El Gobierno ha declarado como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil a territorios en doce comunidades autónomas que se han visto afectados por fenómenos meteorológicos adversos entre el 16 de septiembre de 2024 y el 24 de marzo de 2025, a excepción de las impactadas por la dana de Valencia, por la que el Ejecutivo ya ha habilitado ayudas «que superan los 16.500 millones de euros».
«Se trata de distintas comarcas de Madrid, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña, La Rioja, Aragón, Baleares y Galicia», ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En ese periodo de seis meses, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha contabilizado un total de 53 episodios en situación operativa máxima de niveles 1 y 2, la mayoría originadas por fenómenos meteorológicos como borrascas, temporales, episodios de lluvias y tormentas que han provocado numerosos daños personales y materiales.
Entre ellos, Marlaska ha citado al episodio de lluvias intensas y nevadas que se vivió entre los días 2 y 5 de marzo en Andalucía, Castilla, León y Murcia, donde falleció una persona. A su vez, ha hablado de cómo la borrasca Jana provocó cuantiosas lluvias en el centro peninsular e incrementos extraordinarios de caudales en los cauces de las cuencas del Tajo, Duero y Ebro entre los días 6 y 11.
Asimismo, las borrascas Konrad y Laurence provocaron intensas nevadas en zonas de montaña de la cordillera Cantábrica y Sistema Central entre los días 12 y 20 de marzo, así como lluvias de intensidad en Murcia y Andalucía, donde se registró el fallecimiento de cuatro personas. Martinho, la última del tren de borrascas de marzo, ha dejado lluvias intensas y continuas entre el 20 y el 24 de marzo que han obligado a seguir desembalsando agua en la mayor parte de los embalses de las cuencas del Tajo, Duero y Guadiana.
«Son episodios que han producido daños personales, también en infraestructuras y en bienes públicos y privados, que justifican la intervención de la Administración General del Estado, con base en el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria, complementando las ayudas que en ejercicio de sus competencias ya han acordado o puedan acordar las administraciones territoriales», ha explicado Marlaska.
