En una entrevista con este digital, el también director del Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social habla de gasto público, de los nuevos instrumentos de protección social, de teletrabajo, de la necesidad de invertir I+D+i, de transición ecológica y del papel que desempeña la oposición durante la pandemia. Y recuerda, también, que en la Constitución Española se pueden encontrar fórmulas clásicas que, con la crisis del coronavirus, cobran actualidad tal y como se recoge en el párrafo primero del art. 128: “Toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general”.
PREGUNTA ¿Cómo cree que puede ser la nueva normalidad?
RESPUESTA.- Es difícil imaginar el futuro. Pero es seguro que tendremos que experimentar un nueva sociabilidad, al menos en los primeros momentos de la reanudación de la vida “como era antes”. Pequeños detalles, gestos y costumbres cotidianos se ponen a prueba frente a un futuro inmediato: en la playa, de vacaciones, con los amigos, la manera de comprar, la importancia de las tecnologías que permiten comunicarnos en la distancia…
El confinamiento ha enseñado también la importancia de saber estar juntos tanto tiempo, a administrar tiempos en común no pautados desde el exterior a partir del horario de trabajo y los desplazamientos. Y compartir emociones en un espacio común, el de los aplausos diarios desde los balcones, recuperando (o experimentando por primera vez) la importancia del trabajo como un elemento esencial de nuestras existencias y la fuerza de un interés general en su preservación y su reconocimiento público.
P.– ¿Cómo debe ser la sanidad tras la pandemia?.
R.– Creo que es un clamor popular la necesidad de resguardar una sanidad pública que ha sido maltratada desde hace demasiado tiempo a través de una financiación deficiente y la reducción de personal, en especial a partir de la crisis financiera primero y de endeudamiento público posterior del 2010-2013. Sin este sistema nacional de salud y sin el sacrificio y la dedicación más allá de lo humanamente posible de médicos, enfermeros y personal sanitario, la emergencia del Covid-19 habría devenido una colosal tragedia.
Es tremendo conocer que una buena parte de estas personas trabajan en condiciones de precariedad espantosas y que cuando han acudido como personal de refuerzo ante el colapso hospitalario, ni se les han suministrado mascarillas o EPIs y en algún caso, como en Madrid, se ha prescindido de ellas sin miramientos, como se tira a la basura un pañuelo de papel usado. Hemos aprendido que los trabajos más indispensables para garantizar nuestra existencia – los sanitarios´ y asistenciales, pero también la limpieza, los transportes y la logística y tantos otros – son los menos valorados socialmente, peor retribuidos y más inestables, y ese desvalor tiene que acabar.
P.-¿Hemos entendido que hay que invertir en el sector sanitario?
R.– Si. La gran mayoría de la población ha entendido que es necesario fortalecer nuestra sanidad pública, invertir en ella, mejorar las condiciones de trabajo de su personal, considerar la sanidad privada como un espacio de cuidados subsidiario y subordinado a la misma, pero también fortalecer los servicios socio-sanitarios, evitando la privatización irresponsable de los mismos, solo guiada por el afán de lucro que ha posibilitado la tremenda tragedia de las residencias de mayores. Los planteamientos políticos que pretenden erosionar la sanidad pública, que cuentan con tantos defensores en el pasado inmediato, también en nuestra región, no tienen a mi juicio ningún futuro.
P.– ¿Cómo pueden las empresas superar esta etapa?
R.-Junto a la crisis sanitaria, se despliega la crisis económica derivada del Covid-19. El gobierno, auxiliado por los interlocutores sociales, ha previsto una batería de medidas para intentar mitigar las consecuencias sobre el empleo, teniendo en cuenta la paralización de la actividad económica con especial incidencia en sectores clave de nuestro modelo productivo, hostelería y construcción.
No puedo ahora describirlas en detalle, pero me parece que la más significativa ha sido la de transformar la regulación de empleo temporal – durante la cual el trabajador no pierde el trabajo, sino que percibe una prestación por desempleo, manteniendo su vinculación con la empresa, que resulta eximida total o parcialmente de su obligación de cotizar por él – en un formidable mecanismo de amortiguamiento social que ha impedido por el momento que la destrucción de empleo se precipitara en los términos que podía haberse producido, a lo que se une la prohibición durante el estado de alarma de los despidos económicos. Junto a ello, prestaciones sociales específicas de cese de actividad para el trabajo autónomo, subsidios especiales para empleadas de hogar y trabajadores temporales, y una serie de moratorias fiscales y de alquileres para pequeñas empresas.
Enorme esfuerzo en gasto público
La creación de estos nuevos instrumentos de protección social que tienen como necesario marco de referencia el estado de alarma, comporta un enorme esfuerzo de gasto público que compensa el período de paralización productiva, pero que debe cesar en cuanto esta se reanude, sin perjuicio de encontrar una cierta prolongación del instrumento de los ERTE para los sectores y empresas más castigados hasta que termine la temporada de verano, siempre con el compromiso de mantenimiento del empleo hasta seis meses después de finalizado el ERTE, como la norma establece actualmente. El diálogo social se está ocupando actualmente de ello.
P.-¿Ha quedado al descubierto la necesidad de cambios en el modelo productivo?
