El Gobierno regional y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) han sellado un convenio de colaboración entre ambas instituciones para facilitar que jóvenes en situación de especial vulnerabilidad y con escasez de recursos puedan acceder a estudios universitarios en la región.
Así lo han suscrito este miércoles el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el rector de la UCLM, Julián Garde, en un acto institucional celebrado en el Palacio de Fuensalida.
Un acuerdo entre ambas instituciones que permitirá ampliar las oportunidades educativas para jóvenes que enfrentan dificultades socioeconómicas, con el objetivo de promover la igualdad de acceso a la educación superior.
García-Page ha destacado la importancia de este acuerdo, subrayando que la educación es un motor de cambio social y que, gracias al convenio, se permitirá eliminar barreras y brindar a los jóvenes vulnerables la oportunidad de un futuro mejor.
También ha mencionado el valor añadido de que este proyecto, que solo se lleva a cabo en País Vasco, Cataluña y la Comunidad Valenciana, se haga en una universidad pública y ha dicho que no podría hacerse en una privada debido a las diferencias en la misión.
«Este proyecto demuestra que podemos ser administración y tener alma», ha añadido el presidente autonómico, a la vez que ha celebrado que el proyecto se haya desarrollado con una «universidad arraigada al territorio» y que se «ha mimetizado con los valores de esta tierra».
Por su parte, el rector de la UCLM ha agradecido al Gobierno de Castilla-La Mancha la firma de este convenio que «va a permitir cambiar la vida de las personas hacia mejor» gracias a la «colaboración institucional» entre la Junta y la universidad regional.
Respecto a la implantación del convenio, Garde ha avanzado que intentarán ponerlo en marcha muy rápido y darlo a conocer cuanto antes para que las personas que puedan acogerse al mismo lo hagan desde el próximo curso 2024/2025 y «no tengamos que esperarnos al siguiente».
UN «ANDAMIO SOCIAL»
De su lado, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha definido este convenio como un «andamio» o «ascensor» social que pretende que las personas tengan «un amparo, una medida de protección social» y un engranaje «perfecto» con el sistema educativo y universitario.
«Entre todos vamos construyendo cada uno de los peldaños para darle fortaleza, seguridad y estabilidad a los deseos, los sueños sociales, educativos y personales de las personas», ha añadido.
Asimismo, ha considerado que este convenio «demuestra la fortaleza» de un Gobierno que «trabaja coordinadamente» entre sus diferentes áreas de gestión para «garantizar la igualdad de oportunidades».
A continuación, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha puesto de relieve que este proyecto «nace de la voluntad» de las instituciones de «fortalecer unos pilares para las personas más vulnerables».
La consejera ha hecho hincapié en que desde la Consejería de Bienestar Social aportan su «granito de arena» para que todos los jóvenes tutelados, de los que son su «familia y estructura», y los que forman parte de esas medidas judiciales «puedan tener un tránsito a la vida adulta y ese acompañamiento para poder cumplir sus sueños, tener más oportunidades y ser más libres».
Mientras, la vicerrectora de Estudiantes, Ángeles Carrasco, ha afirmado que este es un «emocionantísimo proyecto» para que jóvenes cuyas circunstancias sociales «no les han permitido soñar siquiera» con cursar estudios universitarios puedan ahora tenerlo a su alcance.
Del mismo modo, ha contado que este proyecto nace siguiendo la estela de una iniciativa de la Universidad del País Vasco para que jóvenes inmersos en el sistema de protección pudieran acceder a la universidad, aunque el proyecto castellanomanchego incluye a jóvenes en situación de vulnerabilidad por cumplir una medida judicial o extrajudicial, algo en lo que la región es «pionera».
