El Gobierno de Castilla-La Mancha defenderá la convergencia de los pagos a la renta por explotación entre cultivos de similares características y limitaciones en las ayudas que reciben los grandes latifundios para favorecer a los pequeños agricultores profesionalizados a través de la futura Política Agraria Común. La intención es ganar en “equidad y justicia”, y existen buenas expectativas.
En medio del estudio de la PAC propuesta por la Comisión Europea y de la elaboración del plan estratégico nacional para su aplicación, la directora de Agricultura y Ganadería de Castilla-La Mancha, Cruz Ponce, insiste en la eliminación de los “derechos históricos” que hacen que el valor medio de los derechos de pago básico asignados a las explotaciones de la comunidad autónoma esté por debajo de la media en España.
Mientras que el valor medio de los derechos de pago básico en Castilla-La Mancha por hectárea son 104 euros, en España la cifra asciende a 144 euros. Castilla-La Mancha, y otras regiones como Aragón y Castilla y León, son las más desfavorecidas, frente a otras como Andalucía, que tiene derechos de pago básico superiores a los 200 euros.
Eliminar las diferencias entre comunidades autónomas
Según explica la directora general, “el objetivo es conseguir que todas las explotaciones que tienen los mismos cultivos, independientemente del sitio donde se ubiquen, cobren la misma cantidad de pagos a la renta”. Ponce considera que “no puede ser que agricultores que cultivan lo mismo no tengan derecho a las mismas ayudas”.
Cabe destacar que esta desigualdad se ha materializado sobre todo en la última PAC, tras la orden de la Comisión Europea de tender a la convergencia entre zonas y cultivos. En España, en vez de hacer una sola media, según explica Cruz Ponce, “se crearon 50 regiones de convergencia”, según tipo de cultivo y comunidad autónoma.
Castilla-La Mancha partía de una media de derechos de pago por debajo que otras comunidades autónomas, de manera que al aplicar la convergencia quedó muy descolgada.
Ahora, la Junta defiende que solo haya cinco regiones, que no estén marcadas por las comunidades autónomas, de manera que faciliten una revalorización de las tierras más infravaloradas con el sistema actual. Serían regiones marcadas por el tipo de cultivo: herbáceos de secano, leñosos de secano, herbáceos de regadío, leñosos de regadío y pastos.
Un “techo” para los latifundios
De acuerdo al principio de equidad, “de dar más al que más falta le hace”, otra de las medidas que defenderá el Gobierno regional será aplicar un “techo” para las ayudas que reciben las grandes explotaciones y que en la actualidad prácticamente es inexistente. El techo que propone la Comisión Europea está entre los 60.000 y los 100.000 euros.
La Dirección General de Agricultura y Ganadería defiende fijar el techo en el menor valor, es decir, 60.000 euros, y va más allá al proponer que el dinero que dejarán de cobrar los latifundios sirva para impulsar a los pequeños agricultores profesionales, aquellos que obtengan al menos el 50 por ciento de sus ingresos del campo.
La intención es aumentar la “hucha para los pequeños agricultores profesionales”. Cruz Ponce destaca que el Gobierno de Emiliano García-Page apuesta por “una política agraria común social y equitativa”, ya que las explotaciones grandes “se benefician de las economías de escala” y por eso tienen menos costes.
La defensa de los pequeños agricultores
Así pues, la directora general destaca que “hay que defender a las personas que viven de la agricultura”, que según añade, “son las que viven en el campo, en el mundo rural, y cuidan el medio rural”. “Son los que más dependen de las ayudas y los que más las necesitan”, señala Ponce.
En estos meses, el Consejo Europeo tiene que cerrar el marco financiero plurianual que marcará el presupuesto que la Comisión Europea tendrá para desarrollar la PAC. La nueva Política Agraria Común debería estar para 2021, pero Cruz Ponce prevé que no llegará hasta 2022 o incluso 2023.
De forma paralela, el Gobierno de España desarrolla en coordinación con las comunidades autónomas el plan estratégico nacional, que incluirá las condiciones específicas para desarrollar la PAC. La intención es terminarlo a principios de 2021 y empezar a preparar su aplicación una vez que la Comisión Europea lo apruebe.
Lo que es la PAC para el campo
En este sentido, la directora general de Agricultura y Ganadería aprovecha para recalcar que “la PAC es una ayuda capital, esencial y totalmente necesaria”. Por un lado, según explica, “porque los agricultores son los que tiran del medio rural y de las tierras, son los que mantienen vivo el sistema económico en el mundo rural”, y luego, porque “la agricultura es una actividad fundamental para la vida humana”.
Los agricultores sufren unas dificultades en la actividad económica que hacen que las administraciones tengan que impulsarla. En el mercado de alimentos, los agricultores, que en general están muy atomizados, tienen “poco poder de negociación” en la fijación de los precios frente “a las grandes industrias de distribución”.
Además, Cruz Ponce expresa que la agricultura es “una actividad sensible”, dependiente de la meteorología, del tiempo, la tierra, de las plagas. Todo esto hace necesario el apoyo, y como apunta la directora general, “las ayudas a las rentas han asegurado tanto el mantenimiento de la actividad agraria, como que los alimentos conserven precios asequibles para el consumidor a pesar del aumento de los costes”.
Otras herramientas para garantizar el futuro de la agricultura
A raíz de las últimas movilizaciones del sector del campo, Cruz Ponce admite que “los agricultores tienen toda la razón del mundo al pedir un precio de venta por encima de los costes de producción”. “Han aumentado los costes y los precios están igual o por debajo, por lo que es una cuestión que hay que atajar”, comenta.
La PAC es una de las medidas que favorecen al sector, pero no es la única herramienta con la que cuenta la Administración. Por eso, Cruz Ponce señala que “hace falta una mejora paulatina de la Ley de la Cadena Alimentaria”, sobre todo para controlar la venta de productos por parte del agricultor, para que pueda saber el precio a recibir y para que exista un periodo mínimo de cobro.
Ahora bien, también indica que hay que trabajar en otras cuestiones, por ejemplo, en la potenciación del asociacionismo entre los agricultores. En Castilla-La Mancha existen 150.000 explotaciones agrarias, de las 700.000 que hay en España, y Cruz Ponce destaca que “es importantísimo que los agricultores se asocien y que las cooperativas sean cada vez más grandes, porque así tendrán más poder de negociación en los precios”.
