En el ‘Informe sobre la caza en España’ elaborado por el círculo animalista estatal de la formación ‘morada’ y al que ha tenido acceso Europa Press, apuntan a que esa amplia extensión del territorio destinado al desarrollo de una sola actividad no soluciona los problemas del mundo rural sino que es una merma a las alternativas reales que pudieran “detener el abandono” y la despoblación del mundo rural.
Al respecto, señalan que la actividad cinegética “ni siquiera se incluye entre las 78 medidas del Documento de Acción contra la Despoblación de la Federación Española de Municipios y Provincias(FEMP)” para mitigar la despoblación rural.
A la desproporción entre espacio destinado y número de usuarios, añaden que el número de licencias de caza menor ha descendido un 25% en los últimos cinco años, según datos de la Guardia Civil, mientras que las de caza mayor aumentan un 10%. Esto se debe a que la caza mayor es, según apuntan, asequible solo “para las clases sociales con capacidad económica alta”, y puesto que hoy “los ricos son más ricos”, aumentan las licencias.
Licencias sin examen
Uno de los puntos analizados por Podemos sobre el estado de la caza en España es el de los exámenes que deben superar los que opten a una licencia de caza. Según denuncian desde la formación, sólo se debe pasar un examen la primera vez que se obtiene la licencia, y no hay revisión periódica de conocimientos. En este sentido, añaden además que las preguntas que los aspirantes deben responder, se hacen con información “simple” que no tiene que ver con el uso responsable de las armas o la capacitación psicológica del solicitante.
“Preguntan en qué consiste la acción de cazar, la definición del cazador, nomenclatura de acompañantes en el acto de la caza, requisitos necesarios, tipos de caza, licencias, seguros”, explican, para añadir que una simple búsqueda en Internet facilita la alternativa de la obtención de la licencia sin este tipo de prueba.
A esa posibilidad, la de pagar la tasa y punto, añaden que no se requiere ningún tipo de conocimiento sobre la fauna para obtener la licencia, algo que “entorpece la tarea de poder ayudar al entorno ambiental con esta práctica”.
De 44 a 54 cazadores muertos de media al año
Por otro lado, desde la formación ‘morada’ señalan que al año la media de muertes de cazadores por accidentes devenidos de tal actividad oscila entre las 44 y las 54 personas, mientras que el número de heridos está en la horquilla de los 2.585 a los 5.282. En esa cifra se incluyen tanto a los propios cazadores como a las personas que realizaban alguna actividad en el monte, o a los que han sufrido heridas por cepos o trampas.
A esto suman desde Podemos el aumento de accidentes de tráfico que se derivan de la dispersión de manadas fruto de batidas de caza. Tal y como explican, durante una batida, los ejemplares llegan a dispersarse kilómetros, pudiendo tardar incluso mes y medio en reencontrarse, lo que supone que crucen carreteras y causen accidentes importantes durante mucho más tiempo del estimado por los seguros de accidentes.
En el informe recalcan que estos accidentes de tráfico repercuten “en grandes perjuicios económicos y de la salud de los conductores”, y dan el dato (ofrecido por el Informe del Centro de Estudios Ponle Freno-AXA) de que el número de accidentes de tráfico provocados por jabalíes ha aumentado hasta el 35% frente al 30% que representaban en 2014.
Otro de los puntos del sector analizados por Podemos, arroja que los planes de caza que dictan a qué piezas se puede disparar según zona o territorio, se realizan según el censo redactado por los propios cazadores, “sin ninguna precisión”, cuando debería hacerse según estudios estandarizados y presentarse anualmente actualizados.
A esto, suman que la mayor parte de los cotos existentes en España son privados, un total de 26.951, y ocupan 29 millones de hectáreas. Por comunidades autónomas, la que más superficie dedica a esta actividad es Castilla y León, con más de 8 millones de hectáreas. Castilla-La Mancha y Andalucía dedican 7 millones de hectáreas a este tipo de coto. En el estudio contrastan los datos de la última década, y concluyen que ha habido un aumento de casi cinco millones de hectáreas, por lo que se da un aumento del territorio cinegético del 12%.
Cuatro millones de conejos al año
Según los datos recabados por Podemos, estiman que anualmente se da permiso para cazar 4,4 millones de conejos, 1,4 millones de liebres, 5 millones de perdices, 90.000 ciervos y 3.664 rebecos entre otros. Recalcan que estos números ocasionan “el declive de los predadores naturales”.
Además, denuncian que se introducen en los ecosistemas naturales animales criados adrede para luego darles caza, llegando incluso a mezclar jabalíes salvajes con cerdos con el fin de que sean menos esquivos, tengan mayor tamaño y mayor número de crías. Para Podemos, “mezclar genéticas de diferentes especies deliberadamente debería tipificarse como delito medioambiental”.
En este sentido, denuncian en el documento que “lejos de cualquier criterio de conservación”, el sector cinegético introduce deliberadamente especies no autóctonas en el país para su caza, como son el muflón, el arruí o el gamo.
A esto, suman que se da un trato de favor al sector de la caza por parte de las instituciones, y señalan como prueba de ello que se dan hechos “tan peligrosos como es la reciente reforma de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad por la que se amnistió a algunas especies hasta entonces invasoras, como la trucha arcoiris, la carpa, el cangrejo rojo o el arruí, para su aprovechamiento cinegético y piscícola”.
El informe incide en que si bien los ecosistemas cuentan con sus propios sistemas de autorregulación, los desequilibrios se generan cuando una especie repercute en el hábitat con una velocidad superior a la que ésta puede soportar. Esto ocurre por ejemplo con la suelta masiva de especies de caza menor y la constante reducción de los grandes depredadores. Esas sueltas descontroladas han contribuido y contribuyen a la contaminación genética de especies como la perdiz roja.
5.000 toneladas de plomo
Podemos denuncia además que cada temporada de caza provoca contaminación en los territorios donde se practica ya que quedan en el campo 5.000 toneladas de plomo proveniente de los cartuchos y de la munición usada. A esto, el informe añade los envases desechados en cada tiro. El plomo y los envases “suponen un gran impacto ambiental y la muerte de decenas de miles de aves acuáticas”.
A esto, suman que según datos de la Guardia Civil de los últimos 5 años, el 40% de los perros que sufren maltrato, abandono o robo son de caza. En el transcurso de estos cinco años, un total de 66.242 perros sufrieron algún tipo de maltrato según cifras del Seprona, de los que27.724 son de caza. Resaltan lo llamativo del dato cuando sólo el 1% de la población practica la caza.
Se da la circunstancia de que esta semana el Pleno del Senado instó al Gobierno, con los votos favorables de PP, PSOE, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarra y la abstención de Ciudadanos a poner en marcha un conjunto de medidas para “reconocer, apoyar y respetar” las “tradiciones” de la caza y la tauromaquia en España.