R.-Lla crisis derivada del Covid-19 ha puesto de manifiesto que es preciso un cambio en el modelo productivo de este país. Una mayor inversión en I+D+i (en donde el papel de la Universidad puede ser determinante) y un plan de reindustrialización y de transición ecológica son asignaturas pendientes que en la etapa post-crisis deberíamos abordar con extraordinaria urgencia.
La cultura empresarial de este país, basada en bajos costes salariales, precariedad laboral y asistencialismo empresarial del poder público, con un sistema impositivo que gravita en torno a un tipo medio del 20% para las sociedades y que se encuentra siete puntos por debajo de la media europea de imposición fiscal, tiene que modificarse como condición necesaria de la recuperación económica.
P.-El teletrabajo ha sido elegido por muchas empresas para mantener la actividad. ¿Cree que hay que reformularlo?
R.-El trabajo a distancia es otra de las medidas que se han arbitrado en aquellas actividades que sea posible, y el RDL 15/2020 ha ampliado durante dos meses más esa indicación. En la enseñanza universitaria, ha sido la regla, dado que hemos sustituido la enseñanza presencial por esta, con buenos resultados, al menos en la UCLM. Ha hecho que conozcamos mejor las posibilidades de transmisión del conocimiento – y en general de poder trabajar – que nos brinda el instrumental tecnológico comunicativo. Y eso es muy positivo.
Pero el trabajo a distancia tiene su propia especificidad. Es difícil desconectarse digitalmente, controlar los tiempos de trabajo, mantener las medidas de seguridad. Su carácter voluntario y la reorganización de la empresa sobre la base de esta modalidad son las piezas sobre las que habrá que construir un nuevo modelo que estructure, con la participación de los trabajadores y sus representantes sindicales, el desarrollo del cumplimiento de la actividad laboral.
P.- ¿Qué recomienda a los políticos estos días?.
R.– No me gusta hablar de “los políticos” en general, como englobándolos todos bajo una misma etiqueta, que en el sentir del lenguaje común no salen muy bien parados. Me parece que hay que distinguir entre “políticos”. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de Maria Dolores de Cospedal que de José María Barreda, por poner dos nombres de ex presidentes de esta Comunidad. Por tanto, diferencio entre categorías de políticos.
En estos días estamos asistiendo a un espectáculo lamentable en el que tanto los diputados y dirigentes de la ultraderecha como los del Partido Popular imputan los muertos de la pandemia y las consecuencias de ésta a la acción de gobierno y deslegitiman cualquier iniciativa de ordenación del desarrollo de las medidas sanitarias por parte del Ministerio de Sanidad.
Desestabilización a cualquier precio
Es una conducta que antepone la desestabilización a cualquier precio del gobierno progresista a cualquier sentido de Estado, y contrasta con la actitud de la oposición en cualquiera de las diferentes posiciones que ocupa ésta en otros países europeos, sea en Portugal e Italia o en Francia y Reino Unido, donde la cooperación con el Gobierno es la regla y se consideraría odiosa la utilización de la epidemia como eje de una estrategia de la erosión.
Odiosa y de escasa calidad democrática, añado yo, lo que, si bien es previsible en los políticos de Vox, es lamentable en los del Partido Popular, que ha sido y continua siendo hoy un partido de gobierno en numerosas Comunidades Autónomas y ha cooperado a la gobernabilidad del Estado en múltiples ocasiones.
Los políticos nacionales del centro derecha – y en ello incluyo junto al PP a Ciudadanos – deberían hacer un reflexión sobre su ideario económico neoliberal que posibilitó la reducción de efectivos en todo el personal sanitario y la desinversión en sanidad sobre la base de la reducción de costes y los recortes de personal – las jubilaciones forzosas y la tasa de reposición cero – así como sobre las estrategias privatizadoras de los servicios socio sanitarios y la congelación de las ayudas a la dependencia, que nos han colocado en una posición más débil y comprometida para dar respuesta a la emergencia originada por el Covid-19.
P.-¿Y los de izquierda?
R.- Los políticos de centro izquierda y de izquierda deberían seguir defendiendo el fortalecimiento del Estado Social que en estos momentos constituye la única garantía de preservación de unas condiciones de existencia dignas para las mayorías sociales. El esfuerzo en el gasto público consiguiente se inscribe en las “situaciones de emergencia extraordinaria” que prescribe el art. 135 de nuestra Constitución y permite por tanto reivindicar una solución europea de financiación directa a los países en crisis que no se base exclusivamente en instrumentos crediticios, sin perjuicio de insistir en la mutualización de la deuda como solución cumulativa.
La solidaridad entre los países que componen la Unión Europea es la clave de su continuidad como institución política y democrática; solidaridad que debería ser también la clave interna que rigiera las relaciones entre los partidos nacionalistas e independentistas con el gobierno central en nuestro país.
Finalmente me gustaría recordar que se puede encontrar en nuestra Constitución fórmulas clásicas – distant voices, still lives – que con la crisis del Covid-19 cobran una actualidad ineludible. Me refiero, claro está, al olvidado párrafo primero del art. 128: “Toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general”. Un precepto que se debe activar como guía de actuación política en el período que dará inicio “después de la pandemia”.
