El Gobierno de Castilla-La Mancha ha remitido al Ministerio de Transición Ecológica –dentro de la Consulta Pública previa a la aprobación del Real Decreto de modificación de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura– un documento técnico sobre las necesidades que, a juicio de la Comunidad Autónoma, se tienen que cubrir con dicha modificación.
El documento recoge también el aval institucional y de la sociedad de la región a esos argumentos, explicitado en dos resoluciones aprobadas el pasado jueves por las Cortes regionales de forma conjunta, así como en los acuerdos alcanzados en el seno del Pacto Regional del Agua, entre otras consideraciones.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, tras dar cuenta de ello este jueves al presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha informado en rueda de prensa de la propuesta elevada al Gobierno de España, del que esperan que ahora «cuanto antes» inicie el proceso de información pública «para que realmente veamos que se está avanzando y se cumplen los plazos establecidos, que en este momento ya están más que cumplidos».
Las propuestas «técnicas», como ha recalcado la titular de Desarrollo Sostenible, «se basan fundamentalmente en que se tienen que respetar en todo momento las disposiciones del Plan Hidrológico de la Demarcación Española del Tajo en lo relativo al establecimiento de caudales ecológicos», objetivo que requiere «que haya más agua desembalsada por los embalses de cabecera», y cumplir las cinco sentencias del Tribunal Supremo sobre el establecimiento de esos caudales ecológicos.
