cotitularidad sea una realidad.
Recuerda que la propia ley exigía una revisión a los 5 años “que nosotras hemos reclamado”, además de abrir la oficina “ante el vacío que había en el asesoramiento de los trámites”.
Prioridad en la PAC
Por su parte, la presidenta de Federación de Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha (Fademur), Elisa Fernández, resalta su compromiso con la titularidad compartida y recuerda que como organización han solicitado que se primen a las explotaciones de Titularidad Compartida en la próxima reforma de la PAC.
Asegura que quien respondió a la “primera reivindicación” de la cotitularidad” fue la exconsejera de Trabajo, María Luz Rodríguez, que “impulsó ayudas a las cotitulares de la explotaciones agrarias y consiguió que se complementara la ayuda estatal con el pago de la mitad del cupón a la Seguridad Social hasta los 45 años para cotitulares de explotaciones agrarias”.
“Fue cuando se empezó a hablar en profundidad del tema”, sostiene e incide en que desde que en 2016 se pusieron en marcha las ayudas a la incorporación a la agricultura, la consejería prima a las explotaciones con la figura de cotitularidad, que “ha permitido que se incremente el número de agricultoras en activo”.
Sobre la “lenta” aplicación de la norma, asegura que “faltan campañas de promoción de la ley”, por lo que la igualdad en el medio rural “es legal pero no real”.
Con todo, la portavoz de Fademur confía en que la ley “cale más” entre las agricultoras y que se puedan beneficiar de elementos añadidos como las mejoras en la cotización a la Seguridad Social, la formación y partidas presupuestarias adaptadas y comprometidas a las necesidades de los núcleos rurales.
Necesidades
La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), cuya sede nacional está en Ciudad Real, también seguirá trabajando para impulsar la cotitularidad, y por ello insta al Ministerio de Agricultura a que cree un reglamento de desarrollo de la Ley “para conocer las necesidades de las mujeres a la hora de iniciar los trámites para darse de alta”, comenta su presidenta nacional Carmen Quintanilla.
“Nuestra organización, explica esta portavoz ha estado presente en los avances legislativos para las mujeres rurales españolas como la modificación de la legislación en materia de becas en 1996; el acceso de las agricultoras a la cotización de la Seguridad Social en 2003; el Plan de Promoción de la Mujer Rural; los planes de Igualdad de Oportunidades, además de la Ley de Titularidad Compartida”, una norma “vital para crear un mundo rural en igualdad de oportunidades y potenciar el papel femenino”.
Recuerda que desde que esta ley se creó en el año 2011, se han inscrito menos de 350 mujeres en el Reticom, aunque destaca los datos para la esperanza pues “cada año ha ido aumentando el número de altas”.
Según Quintanilla, en 2017 hubo 17 registros más que en el año anterior, una evolución que “se debe en gran medida a las campañas de información y concienciación de organizaciones como Afammer en toda España”.
A su juicio, el papel activo de las agricultoras “es vital para el desarrollo de toda la sociedad”.
Los impactos positivos de la ley, según el Mapama:
Reconocimiento profesional. La titularidad compartida contribuye a aumentar la participación de las mujeres tanto en el empleo como en la toma de decisiones del sector agrario, y la legitimación de la actividad cualificada y profesional de las agricultoras supone la extinción de la figura de “ayuda familiar”. En muchos casos son las jefas de la explotación.
Apoyo a la agricultura familiar. El reconocimiento de situaciones simétricas por sexo, permite reducir la tendencia actual de “desfamiliarización de la actividad agraria”.
Control y acceso directo a la gestión. Las mujeres agricultoras cotitulares tienen el control y acceso a la gestión directa de la explotación, sin autorizaciones, y tienen los mismos derechos que sus parejas (en cuanto a subvenciones, beneficios, etc.), y también las mismas obligaciones.
Rejuvenecimiento de las activas agrarias femeninas. Un efecto inmediato de la titularidad compartida es la mayor participación femenina en las distintas organizaciones agrarias, cooperativas y asociaciones de productores agrarios, y la mejora de las cuotas femeninas en las organizaciones. La medida reduce el desequilibrio por sexo de estas organizaciones y la llegada de mujer y también hombres más jóvenes.
Reconocimiento material de derechos. En el ámbito personal, la titularidad compartida ofrece la oportunidad del reconocimiento de derechos como trabajador, autónomo o empresario a través de su inclusión en el régimen de la seguridad social, y por tanto ve protegida la propia salud o de las condiciones de vida.
Visibilización de las mujeres como sujeto y reconocimiento social. Las mujeres cotitulares de explotaciones agrarias alcanzan unos derechos sociales individuales hasta ahora negados, la visibilidad de su actividad y el reconocimiento como sujetos activos del desarrollo económico.
Independencia y autonomía como sujeto: La independencia económica y el reconocimiento social para la mujer es un elemento vital para evitar la tradicional dependencia de su pareja y para poder ser un sujeto activo en caso de ruptura de la convivencia (divorcio o separación). Además podrán beneficiarse de ayudas a la instalación y mejora de la explotación, ayudas directas y fiscalidad adecuada al igual que sus cónyuges titulares.
Empoderamiento. El reconocimiento y visibilización de las mujeres como sujetos produce efectos a su vez en lo que se denomina “empoderamiento”, es decir, su capacidad de acción como sujeto colectivo.
Fomento del igualitarismo. La titularidad compartida resulta importante como símbolo para modificar otras situaciones que, en base a la tradición, justifican actitudes de resistencia hacia la igualdad de género.
Efecto demostración sobre otras actividades familiares. La titularidad compartida puede incidir en otras actividades económicas en régimen familiar, como los negocios en hostelería, pequeño comercio, o artesanía.
Mejora de las condiciones de vida en áreas rurales. Permite que el medio rural sea más equilibrado por género y socialmente sostenible, mejorando sin duda las capacidades de arraigo de la población joven o la reducción de la masculinización.
