En materia agraria, está prevista la ley de calidad alimentaria, la ley de la viña y el vino y la ley de agricultura familiar, banco de tierras y zonas de protección agraria.
En materia de Bienestar Social, el Gobierno regional se va a centrar en la infancia en 2022 con la ley de atención temprana y con la ley de infancia y familia.
La previsión legislativa para el presente año también contempla la ley para la ordenación de las instalaciones de radio comunicación en Castilla-La Mancha, la modificación de la ley del estatuto de personas consumidoras, la modificación de la ley de conservación de la naturaleza, y una nueva ley de pesca fluvial.
En materia de Fomento, está prevista la ley de ordenación del territorio y de actividad urbanística y en materia de Hacienda, la ley de medidas tributarias y la ley de presupuestos. En materia sanitaria, se prevé la ley de impulso a la docencia, la formación y la investigación en el sistema sanitario de la región.
Y en el área de Vicepresidencia está previsto el proyecto de ley de apoyo, asistencia y reconocimiento a las víctimas del terrorismo y el proyecto de ley de integridad pública de Castilla-La Mancha y de creación de los canales de alerta, que es una trasposición de una directiva europea.
Antes del verano, está previsto que sean aprobadas la ley de apoyo, asistencia y reconocimiento a las víctimas del terrorismo; la ley de diversidad sexual y derechos LGTBI, la ley de la viña y el vino, la ley de infancia y familia, la modificación de vías pecuarias de la región y la ley de garantías y medidas para la resolución alternativa de conflictos en materia de consumo.
Según ha informado en rueda de prensa la portavoz gubernamental, Blanca Fernández, al finalizar el presente año, el Gobierno de Castilla-La Mancha prevé superar las 40 leyes aprobadas en las Cortes regionales.
Hasta la fecha se han aprobado 28 leyes, 26 de las cuales han sido aprobadas o por unanimidad o sin votos en contra, lo que se traduce, ha apuntado Fernández, en el dato de que a lo largo de la legislatura 9 de cada 10 leyes impulsadas por el Gobierno de Emiliano García-Page han sido aprobadas sin votos en contra.
Estos datos demuestran, a su juicio, que «más allá del ruido político, somos capaces de ponernos muchas más veces de acuerdo de lo que pueda parecer».
