Se trata de una iniciativa impulsada por el Gobierno de Castilla-La Mancha –concretamente la petición la hizo el presidente Emiliano García-Page durante la celebración de la jornada inaugural de la Semana en el Parlamento Europeo, el pasado 7 de octubre– cuando promovió una declaración conjunta de toda la delegación española solicitando a la Unión Europea ayudas compensatorias.
Así lo ha recordado la directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, que ha señalado que hoy “estas reivindicaciones se han visto recogidas y aprobadas por las 329 entidades locales y regionales de la Unión Europea”.
Según ha informado la Junta en un comunicado, en el caso de Castilla-La Mancha los aranceles impuestos por el Gobierno de Estados Unidos afecta a un total de 1.292 empresas, de las cuales 322 empresas corresponden al sector agroalimentario, siendo el aceite de oliva el producto que más está sufriendo durante 2020 el gravamen exportador al país americano, seguido del vino y queso manchego.
Tal y como ha recordado la directora general de Asuntos Europeos, con esta decisión del Comité Europeo de las Regiones se culmina “un trabajo del Ejecutivo autonómico que durante meses ha venido pidiendo medidas compensatorias para un sector estratégico para Castilla-La Mancha”.
