Castilla-La Mancha se situó en el año 2020 como la región en la que los perceptores de ayudas de urgencia recibieron una mayor prestación, con 1.210,7 euros de media, según la Asociación de directores y gerentes en Servicios Sociales.
Además, la Asociación ha indicado que un 3,1% de la población castellanomanchega tenía carencias materiales severas, la tercera región de toda España con menor porcentaje. De este grupo de población, el 23,9% fueron perceptores de alguna ayuda. Por su parte, el 0,7% de la población de la Comunidad Autónoma fue perceptorea de ayudas de urgencia.
Por otra parte, Castilla-La Mancha dedicó 8,97 euros por habitante a sufragar este tipo de ayudas, así como 290 euros al año por cada habitante con carencias materiales severas.
DATOS NACIONALES
A nivel nacional, la Asociación de directores y gerentes en Servicios Sociales han instado al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para agilizar las ayudas de emergencia social que ofrecen los servicios sociales de las entidades locales y que en 2020 percibieron un total de 1.428.216 personas en España (3% de la población). Estas ayudas están destinadas a cubrir necesidades básicas como comer, vestirse o pagar el alquiler.
Según la entidad, existen diferencias por territorios en esta cobertura. Así, en La Rioja el número de perceptores (10.808) es superior al de personas con dificultades materiales graves (7.355) y en Cataluña hay cobertura del 91%. Por el contrario, en Galicia solo alcanzan al 2% de su población con dificultades materiales graves, o el 3% en Navarra.
Respecto a la cuantía, las diferencias entre comunidades son también notables y van desde los más de mil euros de media en Castilla-La Mancha (1.210) o Galicia (1.132), a los 91 euros enAndalucía o 177 en Canarias. Según los directores de Servicios Sociales son muchas las entidades locales que han incrementado sus presupuestos destinados a ayudas de urgente necesidad en los dos últimos años, pero «los procedimientos burocráticos y la rigidez de las intervenciones municipales limitan el acceso o retrasan el cobro y, por tanto, la eficacia de las ayudas».
«Hay ayuntamientos que pueden tardar hasta dos meses en dar una ayuda de urgencia social y las trabas a la hora de justificarlas ante la Intervención son dificultosas y humillantes», sostiene el colectivo.
Para los directores y gerentes de Servicios Sociales, la estricta interpretación» de la norma que considera estas ayudas como subvenciones, es una de las causas de esta situación, por lo que urge modificarla o interpretarla de manera menos rigurosa.
Según ha indicado, algunas comunidades autónomas han incrementado esta financiación con procedimientos paralelos y contradictorios para sortear las dificultades burocráticas impuestas por la interpretación de la Ley de Subvenciones por la Intervención General.
Asimismo, reconocen que aunque el Ministerio de Derechos Sociales ha incrementado en 2021 el presupuesto del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales hasta cien millones de euros «la burocracia y el retraso en la transferencia de estos créditos hace que su uso haya sido limitado».
Ante la «angustiosa» situación de las familias y personas gravemente afectadas por la actual crisis, la asociación considera que corresponde al Gobierno adoptar medidas efectivas para que puedan recibir las ayudas necesarias con la inmediatez que su situación requiere. Para ello proponen que las intervenciones municipales no dificulten la ejecución de las ayudas de urgente necesidad y consideran imprescindible y urgente modificar la norma para que queden exceptuadas de la Ley General de Subvenciones, incluyéndolas en su Art. 2.4, todo tipo de Ayudas de Emergencia Social, sea cual sea la causa y sus efectos.
Asimismo, consideran que la intervención General de la Administración del Estado debería enviar una instrucción a los interventores municipales para que agilicen las ayudas económicas de urgencia.
En definitiva, los directores y gerentes plantean la necesidad de derogar el procedimiento administrativo que hace que las ayudas de emergencia social sean tratadas como cualquier subvención (incluso millonaria) a una entidad, y vincular su concesión y pago a procedimientos ágiles basados en la prescripción social facultativa del profesional de referencia de los Servicios Sociales municipales.
