La Diputación de Alicante, el Gobierno de Murcia y el Sindicato Central de Regantes han anunciado alegaciones conjuntas contra el nuevo Plan Hidrológico del Tajo, cuyo borrador fija un incremento de los caudales ecológicos «que pondrían en riesgo la viabilidad de esta infraestructura».
La vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, se ha reunido este lunes en Murcia con el consejero de Agricultura de la Región de Murcia, Antonio Luengo, y el presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, con el fin de «coordinar y concretar» las alegaciones que se presentarán al proyecto del Gobierno Central.
Al término del encuentro, Serna ha lamentado la ausencia de la Generalitat en esta reunión, «a la que había sido invitada», y ha criticado que «desgraciadamente, una vez más tenemos que lamentar que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, o en su defecto la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, hayan declinado la invitación a participar en una reunión sobre un tema vital para el futuro de la Comunitat Valenciana», según ha informado la Diputación en un comunicado.
Además, la ‘popular’ ha añadido que «en política los gestos también son importantes» y ha defendido la necesidad de «unirnos todos para proteger los intereses de los agricultores y regantes del Levante español». De esta manera, ha vuelto a censurar el «rechazo» del Consell a participar en este «frente común», al que también se ha sumado la provincia de Almería.
«Es muy importante hacer un frente común», ha insistido Serna, quien ha mostrado su «preocupación» por el sentido de las alegaciones que la Generalitat podría presentar contra la futura planificación hidrológica del Tajo, cuyo plazo de exposición pública finaliza el próximo 22 de diciembre, «porque mucho nos tememos que no van a dar respuesta al problema, ya que ellos mismos lo han generado».
En este punto, ha criticado que «Ximo Puig es igual al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su postura ante el trasvase Tajo-Segura».
Serna ha añadido que el incremento de los caudales ecológicos carece de justificación técnica y ha achacado el cambio a «una decisión política». «Estamos ante un problema político y debe solucionarse en el ámbito de la política, aunque nos tememos que no se van a atender nuestras alegaciones» ha augurado Serna, quien ha acusado a Puig «de seguir los dictados de la ministra Teresa Ribera».
