La Comisión Europea ha presentado este viernes su propuesta para la próxima Política Agrícola Común (PAC), en la cual España recibirá un total de 43.777,6 millones de euros de fondos agrarios entre 2021 y 2027, lo que supone un recorte del 5,4% según el método de cálculo del Ejecutivo comunitario.
En concreto, Bruselas ha planteado conceder a España 33.481 millones de euros en pagos directos (un 3,5% menos), 7.008,4 millones de euros para los diferentes programas de desarrollo rural (un 15,3% menos) y 3.287 millones en subvenciones para mercados específicos.
No obstante, para poder comparar con el periodo anterior, el Ejecutivo comunitario multiplica por siete los fondos que recibirá España en 2020, en lugar de sumar las transferencias anuales desde 2014 hasta ese año. Las cifras, además, están dadas en términos nominales.
En cualquier caso, el borrador de normativa de Bruselas prevé conceder a los Estados miembros una mayor flexibilidad para gestionar sus asignaciones. En concreto, los países de la UE tendrán la opción de transferir de los pagos directos al desarrollo rural y viceversa hasta un 15% de sus fondos, con el objetivo de garantizar que que se destinan a las prioridades nacionales.
En total, la PAC para el periodo 2021-2027 tendrá un presupuesto de 365.000 millones de euros, lo que supone un recorte del 5% en términos nominales. España es, según la propuesta, el segundo país de la UE que más fondos recibirá, por detrás de Francia (62.308 millones) y por delante de Alemania (40.987 millones) e Italia (36.359 millones).
El comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, ha presentado el borrador normativo, que ahora debe ser debatido y aprobado por los Estados miembros y el Parlamento Europeo, en una rueda de prensa en la que ha destacado que la propuesta cumple el objetivo de “modernizar y simplificar” la PAC, al tiempo que “aporta una auténtica subsidiariedad”.
Máximo de 100.000 euros por explotación
Bruselas ha remarcado que los pagos directos “seguirán siendo una parte fundamental” de la PAC para garantizar la estabilidad en los ingresos de los agricultores. En este sentido, el borrador recoge algunas medidas para conseguir que el reparto de los fondos sea “más equitativo” entre los países a través de la “convergencia externa”.
Además, la Comisión Europea propone que los pagos directos se reduzcan a partir de los 60.000 euros y establecer un límite máximo de 100.000 euros por explotación. También ha planteado que se tengan en cuenta los costes laborales y que las pequeñas y medianas explotaciones reciban un nivel más elevado de ayuda por hectárea.
Otra de las iniciativas de Bruselas es obligar a los Estados miembros a reservar como mínimo el 2% de su asignación para pagos directos a ayudar a jóvenes agricultores y ganaderos.
Planes nacionales estratégicos
La nueva PAC introduce además “una nueva forma de trabajar” entre el Ejecutivo comunitario y los países de la UE, que tendrán que adoptar planes estratégicos en los que especificarán cómo tiene previsto cumplir con cada uno de los nueve grandes objetivos de la PAC a nivel europeo. Bruselas tendrá la competencia de aprobar cada plan y “garantizar la coherencia y la protección del mercado único”.
Además, los Estados miembros tendrán que enviar cada año informes con los progresos que han conseguido sobre la base de indicadores acordados. El Ejecutivo comunitario supervisará el cumplimiento de estos indicadores y podrá lanzar recomendaciones si lo considera necesario. También tendrá la potestad de sancionar o conceder recompensas.
Por ejemplo, Bruselas podrá conceder a un país un 5% extraordinario de los fondos para desarrollo rural al final del periodo 2021-2027 si el país ha cumplido sus objetivos climáticos, medioambientales o de biodiversidad.
Sin embargo, la Comisión Europea también quiere tener competencia para imponer un plan de acción si no se cumplen los objetivos e incluso de suspender o reprogramar los pagos, dependiendo de la gravedad del incumplimiento.
Medio Ambiente e innovación
Con respecto a las medidas para proteger el medio ambiente, Bruselas pretende exigir a los agricultores “un mayor nivel de ambición” a través de medidas tanto obligatorias como de incentivos. Entre ellas, ha propuesto los pagos directos al cumplimiento de requisitos en materia de clima.
Así mismo, ha propuesto que al menos el 30% de cada asignación nacional para desarrollo rural se dedique a medidas medioambientales y climáticas, así como que los Estados tengan la opción de transferir otro 15% adicional de pagos directos a desarrollo rural para el gasto en este tipo de iniciativas, aunque sin cofinanciación nacional.
La nueva PAC también tendrá reservados 10.000 millones de euros del programa Horizonte Europa para proyectos de investigación e innovación en los ámbitos de la alimentación, la agricultura, el desarrollo rural y la bieconomía.
