Castilla y León, con un 9,3; Castilla-La Mancha, con un 8,2 y La Rioja con un 7,1 lideran la clasificación de las comunidades autónomas que mejor atienden a las personas en situación de dependencia, según el XIX Dictamen de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, presentado este jueves 28 de febrero.
Por el contrario, un total de nueve comunidades autónomas suspenden en esta atención, siendo Canarias, Cataluña, Baleares y Asturias las peor valoradas, con puntuaciones que no llegan al tres en una escala sobre diez.
La clasificación se basa en 14 indicadores sobre la implantación y el desarrollo de la Ley para la Autonomía personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia: beneficiarios, solicitudes, lista de espera o ‘limbo’, equilibrio entre prestaciones económicas y servicios, incremento interanual de atendidos, transparencia, información a tiempo real o empleo generado, entre otros aspectos.
A las cuatro autonomías peor valoradas se suma la Comunidad Valenciana (3,5 puntos), las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (3,9), Navarra y Cantabria (ambas con 4,2 puntos) y Murcia (4,6). Aprueban con un 5 Extremadura y Aragón, mientras que Galicia obtiene un 5,3, País Vasco un 6 y las comunidades de Madrid y Andalucía logran un 6,7.
CASTILLA-LA MANCHA, DEL SUSPENSO LA SOBRESALIENTE
En el caso de Castilla-La Mancha, la región vuelve a registrar por tercer año consecutivo un crecimiento de las personas atendidas, en esta ocasión del 12,37 % respecto al ejercicio precedente. En los últimos tres años ha crecido un 57%, situándose como la tercera región con mejor ratio de todo el país con 27,83 atendidos por cada 1.000 habitantes.
Además, el estudio refleja que en este último ejercicio ha conseguido rebajar la tasa de desatendidos al 11 por ciento, situándose por debajo de la media nacional. Igualmente, más del 65% nuevas atenciones se han centrado en servicios de proximidad, resultando una de las pocas comunidades autónomas en las que la ayuda a domicilio se consolida como la principal prestación de su cartera de servicios.
El sistema de la dependencia genera ya en la Comunidad Autónoma 15.420 puestos de trabajo directos, habiéndose creado en los últimos tres años más de 5.557 nuevos empleos.
El informe recoge, igualmente, que la Junta de Comunidades aporta al sistema de la dependencia más de 331 millones de euros, lo que viene a representar el 83 por ciento del gasto público.
En cuanto a la evolución de las puntuaciones, desde diciembre 2008 a la actualidad, la región alcanza en diciembre de 2018 la mayor puntuación, similar a la de diciembre de 2017. El ejercicio 2014 cerró con la peor de ellas en este periodo, con un 5 por ciento.
DESIGUALDADES
“Siguen existiendo grandes desigualdades entre territorios, tanto encobertura como en modelos de gestión”, señalan los autores de este dictamen, que destacan que Andalucía y Cataluña representan el 60% de la lista de “desatención” y además la comunidad catalana tiene a un tercio de las personas dependientes con el derecho reconocido sin prestaciones o servicios. Este último dato contrasta con Castilla y León, donde sólo el 1,6% de los dependientes se encuentra en este “limbo”.
En general, el informe señala que durante 2018 la mayoría de los parámetros de gestión del Sistema de Dependencia –personas atendidas, reducción de lista de espera, incremento de solicitudes, valoraciones y de servicios y prestaciones entregados– han mejorado, pero que, igual que en los últimos años, “este progreso ha sido a base de servicios de menor coste dirigidos a los dependientes con Grado I (moderados) y al esfuerzo financiero de familias y administraciones autonómicas”.
LOS BENEFICIARIOS SUPERAN EL MILLÓN
Del dictamen destaca que hay 1,3 millones de personas con la situación de dependencia reconocida, de las que 1.054.000 ya están siendo atendidas, casi 100.000 más el año anterior. Un tercio de estas personas son mujeres (65%); casi tres de cada cuatro personas atendidas (72,2%) son mayores de 65 años, y más de la mitad (54,5%) tienen más de 80 años.
Sin embargo, continúan miles de dependientes en el “limbo”, pues no reciben ningún servicio ni prestación al que tienen derecho por ley. Esta lista alcanza a 250.000 personas (el 19,2% del total) y, aunque se ha reducido en 60.000 personas en el último año, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales advierte de que a este ritmo se tardarían más de tres años en acabar con esta situación.
100.000 GRANDES DEPENDIENTES SIN ATENDER
Además, sostiene que resulta “lacerante” que cuatro de cada diez personas desatendidas (40% del total) son dependientes con Grados II o III (severos y grandes dependientes), un grupo de casi 100.000 personas. Esta organización advierte de que quienes más necesidades de atención tienen son quienes menos reducen la lista de espera.
En este sentido, explica que las comunidades autónomas han optado por atender a aquellos que pueden reducir este limbo con menores costes y que prueba de ello es que el coste medio por dependiente se ha reducido un 20,8% en una década, ya que ha pasado de 7.687 euros en 2009 a 6.087 euros en 2018.
En cuanto al empleo vinculado al Sistema de Dependencia, el informe señala que hay casi 29.000 más en 2018 respecto del año anterior, hasta los 247.114 empleos y que la tasa de retorno es de 40%. Según los autores, si se atendieran ya a las 250.000 personas en lista de espera, se generarían más de 56.000 nuevos empleos directos.
EL ESTADO “INCUMPLE” LA LEY
El documento, como en ediciones anteriores, vuelve a señalar que el gasto público destinado a la Dependencia se distribuye “incumpliendo” lo previsto en la ley (50%), debido al modelo de financiación y a las “reducidas y recortadas cuantías del ‘nivel mínimo’.
En este sentido, señala que la Administración General del Estado aportó en 2018 el 20,3% del gasto público y las comunidades autónomas el 79,7% restante y cifra en 3.154 millones “recortados” desde 2012 hasta 2018 por la disminución de la financiación a las comunidades autónomas.
