Así lo ha adelantado este martes en rueda de prensa la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha avanzado que la resolución definitiva de la convocatoria estará “para la tercera o cuarta semana de julio”, aunque las entidades “podrán iniciar las contrataciones antes”.
Como ha detallado, el objetivo es llegar a 11.000 personas que lleven desempleadas más de un año, que tengan entre 25 y 65 años y que no reciban prestación por desempleo ni subvenciones, aunque se facilitará la posibilidad de contratar a mayores y menores de esa edad cuando tengan responsabilidades familiares o sean priorizados por las oficinas de empleo, entre otros supuestos.
El plan, con una inversión total de 55,5 millones de euros, se llevará a cabo nuevamente con la colaboración de las diputaciones, a excepción de la de Cuenca, que ha vuelto a declinar su participación.
La aportación de la Junta a las contrataciones será del 53 por ciento, mientras que la de las diputaciones será del 47 por ciento, y se reservará el 25 por ciento del total de contrataciones para personas que se encuentran en situación de exclusión social dirigidas directamente desde los servicios sociales.
En el caso de Cuenca, donde no habrá aportación de la Diputación, la Junta pondrá “la misma cantidad” que en el resto de provincias, aunque la diferencia es que los ayuntamientos tendrán que asumir el gasto de las contrataciones. Este hecho, en anteriores ediciones, no supuso que bajara el número de entidades locales participantes, aunque sí que se registraron menos contrataciones, ha explicado la consejera.
En el resto de provincias, donde la aportación será del 100 por ciento a cargo del Ejecutivo regional y las diputaciones, los ayuntamientos tendrán que asumir los gastos ocasionados por las contrataciones de personas que afecten a la Seguridad Social, las diferencias salariales, en caso de que las haya, y el pago de materiales si se trata de proyectos de inversión.
La duración de los contratos es seis meses pero, con carácter excepcional, podrán ser de tres meses más o inferiores a los seis, disminuyendo la ayuda en este último caso.
Adhesión al programa
Entre las novedades de la nueva convocatoria que ha detallado Franco, se solicitará a las entidades locales su adhesión al programa, lo que significará “un compromiso de contratación de al menos el 60% de las personas asignadas con carácter previo”, en función del porcentaje de paro de larga duración de cada municipio.
Además, Franco –acompañada del viceconsejero de Empleo y Relaciones Laborales, Francisco Rueda, y de la directora general Empleo, Elena Carrasco– ha comentado otras novedades relacionadas con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y de nuevas normativas como la Ley de estímulo económico de Zonas Prioritarias en Castilla-La Mancha o las zonas de Intervención Territorial Integrada (ITI).
Para beneficiarse de estas ayudas, las entidades deberán hacer una oferta de empleo en las oficinas de su localidad o comarca, que comprobarán que las personas cumplen los requisitos. Una vez pasado ese trámite, las entidades podrán realizar la selección de los beneficiarios. El plazo para iniciar el primer proyecto será de dos meses desde la fecha de resolución, momento en el que se les anticipará el 75 por ciento de la financiación, ya que el 25 por ciento restante será a la finalización del contrato.
Franco, que ha animado a participar en este nuevo plan de empleo a todas las entidades, ha subrayado que, en la pasada convocatoria, más 90 por ciento de los ayuntamientos de la región se adhirieron a la misma. De las 11.000 contrataciones previstas, se estima que unas 400 las harán las entidades sin ánimo de lucro.
