La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha explicado en la reunión mantenida con la ministra de Igualdad, Irene Montero, y sus homólogas y homólogos del resto de comunidades, las principales medidas que ha tomado el Gobierno de Castilla-La Mancha desde el inicio de la pandemia en materia de violencia de género y de protección de las mujeres víctimas de la misma.
En primer lugar, gracias a los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género, a finales de marzo se puso en marcha un recurso de acogida extraordinario con el que se ha dado respuesta a la necesidad planteada por el incremento de la violencia de género que implicó el confinamiento, ha informado la Junta en nota de prensa.
En segundo lugar, la representante del Gobierno regional ha explicado el Decreto para el desarrollo del programa de intervención social ‘Libres’, dirigido a mujeres víctimas de explotación sexual y puesto en marcha el pasado mes de junio para responder a la situación de abandono en la que quedaron miles de estas mujeres durante el confinamiento. “Se trata de un proyecto que nos permite, gracias a las entidades del Tercer Sector Social, llegar a estas mujeres porque de otra manera sería imposible. Hasta ahora hemos alcanzado ya a 250 mujeres y tenemos previsión de llegar a 600”, ha detallado Blanca Fernández.
Para finalizar este punto, la consejera de Igualdad ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha decretó el 21 de agosto el cierre de prostíbulos y clubes de alterne y, en ese sentido, ha pedido al Gobierno de España una legislación para todo el territorio nacional “que proporcione los instrumentos y la seguridad jurídica necesaria para poder hacer efectivos esos cierres”.
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Por otro lado, durante la reunión se han abordado algunas otras cuestiones relacionadas con la labor de los cuidados y la conciliación. Por parte de Castilla-La Mancha, la consejera de Igualdad ha expuesto las principales políticas que viene desarrollando el Gobierno de Emiliano García-Page para dar respuesta a las necesidades de conciliación de las familias, unas políticas en las que invierte cerca de 500 millones de euros.
Esta cantidad permite, entre otras cuestiones, financiar íntegramente o en parte el 66 por ciento de las plazas de escuelas infantiles que hay en la región, becar a 25.000 estudiantes en comedores escolares “o invertir 447 millones de euros en el sistema de la dependencia de los cuales, el 69 por ciento lo aporta la Junta de Comunidades, el 16 por ciento el Estado y el 15 por ciento los usuarios. De manera que he reivindicado la necesidad de actualizar la financiación en el sistema de la dependencia para que sea más justa”, ha demandado la consejera.
Respecto a la propuesta de la ministra de Igualdad de universalizar la educación de 0 a 3 años, Blanca Fernández ha manifestado su conformidad, pero también ha pedido la financiación necesaria para poder llevarla a cabo como vía para “garantizar que la ciudadanía tenga los mismos derechos al margen del lugar en el que viva”.
Para finalizar, la consejera ha explicado que Castilla-La Mancha ha tomado medidas dirigidas a las personas trabajadoras que tienen que reducir su jornada por motivos de conciliación a causa de la COVID, que tienen que contratar a personas cuidadoras o para reforzar esos contratos. Se trata de una buena práctica que, en opinión de la consejera, debe ser homogénea en todo el país, para lo cual ha pedido que el plan MECUIDA del Ministerio de Trabajo esté acompañado de este tipo de ayudas de compensación de renta o que favorezcan la contratación de personas cuidadoras “para asegurar que esté garantizado ese derecho en todo nuestro país”.
