Partamos de un hecho y vayamos al grano desde el principio: la Ley de la cadena alimentaria, desde su entrada en vigor en 2014, no ha servido para que los agricultores y ganaderos mejoremos nuestra posición negociadora, ni para evitar que la brecha que separa los precios que percibimos y los que paga el consumidor sea cada vez más grande. Quien lo dude que se documente en Eurostat y si aún no se convence, que tire de hemeroteca y vea las fotos de los tractores en la calle en febrero y marzo.
El Ministerio pegó un aldabonazo hace medio año (sí, medio año ya) articulando la prohibición de destruir el valor en la cadena y el deber de que a los productores se nos pague (¡qué menos!) lo que nos cuesta producir las uvas, la leche, el cereal, la fruta, la aceituna o la carne. Cero dramas: en el negocio de la agroalimentación, que mueve 150.000 millones de euros anuales, debería haber margen para ello. Pero en eso se quedó la cosa: en ruido que retumbó mucho en el sector, pero que no ha causado el más mínimo cambio real en la situación en el campo. Luego llegó el coronavirus y distrajo la atención por completo.
En estos días, los diputados de la Comisión de Agricultura del Congreso se afanan en ver qué mejoras son capaces de pactar para regular la Cadena Alimentaria y remediar la tremenda frustración que vive el campo ante una realidad que se niega tozudamente a respetar la Ley y los costes de producción.
El partido se jugará en dos tiempos. El primero ahora, con las enmiendas en trámite de urgencia al Real Decreto-Ley de marzo. El segundo, a partir de octubre, cuando el Gobierno meta en Cortes su proyecto de Ley para transponer la Directiva Europea de Prácticas Comerciales Desleales. En esta primera parte, el Gobierno juega a que ni la oposición (ni sus compañeros de legislatura) le metan goles y fiarlo todo a un proceso parlamentario posterior, ordinario y más lento, que le dará oxígeno hasta mayo del año que viene para poder seguir diciendo que lo bueno-bueno, está por llegar.
Para Unión de Uniones lo ideal hubiera sido reformar lo mejorable ahora (y se podía hacer) porque tener cuanto antes una buena norma para la Cadena Alimentaria es fundamental para que agricultores y ganaderos tengamos una remuneración justa en nuestros precios. No es bastante, pero ayudaría mucho, sobre todo si hubiera, además, un Gobierno declaradamente decidido a que se cumpla. Esto también.
Lo que desde luego nos sobra son entidades, que dicen representar a los productores, haciendo apología de que es malo cumplir la ley, o de que como la ley no se cumple, mejor que se quite. En estas últimos semanas y meses, hemos observado (yo con bastante perplejidad) cómo se defendían, desde cooperativas u organizaciones agrarias, en comandita con la industria, libertades que el campo nunca ha pedido: la libertad de vender por debajo del coste de producción y la libertad de cobrar más tarde. ¿No parece surrealista? ¡Se defiende el derecho a la precariedad!
Es cierto que claro que, según las circunstancias, puede que nos veamos obligados a vender perdiendo dinero (más veces de las deseables) o que no nos haya quedado en ocasiones más remedio que tragar con los retrasos en el pago (aunque, en esto la AICA, sí que está vigilante y sancionando y esperamos que siga). Pero elevar eso, que es una calamidad para la economía de nuestras casas, al nivel de estrategia comercial “para ser competitivos”, por ejemplo en el sector de frutas y hortalizas o en el del aceite de oliva, solo puede salir de alguien que no vive ni de lo que cultiva, ni de lo que produce en su explotación.
Que se hable de “libertad” para cobrar menos y más tarde cuando los agricultores y ganaderos seguimos recibiendo ofertas para renegociar contratos de esas que un Corleone diría “que no podemos rechazar”, es una broma inaceptable. Si no tenemos capacidad de negociar, esa es, y discúlpenme la expresión, una libertad de mierda.
Desde Unión de Uniones defendemos que la ley es necesaria y es imperioso hacer que se cumpla. Por eso hay que remozarla y apuntalarla y por eso presentamos nuestras propuestas (muchas recogidas por algunos Grupos) y nos hemos estado reuniendo estos días con prácticamente todas las formaciones políticas. En función de cómo se desarrollen los acontecimientos seguiremos insistiendo en cuestiones que nos parecen fundamentales, como la definición de la posición de dominio, contar con referencias oficiales de costes productivos o un régimen sancionador ejemplarizante.
Pero hacen falta muchas más cosas además de la Ley. Porque la correspondencia de los precios a los costes ya es ley y, sin embargo, desde que se publicó el 26 de marzo ha venido pasando y suspendiendo examen tras examen. El del aceite de oliva, el de los cereales, el de la leche y el de la uva ahora. Contratos que no deberíamos firmar, pero que no podemos rechazar y que, al aceptar, nos apretamos un lazo corredizo admitiendo por escrito que el precio a pagar está por encima de nuestros costes, aunque no es cierto.
Cambiar esta realidad no es fácil. Lo sabemos. Pero la vía correcta no es suprimirlo de la Ley, como algunos reclaman, sino sentar bases para que se respete. Hay que promoverlo desde los poderes públicos para que la industria y la distribución se comprometan con el reparto armonioso de valor añadido.
La política comercial europea tiene que ayudar, y mucho, no metiendo en nuestros mercados productos en competencia desleal. Son necesarios compromisos sectoriales, complicidad, para no arruinar las inversiones de los sectores productivos con importaciones agresivas y para suscribir contratos de suministro a largo plazo. Habría de contarse con unas Interprofesionales que valgan algo más que para ponerse de acuerdo en cuánto dinero le sacan al sector y a qué agencia de publicidad se lo dan. Y las administraciones, sean cuales sean sus competencias, deben estar dispuestas a coordinarse y colaborar para erradicar las bolsas de fraude que lastran algunos sectores. Por ejemplo.
Y también, hace falta, y mucho, que los agricultores y ganaderos nos creamos que podemos ayudar a cambiar las cosas. Puestos a ser libres, exijamos la libertad real de elegir en las urnas a nuestros representantes. Nosotros esa sí la pedimos, la otra, ni se nos ocurriría.
