CCOO-Industria ha presentado un escrito de alegaciones al borrador de decreto elaborado por el Gobierno regional para regular los derechos de las personas consumidoras en instalaciones de suministro a vehículos de carburantes y combustibles líquidos o gaseosos o cualquier otro tipo de energía en Castilla-La Mancha, “por razones de relevancia social, económica y medioambientales”.
De salir adelante el borrador, recalca el secretario regional de CCOO-Industria, Ángel León, Castilla-La Mancha no sólo autorizará, sino que además alentará la instalación de gasolineras desatendidas en la región, contra la competencia leal entre empresas, contra el empleo en el sector y contra los derechos e intereses de trabajadores y consumidores.
“No queremos que este borrador llegue al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no creemos que sea positivo ni para el sector ni para Castilla-La Mancha”, ha indicado en nota de prensa
Según indica, el borrador “vulnera” derechos y garantías básicas de las personas consumidoras y de las personas con discapacidad, “quiebra” el principio de libre competencia al flexibilizar –para las estaciones desatendidas– aspectos de la normativa ambiental exigibles al resto de operadores; y representan una “amenaza” real de pérdida de empleo y puestos de trabajo.
Al respecto, el sindicato reclama a la dirección general de Consumo, responsable del borrador, “coherencia” con lo sostenido por la Junta en el Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha 2015-2020, cuyo objetivo central es propiciar “un entorno más favorable para la consolidación de nuestro tejido empresarial y para la generación de empleo de calidad”.
El sindicato también pide al Gobierno regional “coherencia” con su propio partido, y recuerda que el Grupo Parlamentario Socialista presentó en septiembre de 2017 ante la Mesa del Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley instando al Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, a regular que todas las estaciones de servicio de carburantes cuenten con personal presente permanentemente en ellas que garantice una atención de calidad e igualitaria a los clientes con discapacidad.
León recuerda que el borrador “contradice” también la posición explícita de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que en 2016 se comprometió a intensificar el control de las gasolineras desatendidas, prohibidas en Castilla-La Mancha desde 2005 mediante un decreto “pionero”, copiado por casi todas las comunidades autónomas de España, que obligaba a las estaciones de servicio de carburantes a estar atendidas por, al menos, una persona.
El sindicato recuerda que las gasolineras desatendidas empezaron a proliferar a partir de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo de crecimiento y de la creación de empleo, que modificó al artículo 43.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Hidrocarburos’, liberalizando el ejercicio de la actividad de distribución al por menor de carburantes.
“No obstante, conviene tener presente que, pese a la apuesta por la liberalización y desregulación del sector, se exige como observancia general y a todos los efectos el cumplimiento de la normativa vigente, y en especial, la referente a accesibilidad, así como la protección de los consumidores y usuarios”, recalca CCOO.
“Centrándonos en borrador elaborado por la dirección general de Consumo, observamos que la solución por la que se opta puede entrar en colisión con la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, así como de los derechos de las personas con discapacidad, que constituye uno de los principios rectores de las políticas públicas de Castilla-La Mancha recogido en su Estatuto de Autonomía”, añade.
Este es uno de los ejes de las alegaciones presentadas por CCOO, que considera en concreto que el artículo 4 del borrador “es contrario al derecho autonómico, al general del Estado español, al marco constitucional y a las normas supranacionales que España tiene ratificadas”.
Además, apunta que los artículos 6, 7, 9 y 12 “hacen inviables los principios de accesibilidad universal, igualdad, integración y no discriminación; colisionan con la protección y derechos de los consumidores y de las personas con discapacidad; y convierten en imposible el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.”
Tanto el secretario regional de CCOO-Industria como la responsable del Sector de Estaciones de Servicio, Margarita Mena, quieren destacar y agradecer las aportaciones y la colaboración de miembros del CERMI y de FACUA en la elaboración de estas alegaciones.
El sindicato no descarta revitalizar los contactos tanto con estas organizaciones como con Fecamaes y UGT, por si fuera necesario movilizar al sector.
