El Boletín Oficial del Estado ha hecho públicos los contratos tipos de uva y vino para la campaña 2020/2021, “con lo cual ahora se le da cobertura legal a los viticultores ante cualquier tipo de posible incumplimiento, algo que ya sucedió el año pasado”, como informa UPA CLM en nota de prensa.
Pese a ello, UPA pone el acento en que “la nueva normativa ha incluido un apartado donde indica que el precio aplicable en este contrato para uva que cumpla las especificaciones señaladas será el resultado de aplicar al precio libremente pactado entre las partes, las primas o descuentos que procedan de acuerdo, siendo igual o superior al coste efectivo de producción de la uva, de acuerdo con los criterios o parámetros de calidad que se establezcan”.
Por esta razón, “UPA cree que es el momento de que la administración, Ministerio y Consejería ofrezcan a los agricultores cuáles son realmente esos costes de producción”, como indica el responsable de Vino de UPA, Alejandro García-Gasco Alcalde, quien añade que “deberían estar ya, porque en 15 días empezamos. Parece que algunos se han relajado. No se han hecho los deberes y los viticultores deberían conocer los costes lo antes posible para así saber a qué atenerse”.
En este sentido, en fechas recientes UPA reclamó que el Observatorio de precios de Castilla-La Mancha sea algo más, que incluya este tipo de cuestiones y se convierta en un Observatorio de la Cadena, que sirva de complemento a las normativas estatales. En concreto, en la Orden que publica el Ministerio este jueves se indican los contratos tipos de uva y vino, que existe una mesa de arbitraje ante cualquier incumplimiento, así como la obligatoriedad de quedar registrados. “Básicamente es una herramienta para los agricultores, sepan que, ante cualquier tipo de incumplimiento, disponen de opciones legales”, algo que viene a poner un poco más de orden en el sector, tal y como indican desde UPA.
La organización agraria reclama que, a pesar de la buena noticia, en la elaboración de contratos tipos, “ahora es tarea de darlos a conocer al sector, que es obligatoria la firma del contrato y su registro”, afirma García-Gasco, “que los agricultores no les tengan miedo. Es una herramienta para negociar y pactar, aunque corresponde al Ministerio y a la Consejería ponerse a trabajar y dar a conocer los costes de producción dentro del contrato homologado. Acogerse a los costes publicados por un organismo oficial, pues hay muchos capacitados para ello, desde UPA pedimos al Ministerio y a la Consejería que los publique para que los viticultores sepan a qué atenerse, lo antes posible pues la campaña ya se ha iniciado en zonas como Montilla, mientras que en la región apenas restan quince días para su inicio”.
