El fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, ha presentado la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2019 en sede parlamentaria, y en cuanto a los datos de criminalidad ha destacado el “importante repunte e incremento de todos los indicadores relacionados con la violencia de género”.
En la rueda de prensa previa a su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Generales del Parlamento castellanomanchego, ha puesto como ejemplo la estadística de órdenes de protección a mujeres, que se elevaron de 1.165 en 2018 a un total de 1.600 el pasado año, un 37% más.
En su opinión, este dato tiene “una doble lectura” que se debe no solo al aumento de casos de violencia machista sino también al “aumento del trabajo judicial y por el afloramiento de casos que en ejercicios anteriores permanecían ocultos”.
“Pensamos que se debe a una mayor implicación de las víctimas y confianza en el sistema que les lleva a denunciar los hechos y solicitar medidas”, ha apuntado, indicando que se han instalado 136 dispositivos de control telemático.
“INQUIETANTES” DATOS DE HOMICIDIOS Y ASESINATOS
Martínez ha expuesto los “inquietantes” datos en cuanto al aumento de homicidios y asesinatos registrado en 2019. Asi, fueron un total de 53, “cifra que comparada con años precedentes sitúa a 2019 muy por encima de la media aritmética del último quinquenio”.
Ha destacado en todo caso la “estabilidad” en cuanto al número de diligencias abiertas en 2019 por delitos como los de lesiones, a lo que ha sumado la “senda de descenso” en los registros de algunas figuras como los delitos contra la libertad sexual, acoso, agresión o delitos contra los menores de 16 años.
Por contra, sí que se contemplan aumentos superiores al 20% en otras figuras como la usurpación, con 800 casos en total en los términos de usurpación de inmuebles o estado civil.
En cuanto a otras modalidades delictivas, descienden los casos de tráfico de drogas, hacienda pública, orden público o atentado a la autoridad; y aumentan delitos de ordenación del territorio, intimidad, inviolabilidad del domicilio o contra las relaciones familiares.
MÁS JUICIOS RÁPIDOS
Ha expuesto igualmente el fiscal que hay un ascenso muy significativo del aumento de juicios rápidos durante 2019, más de un 10%. Una tasa que se supera en todas las provincias, lo que hace que los juicios rápidos se celebren en un número superior a procedimientos abreviados. Esto es “una buena noticia” por la “agilización de la justicia penal”, tal y como ha apuntado.
De otro lado, ha explicado que el total de delitos leves se ha ido por encima de los 16.000, lo que supone un 8% más, un número similar.
En cuanto a los sumarios relacionados a penas de más de 9 años de prisión, Martínez ha concluido que el número total llegó a 87 en 2019, cifra muy superior a los 72 incoados en el año anterior, y mucho más en cuanto a la media de los últimos cinco años, lo que además “contrasta con el descenso a nivel nacional”. Ha este dato ha añadido los 15 juicios con jurado popular celebrados en territorio castellanomanchego.
PIDE REFORMAR LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
El sistema español no ha conseguido actualizar la ley de Enjuiciamiento Criminal de 1982, años posteriores a la “revolución gloriosa” de 1980, años en los que vieron la luz “grandes textos legislativos que han regido a España”.
Aunque otros textos como el Código Civil han sido “muy reformados” a lo largo de los años, hay otras normativas más “petrificadas”, como la de Enjuiciamiento Criminal, “una norma parcheada con tres proyectos de reforma global”, que no han llegado a buen puerto.
Dentro de las “perplejidades” del sistema actual, “no tiene un sujeto claro para la investigación de los delitos”. “Diríamos que los investiga el fiscal con la policía o Guardia Civil. Pero fíjense, las diligencias de investigación que incoan los fiscales son 600, un número menor que las diligencias de juzgados, que son más de 60.000”.
Por ello, y en su opinión, debería haber “un protagonista único y visible como destinatario de todas las denuncias”, tal y como ha expuesto.
Como otros datos elevados en sede parlamentaria por el fiscal superior, se han dictado más de 10.000 actas de acusación por parte de los fiscales, se han celebrado un total de 5.600 juicios –150 por fiscal–, y un 73,5% de las sentencias dictadas son condenatorias.
