Alrededor de 120.000 productores de Castilla-La Mancha están presentando estos días la solicitud única de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para la campaña 2021, cuyos pagos garantizarán al menos el 30% de la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas de las que son titulares.
La presente convocatoria se abrió el 1 de febrero y se prolongará hasta el 30 de abril, y al igual que en el ejercicio de 2020 se está potenciando la presentación de los documentos por vía telemática para facilitar la gestión, a tenor de las limitaciones de movilidad por la pandemia.
Se trata de la campaña del primero de los dos años de transición hasta la entrada en vigor de la nueva política agraria europea, en enero de 2023. En los próximos doce meses se canalizarán 4.860 millones de euros en España (unos 900 en Castilla-La Mancha), a través de los anticipos (desde el 16 de octubre) y los saldos (a partir del 1 de diciembre).
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) destaca la continuidad del modelo para dar “total seguridad jurídica” a los perceptores, y para que sigan recibiendo sus ayudas durante los años 2021 y 2022.
Retos
En pleno debate de la reforma post 20, los grandes retos están no solo en garantizar estos fondos para que la agricultura española y castellano-manchega puedan seguir avanzando, sino en poner en marcha mecanismos internos “más equitativos”. Permitirán, según el MAPA y la Junta, afrontar desafíos como la modernización de los cultivos, el relevo generacional, la igualdad de género y la preservación del medio ambiente. Con la implicación de la inmensa mayoría de perceptores.
Uno de estos factores es la llamada convergencia, es decir, la confluencia paulatina del valor de todos los derechos de pago básico de cada región (en España hay 50) hacia su promedio. El objetivo es que “dos agricultores que realizan una actividad igual en la misma región reciban la misma cuantía” por hectárea “sea el cultivo que sea”, recuerda el Ministerio.
Juan Sebastián Castillo, profesor de Economía y Desarrollo Rural de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), explica que la convergencia “que se quiere acelerar en estos dos años” y está recogida en el reglamento transitorio, es continuación de la que se inició en 2015.
“No es nada nuevo”, sostiene, y está implantada en la mayoría de países europeos, que apenas cuentan con algunas comarcas productivas, incluso en algunos hay sólo una. Frente a ello, el diseño del modelo español fue “un error” al haber sido planteado con “demasiadas regiones agrarias” y una “diferenciación en la tipología de las explotaciones en función de las hectáreas”. Es un formato que, a juicio del profesor, ha llevado a que el valor de la superficie de un determinado producto sea diferente al de otra prácticamente idéntica, incluso en el mismo ámbito productivo.
El propio ministro de Agricultura, Luis Planas, ha llegado a declarar que “no me parece normal que el 80% de los fondos lo perciba un 20% de los titulares”.
Por ello, el especialista en Desarrollo Rural de la UCLM señala que “habría que haber impulsado este mecanismo incluso antes de 2020”, tal y como “pedía la actual PAC”.
Esta posición favorable está siendo confrontada mediáticamente desde hace un meses por algunas organizaciones de productores y regiones como Andalucía, que piden que su aplicación se retrase a 2023 por el perjuicio que puede ocasionar en muchos productores.
Castillo comprende las dos posturas porque ante un mismo presupuesto, la corrección entre los pagos a los perceptores de una misma región, “va a perjudicar a unos y va a beneficiar a otros”.
Respecto a la introducción de la convergencia en el sector ganadero, Castillo muestra sus dudas al prever una aplicación “mucho más compleja”. El primer problema, explica es “cómo transformar a hectáreas la actividad ganadera cuando no hay tierra asociada”, un casuística que podría perjudicar a los más pequeños “cuando de supone que debería ser al contrario”.
¿Y cuáles son las claves de la nueva campaña de la PAC?
Actualmente, los dos grandes bloques de ayudas que se pueden solicitar en 2021, detalla Castillo, son el pago básico y el pago verde que, con la reforma, se convertirán en ayuda básica a la renta y en ecoesquemas, respectivamente.
Arquitectura verde
En el caso de la arquitectura verde, hay “muchas dudas” en las ayudas a leñosos, muy importantes en las explotaciones manchegas, porque los criterios a aplicar son “bastantes singularizados y concretos”, y eso podría generar una “pérdida de renta”.
A juicio del mismo experto, pautas más generales vinculadas a resultados medioambientales “hubieran garantizado” más ingresos, teniendo en cuenta que la PAC de 2023 contemplará la reserva de un 20% de los pagos directos a los nuevos ecoesquemas.
Castillo también advierte del riesgo de que los sectores tradicionalmente beneficiarios de la PAC en Castilla-La Mancha, como son los leñosos, puedan perder renta de los fondos europeos ante la posibilidad de que frutas y hortalizas reciban ayudas directas en la nueva PAC. Tras el anuncio del Ministerio de Agricultura, es otro tema a “solucionar” por las autoridades regionales, ante la posible incorporación de “cientos de miles de hectáreas” a las producciones subvencionables con un mismo presupuesto.
“Es preocupante” para la comunidad castellano-manchega, donde esas producciones son insignificantes y el cultivo del viñedo marca “nuestra dimensión”. Las más de 400.000 hectáreas de viñas podrían perder rentabilidad.
Respecto al plan de apoyo especial al olivar tradicional de secano, también avanzado por el ministro Planas, “podría ser una alternativa”, pero haría que “unificar el criterio de las ayudas PAC con el programa sectorial”.
Un plan específico “tendría que tener otra justificación y darle otro enfoque”, al igual que tienen los del vino (PASVE) y el de las frutas y hortalizas. Para Castillo, las ayudas de ‘café para todos’ han de estar muy bien ahormadas y tener una perspectiva que demuestre la necesidad de recibir la especial atención.
Las ayudas de una sola vez
Según la normativa publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, mediante la solicitud única, el productor puede solicitar todas las ayudas que le puedan corresponder de una sola vez.
Como en campañas anteriores, la solicitud única debe presentarse ante la autoridad competente de la comunidad autónoma en la que radique la explotación o la mayor parte de su superficie. En caso de no disponer de superficie física, la solicitud se presentara en la comunidad autónoma en la que se encuentre el mayor número de animales.