La organización agraria ha explicado que ni en España ni en Castilla-La Mancha se disponen de estudios sistematizados de cálculo de costes de producción, segmentados por tipología de explotaciones y para cada sector, algo que resulta imprescindible para conseguir una posición equilibrada del eslabón más débil de la cadena, el productor, según ha informado la organización agraria en nota de prensa.
Por eso, Asaja ha propuesto que sea la Universidad de Castilla-La Mancha, junto con las organizaciones profesionales agrarias (OPAS) y la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, la que se encargue de albergar el observatorio de costes de producción, ya que cuenta con el personal cualificado para poder prestar ese servicio de forma continuada y las condiciones para desarrollar una herramienta rigurosa, útil, operativa y funcional.
Con la presencia de las OPAS se dan un paso más hacia el diálogo y la interlocución, además de que se hace indispensable su participación para dotar de credibilidad a la selección de muestras representativas de explotaciones y mantener el contacto diario con las mismas.
Así, para el cumplimiento de las exigencias de la Ley de la Cadena Alimentaria, que obliga a pagar al menos el valor que cuesta producir los alimentos, se hace imprescindible conocer los costes de la agricultura y la ganadería de la región y darles validez.
De este modo, además de los ya presentados por la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, el lácteo de ovino, caprino y vacuno y el anunciado bovino de carne, la organización agraria ha urgido también otros estudios tan necesarios como los cultivos COP (Cereales, Oleaginosa y Proteaginosas), la uva, la aceituna, algunas frutas y hortalizas como el ajo y el melón, entre otros cultivos, así como el resto de carnes que se producen en la región.
Por último, Asaja Castilla-La Mancha ha pedido que doten de recursos al Observatorio de Precios para que verdaderamente sirva para analizar la evolución de los precios y los costes en todas las etapas de suministro, de manera que se pueda obtener información muy valiosa para la toma de decisiones estratégicas o para detectar las posibles ineficiencias que se dan a lo largo de la cadena alimentaria.
En este sentido, ha criticado que el Ministerio de Agricultura prometió un observatorio que «a día de hoy no es más que un órgano que analiza los precios de venta de los productos agrarios y su comportamiento en la cadena, pero sigue sin considerar los costes».
De este modo, resulta «absolutamente ineficaz» para agricultores y ganaderos, pues sin estudios de costes que sirvan de referencia, no hay garantías de que se cumple la ley en los contratos que firman.
