CCOO Castilla-La Mancha ha pedido la consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno regional, Ángel Felpeto, “cambiar el rumbo de la Formación Profesional” en la Comunidad Autónoma, reclamando que se ponga en marcha “cuanto antes” un plan específico con inversión y recursos suficientes que permitan “mejorar la situación de estas enseñanzas en los centros educativos públicos”.
La Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla-La Mancha ha registrado un escrito, dirigido al consejero, en el que urge al Gobierno regional a poner en marcha cuanto antes ese plan y plantea 30 propuestas, a juicio del sindicato “imprescindibles para recuperar la Formación Profesional en la región”, además de reclamar a la administración educativa “la rectificación de medidas tomadas durante este curso, como el cierre de ciclos formativos en Centros de Educación para Adultos”
El sindicato, en un comunicado ha recordado que “la Formación Profesional, como otros sectores educativos de la región, sufrió una durísima política de recortes durante los años 2011-2015, lo que supuso la desaparición de gran parte de los fondos destinados a estas enseñanzas en centros públicos o la desaparición de plazas para cientos de docentes de Formación Profesional”.
Así como “el cierre de ciclos formativos de grado medio y superior o la falta de recursos para la compra y renovación de materiales, equipos y maquinarias, así como otras muchas decisiones que agravaron las dificultades que sufren los centros y el profesorado de FP para impartir una enseñanzas de calidad”.
Pero “transcurrida ya gran parte de la actual legislatura, y pese a las constantes promesas y declaraciones públicas por parte de los representantes del Gobierno regional, sigue sin ponerse en marcha un plan específico para la Formación Profesional en la región, con las inversiones, medidas y recursos necesarios para dotar de nuevo a estas enseñanzas de calidad y utilidad tanto para el alumnado como para el conjunto de la sociedad”.
Según ha señalado el sindicato, la Formación Profesional ofertada por el sistema educativo público “es una herramienta fundamental para el desarrollo social y económico de cualquier región, así como un instrumento imprescindible para reducir las tasas de abandono escolar y fomentar la integración de colectivos en riesgo de exclusión social”.
