El Gobierno de Castilla-La Mancha espera la convocatoria del próximo Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia con el propósito de “seguir reclamando” la deuda de 450 millones de euros que arrastra el Ejecutivo central con la región en concepto de dependencia.
Así lo ha asegurado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, este viernes a preguntas de periodistas antes de asistir al acto de celebración del trigésimo aniversario de la Residencia ‘Virgen de la Blanca’, ubicada en la localidad toledana de Burguillos.
Además, ha demandado al Ejecutivo central corresponsabilidad financiera y compensaciones a las comunidades “que han tenido pérdidas por la cuantía que han dejado de recibir”, pues “lo que está claro es que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha incrementado cada año la financiación” en esta partida en sus cuentas.
CONFÍA EN LA “SENSIBILIDAD” DEL GOBIERNO
Sánchez ha confiado en la “sensibilidad” del Gobierno de España en materia de atención a dependientes, si bien no ha descartado llevar esta cuestión ante los tribunales. “Podría no descartarse”, ha subrayado.
En cualquier caso, ha recordado que la ley de Dependencia, que entró en vigor en 2007, contempla la “corresponsabilidad” entre las administraciones, de manera de todos los centros y servicios tienen que estar financiados por la Administración central “en una cuantía similar” a la aportada por las comunidades autónomas.
A este respecto, ha resaltado la urgencia de que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, que contemplan más de 500 millones de euros para la dependencia en las regiones, a la vez que ha indicado que la deuda se mantiene desde 2012.
Todo ello repercutirá, ha considerado la consejera, en beneficios para la ciudadanía, en especial los mayores y personas con discapacidad, y en la creación de empleo en las distintas regiones.
En cualquier caso, la titular castellanomanchega de Bienestar Social ha remarcado el compromiso de la Junta de Comunidades con estos colectivos, al financiar 14.400 plazas en residencias públicas y concertadas, siendo “la segunda autonomía de España” en relación a este asunto.
