Según esta entidad, Castilla-La Mancha es la región de la zona sur en la que menos desciende la tasa de pobreza y exclusión social (AROPE), tras registrar un descenso de 0,9 puntos. En términos absolutos, en la región viven 647.028 personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social (26,1%), 17.972 menos personas con respecto al 2021.
Hasta la llegada del covid-19, la región seguía la senda muy adecuada para alcanzar los objetivos de reducción de la tasa AROPE establecidos por la Agenda 2030, pero el impacto de la pandemia desvío este camino y en 2022 en Castilla-La Mancha se registraron unas 180.000 personas en riesgo de pobreza y/o exclusión más de las que correspondería por lo comprometido en la Agenda 2030, han alertado.
“Si en Castilla- La Mancha no existiese ningún tipo de transferencia pública estatal, la tasa de riesgo de pobreza crecería 23,0 puntos porcentuales, mientras que, si sólo hubiese pensiones por jubilación y supervivencia, el incremento sería de 8,7 puntos. A su vez, en Castilla-La Mancha la pobreza severa casi se multiplicaría por cuatro si el Estado no cumpliese su labor redistributiva (32,9 %) y sería de cerca del doble si sólo hubiese pensiones públicas por jubilación (16,0 %)”, han destacado desde EAPN.
Castilla-La Mancha es la región donde más crece el número de hogares (4.000 nuevos hogares) con muy Baja Intensidad en el Empleo, “lo que refuerza la necesidad de avanzar en la creación de empleo de calidad, puesto seguimos sin reducir la brecha de renta media con respecto a la media nacional”.
Asimismo, el número de personas que no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos aumenta de un 35,6% en 2021 a un 36,7% en 2022.
“Al analizar la evolución de estas diferencias, se aprecia su relativa estabilidad a lo largo de la serie histórica, lo que muestra la gran importancia de la acción activa de las administraciones y el despliegue de planes y estrategias regionales en el sostenimiento de las condiciones de vida de las personas y la reducción de la pobreza y las desigualdades en la región”.
Según mantienen desde EAPN, el año pasado se detectó un incremento del impacto de las transferencias, gracias a la implementación de las medidas incluidas en el Escudo Social. Este efecto se ha mantenido en 2022 gracias a la continuidad dada a parte de las políticas impulsadas.
PRIVACIÓN MATERIAL SOCIAL SEVERA
Pese a la mejora generalizada en todas las regiones, se mantiene la constante norte-sur y se han incrementado algunos indicadores de Privación Material Social Severa. El más evidente corresponde a la pobreza energética. En la región aumenta de un 13,6% a un 19,8% el número de personas que no tiene capacidad de mantener su vivienda con una temperatura adecuada.
“Con la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales, desde EAPN-CLM consideramos más necesario que nunca el compromiso de los partidos políticos en la lucha contra la pobreza y /o exclusión social que viven más de medio millón de personas en nuestra región. Hemos reclamado que acabar con la pobreza y con la exclusión social sea la materia central en una estrategia de región y que podamos llevarlo a la realidad con una serie de propuestas viables y medibles, a corto y medio plazo”.
ESTADÍSTICA NACIONAL
Tras alertar de que España debería tener 2,1 millones de personas menos en situación de pobreza y exclusión social para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el responsable de Investigación de EAPN-ES, Juan Carlos Llano, ha indicado que “para cumplir, deberíamos tener 10,2 millones de personas en AROPE, sin embargo tenemos 12,3 millones, estamos sobrepasados en 2,1 millones”.
Pese a este dato, el informe pone de relieve que la pobreza y la exclusión social se redujeron en todas las comunidades autónomas en el año 2022 con respecto al año anterior. En total, había 12,3 millones de personas en esta situación, el 26% de la población, 800.000 personas menos que el año anterior.
No obstante, la mejora sigue siendo “insuficiente”, según EAPN-ES, pues el país está “aún lejos” de cumplir los objetivos establecidos en la Agenda que, en su meta 1,2, establece que en 2030 se debe haber reducido “al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales”. Para el caso de España, esto significa que en 2030 debería haber como máximo unos 6,6 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión.
Además, el informe constata que se mantiene una “enorme” brecha de desigualdad entre las regiones del norte y el sur de España. Los datos reflejan una división de España en “dos mitades” y, aunque constata “un proceso de reducción” de la desigualdad territorial desde 2016, apunta que “es todavía muy insuficiente” pues las tasas AROPE y de Privación Material y Social Severa (PMSS) regionales más elevadas multiplican por 2,5 y por 3, respectivamente, a las más bajas.
En concreto, el informe destaca que, en 2022, en las regiones del sur, es decir, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, la tasa AROPE alcanzaba al 33,1% de la población residente (cerca de 5,5 millones de personas), cifra que se reduce casi al 20,5% (6,8 millones de personas) para aquellas que viven en la mitad norte del país.
Respecto a la pobreza severa, es decir, las personas que viven en hogares con ingresos inferiores a 6.725 euros por unidad de consumo al año (560 euros al mes), en 2022 había en España un total de 4,2 millones de personas en esta situación, es decir, el 8,9% de la población.
Con respecto a las regiones, la tasa de pobreza severa disminuyó en el último año en la gran mayoría de CCAA, excepto en Navarra, País Vasco y Castilla y León. A pesar de la mejora, en algunas regiones la tasa de pobreza severa afecta a más de una décima parte de su población: Andalucía (14,4%), Canarias (13,2%), Murcia (11,6%) y Extremadura (10,2%).
Atendiendo al indicador de la privación material y social severa, el estudio muestra que cinco comunidades han visto deteriorada su situación: Navarra, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Andalucía. Sin embargo, pese a la mejora generalizada, se mantiene la “brecha” norte-sur.
Por ejemplo, respecto a la capacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada, en 2022, un 17,1% de la población nacional se encontraba en esta situación, frente al 14,3% de 2021 y 10,9% en 2020. Todas las comunidades autónomas a excepción de Aragón, la Región de Murcia y La Rioja han empeorado su situación, siendo Extremadura y Andalucía las que presentan unas cifras mayores, con el 23,1% y el 21%, respectivamente.
ACCIÓN DEL ESTADO
Respecto al valor de la tasa de riesgo de pobreza real y el que existiría en una sociedad sin acción del Estado, el estudio se desprende que, si no hubiera ninguna transferencia pública a los hogares, ni las que corresponden a pensiones, el 44,5% de la población española estaría en riesgo de pobreza, unos 11,3 millones de personas pobres más de las que se registran en realidad.
En términos de la tasa de riesgo de pobreza, EAPN-ES destaca que en Cantabria, Baleares, Galicia, Canarias, Extremadura y País Vasco, las transferencias reducen entre un 30% y un 39% el valor que tendría la tasa de pobreza si no existieran esas aportaciones; mientras que en la Comunidad de Madrid, Castilla y León, La Rioja, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía, las transferencias la reducen entre un 21% y un 25%.
