Castilla-La Mancha cuenta con 30.000 hectáreas de semilla certificada, fundamentalmente en cultivo de cereal y oleaginosa, cuya utilización repercute “en que las explotaciones puedan ser o no rentables”.
Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en la inauguración del desayuno informativo organizado por ANOVE-GESLIVE, ASAJA, Cooperativas Agro-alimentarias de España y UPA en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, donde se ha presentado el Convenio de Acondicionamiento de Grano.
Martínez Arroyo ha puesto en valor la divulgación del mismo, a través del cual se beneficiarán a todos los agricultores de la región en el acceso a semillas certificadas.
Política Agraria Común
De otro lado, ha incidido en la necesidad de que se combata a nivel nacional la defensa de los agricultores y ganaderos de España y particularmente de Castilla-La Mancha en las negociaciones de la Política Agrícola Común para el periodo 2021-2017 para el que se ha planteado, desde la Comisión Europea, un borrador con reducciones significativas en el presupuesto.
Martínez Arroyo ha incidido en que nos encontramos en un “momento crucial”, ante una propuesta de presupuestos reducida que “hay que combatir” y para ello es preciso que exista una “consenso entre las fuerzas políticas” como el alcanzado en las Cortes de Castilla-La Mancha que permita defender una “posición a nivel nacional”.
El consejero ha insistido en que “ahora toca defender con uñas y dientes el presupuesto de la PAC y que al menos lo sea como mínimo como ha sido hasta ahora y que los agricultores y ganaderos de nuestro país y en particular los de Castilla-La Mancha, no pierdan ni un solo céntimo”. Y es que, ha dicho, esta política comunitaria es la que consigue que “nuestro medio rural siga estando vivo”.
De esta forma, ha resaltado que los agricultores y ganaderos “son el eslabón más débil” de la cadena agroalimentaria y “necesitan del apoyo del resto”, por lo que, entre otros aspectos, hay que, ha dicho, apostar por un modelo que dé garantías, como la de la seguridad alimentaria a los propios consumidores.
Y ese modelo, ha recalcado, es el de la Política Agrícola Común, donde el 30 por ciento de las rentas de los agricultores y ganaderos provienen de estas ayudas comunes.