La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha participado este viernes en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que el Ministerio de Juventud e Infancia ha anunciado que ya trabaja en la distribución presupuestaria de los 100 millones de euros destinados a las comunidades autónomas para hacer frente a los traslados de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla.
García Torijano, que ha estado acompañada por la directora general de Infancia y Familia de Castilla-La Mancha, Inmaculada Tello, ha explicado que, según la información facilitada desde el Ministerio, se prevé que los ingresos presupuestarios a las comunidades autónomas se realicen entre finales de noviembre y principios de diciembre.
En este sentido, la consejera ha agradecido “la disposición y el compromiso del Ministerio para avanzar en la coordinación y dotación de recursos”, pero ha subrayado que “es necesario garantizar una financiación suficiente y estable que permita mantener y reforzar los sistemas de protección autonómicos”.
“Los menores no acompañados no llegan a Castilla-La Mancha para dos meses y luego se marchan. Llegan, se quedan y necesitan un plan de futuro que les permita encauzar su vida con dignidad y estabilidad”, ha señalado García Torijano.
Una financiación insuficiente para un sistema al límite
La titular de Bienestar Social ha recordado que, en base a los datos de la comisión delegada previa, Castilla-La Mancha recibiría algo más de cuatro millones de euros, una cantidad que considera “muy insuficiente” para afrontar las necesidades actuales del sistema.
“Estamos prácticamente al 100 por cien de ocupación y necesitamos más recursos para mantener la calidad y la personalización que caracteriza a nuestro modelo de atención”, ha explicado.
García Torijano ha informado de que ya se han derivado hasta Castilla-La Mancha varias decenas de expedientes de menores procedentes de Canarias y Ceuta, habiéndose efectuado algunos traslados efectivos, y ha destacado la colaboración entre comunidades para que las llegadas se produzcan de forma “tranquila y ordenada”.
No obstante, ha insistido en que la financiación debe permitir también planificar a medio y largo plazo: “No sólo debemos atender las necesidades inmediatas, sino acompañar a estos menores en su desarrollo y en su paso a la mayoría de edad”.
Defensa del modelo de protección de Castilla-La Mancha
La consejera ha reiterado que Castilla-La Mancha seguirá defendiendo su modelo de hogares de convivencia pequeños (de entre ocho y diez plazas) y el acogimiento familiar como ejes principales de la política de infancia.
“Nuestro sistema es garantista y apuesta por la desinstitucionalización. No queremos dar pasos atrás. Necesitamos financiación suficiente para seguir ofreciendo una atención personalizada y de calidad”, ha afirmado.
Asimismo, ha solicitado que el Ministerio de Juventud e Infancia mantenga la colaboración con el Ministerio de Hacienda para asegurar que esta línea de financiación continúe más allá de 2025 y con vistas a 2026, evitando poner en riesgo los sistemas autonómicos de protección.
Plan de acción con la Fiscalía
Durante la sesión, Castilla-La Mancha ha solicitado la elaboración de un plan de acción conjunto con la Fiscalía para garantizar que todos los menores trasladados a los recursos autonómicos sean efectivamente menores de edad, evitando posibles casos en los que personas mayores convivan en hogares destinados a menores, petición “que ha sido bien acogida por el Ministerio”, según García Torijano.
