La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite los cuatro recursos interpuestos, respectivamente, por el Ejecutivo murciano, la Junta de Andalucía, la Diputación de Alicante y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) contra el Decreto del Gobierno central que «recorta» el trasvase.
Así lo ha hecho saber en declaraciones a Europa Press el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez.
En concreto, una de las diligencias de ordenación a la que ha tenido acceso Europa Press deja constancia de que «se tiene por interpuesto» el recurso contencioso-administrativo de la Comunidad de Murcia y se «admite a trámite». «Tramítese el presente recurso por las normas establecidas por el procedimiento o única instancia», destaca.
En consecuencia, la Sala establece que se requiera al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para que en el «improrrogable plazo de 20 días, remita el expediente administrativo correspondiente a la citada disposición».
Contra esta resolución cabe interponer un recurso de reposición en el plazo de cinco días. Además, el documento establece que la ponencia del recurso al magistrado Ángel Ramón Arozamena.
Por otro lado, la Sala ha acordado abrir una pieza separada para la tramitación de las medidas cautelares solicitadas por los recurrentes para la suspensión cautelar del Decreto. Así, concede al Abogado del Estado el plazo de diez días a fin de que «alegue lo que a su derecho convenga».
Los magistrados del alto tribunal tendrán que dirimir si aceptan o no la adopción de las medidas cautelares solicitadas por recurrentes en su recurso mientras se resuelve la pieza principal.
«Los recursos están bien fundamentados»
Jiménez ha señalado que estos trámites «no significan nada» salvo que los recursos que se han presentado y que han sido trabajados en conjunto «están bien fundamentados».
A su juicio, con estos recursos «se demuestra fehacientemente que ya se está produciendo un daño al Levante con esa subida de 7 metros cúbicos por segundo» del caudal ecológico «no mejora la calidad de las aguas del Tajo ni sirve para nada a los usuarios» de este río.
Esta decisión judicial significa que «se ha trabajado bien y que se ha fundamentado bien, lo que da como resultado que el TS acepte estudiar la posibilidad de imponer unas medidas cautelares contra la decisión de incremento de los caudales ecológicos».
Dicho esto, Jiménez ha admitido que es «complicadísimo» y «muy difícil» que, finalmente, el TS «conceda esas medidas cautelares», sobre todo, «contra el Estado». «No podemos decir que no se puedan otorgar finalmente, pero tenemos que ser realistas: el hecho de que la pieza de medidas cautelares haya sido admitida a trámite no significa que esté resuelto», ha puntualizado.
Cabe recordar que los cuatro recurrentes solicitaron medidas cautelares en las que pedían que no se apliquen esos caudales ecológicos en el Tajo hasta que «no se resuelva el tema de fondo», puesto que «ya se está produciendo el daño».
Los regantes sí que tienen «más esperanzas» en el recurso contencioso-administrativo, que «sigue su ruta» y que «se dilucidará, probablemente, en un año y medio».
López Miras
Cabe recordar que el presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, alertó este miércoles que, de no producirse la suspensión cautelar del «recorte» del trasvase Tajo-Segura que ha solicitado su Ejecutivo, habría «un perjuicio irreparable para toda la Región de Murcia, y especialmente en la planificación de las siembras y cosechas de los próximos meses, porque los agricultores no pueden arriesgarse a soportar nuevas y mayores pérdidas que las que ya sufren».
Además, resaltó que esa cautelar era «necesaria para evitar desde el minuto uno un daño difícil de revertir», ya que el recorte «nos condena a la ruina» y «afecta a toda la sociedad, no sólo a la agricultura».
López Miras hizo estas declaraciones tras reunirse en el Palacio de San Esteban con el presidente de los regantes del trasvase, Lucas Jiménez, con el catedrático de Historia e Instituciones Económicas y director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante y la Diputación de Alicante, Joaquín Melgarejo, y con el director del Instituto EuroMediterráneo del Agua, Paco Cabezas.
Tras ese encuentro «para avanzar en la defensa de los intereses de la Región de Murcia, de Alicante, de Almería y de todo el Levante español», el jefe del Ejecutivo regional ofreció más detalles sobre la petición de cautelar formulada mientras el Tribunal Supremo estudia el recurso en defensa del Tajo-Segura.
Así, el presidente señaló que la Comunidad había solicitado la suspensión cautelar del nuevo régimen de caudales ecológicos «porque no existe ningún interés público superior que exija la aplicación inmediata, pero sí está más que demostrado que su aplicación genera de inmediato graves perjuicios económicos y sociales en la Región de Murcia».
En este sentido, recordó que el recurso contra el Supremo busca «corregir una decisión oportunista y sectaria que carece de cualquier rigor técnico», y puso de relieve que «cuanto más se estudia el Decreto que recorta el trasvase más nos queda claro que detrás solo hay motivos políticos».
Para respaldar su solicitud de medidas cautelares, el Gobierno regional adjuntó una memoria con diez anexos que representan los trabajos técnicos que se han encargado a diferentes expertos en la materia.
«Confío en que se tengan en cuenta nuestros planteamientos, que son mucho más que los de un Gobierno, y que van más allá incluso de los que defienden con toda la razón los regantes: son los argumentos de toda una Región que es hoy atacada de manera injustificada», afirmó López Miras. Además, el presidente se comprometió a que «seguiremos actuando de manera coordinada, hombro con hombro, con una sola voz, en defensa del trasvase». El objetivo es «que la Justicia escuche la voz de los murcianos», para lo cual «agotaremos todas las vías».
También Alicante
Asimismo, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha celebrado la admisión del recurso por parte del Supremo, lo que considera que muestra que son «competentes».
«Después de haber estado aguantando y soportando los menosprecios de la Generalitat y de Ximo Puig –‘president’ de la Generalitat–, diciendo que no podíamos y no éramos competentes, pues aquí está la admisión del recurso por parte del Tribunal Supremo», ha enfatizado.
En este contexto, ha resaltado que llegarán «hasta el final». «Lo que no ha hecho la Generalitat y lo que no ha hecho el PSOE, lo estamos haciendo desde el PP y desde la Diputación de Alicante, porque tenemos que defender nuestra tierra y nuestra Vega Baja. Es el agua que nos merecemos y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias», ha aseverado.
