La Policía Nacional ha intervenido más de ocho toneladas de productos nutricionales y cerca de 400 kilogramos de medicamentos ilegales, según han indicado en un comunicado. Además, se ha desmantelado un laboratorio ilegal de medicamentos y se ha cerrado uno legal por las graves deficiencias sanitarias que presentaba.
Un total de 24 personas han sido detenidas. Para la explotación de la operación se ha contado con la colaboración de las autoridades sanitarias y de nutrición tanto estatales como de las comunidades autónomas en las que se ha actuado.
Los detenidos pertenecían a una organización compuesta principalmente por dos grupos delictivos entrelazados entre sí. Centraban su actividad, en primer lugar, en traficar con los productos, sobre todo anabolizantes, que provenían del extranjero. En segundo lugar, se dedicaban a estafar a los compradores de productos nutricionales.
Para ello, tras contactar con proveedores mayoristas, crearon su propia marca de proteínas y, previo concierto con el suministrador, alteraban el contenido de las mismas, llegando incluso a incluir trazas de medicamentos, con el consecuente riesgo para la salud de los que la consumirían.
Además, fabricaban y preparaban productos «naturales» conteniendo sustancias medicamentosas con un producto que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios retiró del mercado en 2013 por el grave riesgo que su ingesta causa para la salud.
Las investigaciones comenzaron cuando los agentes recibieron una comunicación procedente de la Agregaduría de Bulgaria en España, en la que indicaban que se había detectado la remisión de una gran cantidad de anabolizantes vía empresa de paquetería a la zona de Cádiz. En ese momento se inició la práctica de diligencias con el objetivo de comprobar estos hechos.
Más de una decena de puntos de venta
Tras un primer análisis de los datos aportados, se observó que guardaban relación con otras informaciones que ya obraban en poder de la Policía Nacional y que vinculaban a algunos de los receptores de los productos con una franquicia de tiendas de suplementación, la cual no tenía presencia únicamente en Cádiz, sino que en un corto periodo de tiempo se había expandido a otros puntos de Málaga y Granada.
Llegaron a tener más de una decena de puntos de venta que, tras la realización de una ingente cantidad de vigilancias y seguimientos, permitieron comprobar que eran utilizadas como plataforma de distribución de medicamentos, anabolizantes y hormonas.
Así, según avanzaba la investigación, y aunque en un primer momento se centró únicamente en el grupo vinculado a la franquicia, dedicado a la adquisición, almacenamiento y venta de productos anabolizantes, se pudo observar cómo también vendían un producto etiquetado como natural que en realidad contenía la sustancia medicamentosa retirada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Tras tener conocimiento de que se estaba vendiendo este producto, los esfuerzos policiales se centraron en localizar el origen del mismo. De esta manera, se localizó un segundo grupo organizado cuya sede se situaba en Toledo y que contaba con conexiones en Badajoz. Este grupo fabricaba y comercializaba a través de dos empresas, las cuales cubrían el proceso de elaboración al completo, desde la síntesis del principio activo hasta su envasado, incluyendo el etiquetaje y su venta en tiendas de suplementación deportiva.
Estas mismas empresas producían también otros productos nutricionales, como proteínas y creatina, entre otros, bajo demanda y con las especificaciones de composición solicitadas por los distintos clientes, generalmente con calidades muy por debajo de la que constaba en las etiquetas. Entre los clientes de estas empresas fabricantes, se encontraban las marcas propias creadas por la cadena de tiendas de la franquicia investigada.
Debido a desencuentros en los precios y pagos de estos productos de suplementación deportiva entre las dos organizaciones, se desplazó la producción de los productos de la franquicia a la provincia de Alicante, más concretamente a una empresa donde pretendían seguir con la misma operativa.
Dentro de la investigación, se localizó un punto de venta de en la localidad tarraconense de Reus, donde se constató que también se dedicaban a la venta de productos anabólicos.
Durante la explotación de la operación policial fueron detenidas 24 personas, diez de ellas en la provincia de Málaga, siete en Cádiz, cuatro en Toledo y una en las de Alicante, Badajoz y Tarragona. Además, se practicaron 37 registros o inspecciones en las mismas provincias.
En total, los agentes han procedido a la intervención de más de 2.500.000 dosis de productos medicamentosos ilegales (aproximadamente unos 400 kilogramos), toneladas de productos de suplementación deportiva inmovilizados por fraude a los consumidores, 390.000 euros en efectivo, 690.000 euros bloqueados en cuentas bancarias, 24.000 euros en distintas criptomonedas, cuatro vehículos intervenidos, 53 vehículos inmovilizados y 25 propiedades inmovilizadas. Ha aflorado un patrimonio total de los investigados de aproximadamente 7.500.000 euros.
A los detenidos se les imputa un delito contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, delito contra los consumidores y falsedad documental.
