El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido ante la Comisión Europea la creación de una regulación que proteja las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGPs) para productos industriales y artesanales. Ha sido en el procedimiento de consulta pública de la Comisión, en el que el Ejecutivo presidido por Emiliano García-Page ha participado a través de la Dirección General de Asuntos Europeos.
Tal y como apuntó la directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, con esta posición del Ejecutivo regional, que ha sido consensuada con el sector artesano e industrial de la Comunidad Autónoma, el Gobierno muestra su apoyo la futura regulación, insistiendo en la necesidad de que los productos no agrícolas adquieran una regulación a nivel europeo con la que se pretende defender de las falsificaciones a productos emblemáticos de la región como son la cuchillería de Albacete; la cerámica de Talavera y Puente del Arzobispo; la espada y el damasquinado toledano; los encajes de Almagro; el mimbre de Cuenca o Priego; o el oficio de Lagartera.
“Esta regulación supondría, entre otros factores, una mayor seguridad jurídica tanto a los productores como al consumidor, reconocer el valor añadido del producto, así como su valor comercial y cultural y proteger a los productores de las falsificaciones y la competencia desleal”, señaló Marco.
Es por ello que desde Castilla-La Mancha se está trabajando intensamente por conseguir que se regule la protección jurídica de las IGP industrial y artesanal, de manera que estos productos gocen de la misma protección y reconocimiento que los productos agrícolas, lo que, además de beneficiar a los artesanos y productores, “supondría un beneficio para el turismo, el comercio y la promoción del territorio, revitalizando las zonas rurales de nuestra región y potenciando su patrimonio cultural”.
Costes de gestión reducidos
En la misma línea, el Gobierno regional aboga en su participación en la Consulta Pública de la Comisión Europea por que los costes de gestión y tramitación del proceso sean reducidos, carga burocrática a la hora de que los productores y artesanos soliciten el reconocimiento como IGP no agrícola se simplifique, así como por la existencia de dos fases de registro para los productos y la verificación de la calidad del producto y el cumplimiento de los requisitos por parte de agencias extremas, vinculadas o dependientes a la Comisión Europea.
Antecedentes recientes
La Comisión Europea anunció hace unos meses la elaboración del Plan de acción en materia de propiedad intelectual e industrial, dentro del cual se está examinando la posibilidad de crear un sistema de protección de las indicaciones geográficas de la UE para los productos no agrícolas.
En este sentido, se realizó un primer período de consulta, denominado ‘Hoja de Ruta’ en el que Castilla-La Mancha presentó sus observaciones durante el pasado mes de diciembre, toda vez que se logró que la Comisión publicara, como parte de las actividades por el Día de la Propiedad Intelectual, un video de Aprecu sobre el sector de la cuchillería en Albacete.
Tras ello, el Gobierno regional ha mantenido sendas reuniones con las asociaciones de APRECU (Asociación de Cuchillería y afines) y Fracaman (Federación Regional de Organizaciones Provinciales de Gremios Artesanos de Castilla-La Mancha), así como con la asociación francesa Afigia (Asociación Francesa de Indicaciones Geográficas Artesanales e Industriales) para conocer los intereses del sector en la región, y la experiencia de ésta última en la materia.
Además, el Gobierno regional participó también a través de la Dirección General de Asuntos Europeos en el evento organizado por el Comité de las Regiones para preparar el futuro dictamen del Comité de las Regiones de la UE sobre IGP industriales y artesanas, que está previsto se celebre en el Pleno de octubre.
En fechas recientes tanto la directora General de Asuntos Europeos como la directora de Turismo, Comercio y Artesanía, Ana Isabel Fernández Samper, se reunieron con la jefa de Unidad de Economía Intangible de Dirección General de Crecimiento de la Comisión Europea, Claudia Martinez Félix, para trasladar a la Comisión de primera mano las reivindicaciones e intereses de Castilla-La Mancha en materia de estas Indicaciones Geográficas Protegidas no agrícolas.
