El Gobierno de Castilla-La Mancha, ante la problemática que sufren muchos municipios de la región, ha dado un ultimátum al Gobierno de Pedro Sánchez para que actúe contra la okupación de viviendas. Le ha marcado el mes de diciembre como plazo máximo para que haga movimientos legislativos, aunque admite que se trata de una cuestión «incómoda» para la coalición de Gobierno, dada la postura de Podemos.
Así lo ha avanzado la portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles para dar cuenta de los acuerdos aprobados esta semana por el Consejo de Gobierno, marco en el que ha explicado que el plazo de diciembre no es casual, pues en esa fecha se cumple un año desde que las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaran la Proposición de ley contra la okupación ilegal de viviendas, con la que el Ejecutivo regional planteó este debate a nivel estatal sin que la administración estatal se haya mostrado receptiva.
Tras admitir que en este tiempo «no ha habido» reacción alguna por parte del Ejecutivo central, ha reconocido que se trata de un debate «poco cómodo» para el Gobierno de coalición, dada la postura que Podemos ha fijado en esta cuestión.
«Sabemos la posición que ha mantenido Podemos y las plataformas de las que proviene Podemos. Es un contexto distinto donde los desahucios eran un auténtico problema para este país, pero ahora estamos en otro contexto y las leyes se deben adaptar a los problemas sociales del momento. No se puede vivir permanentemente del pasado y hoy hay que dar respuesta a un problema real, que es de hoy», ha insistido la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Fernández ha indicado que esta cuestión, para el Gobierno castellanomanchego es «prioridad, habida cuenta de que muchos municipios de la región se ven afectados por una realidad delictiva». «Hablamos de mafias que se dedican a alquilar y realquilar viviendas que no son suyas, obteniendo lucro de la propiedad privada, y provocando que en muchos barrios haya tráfico de drogas, delincuencia, inseguridad ciudadana y tensiones vecinales», ha relatado Fernández.
De ahí que el Ejecutivo de García-Page haya dado una fecha límite para que esa cuestión sea tomada «en serio», advirtiendo de que es «fácil caer en la tentación de que esta ley es política de fachas y conservadora».
«Nada más alejado de la realidad. Pretende proteger a quien con esfuerzo se ha comprado una vivienda, la ve okupada y no tiene mecanismos para echar a esas personas», ha defendido la también consejera de Igualdad, que ha añadido que la norma pretende, asimismo, dar cobertura a los ayuntamientos que sufren inseguridad ciudadana y problemas de convivencia para que puedan actuar «contra las mafias y la okupación organizada como sistema de delincuencia».
