El sindicato ha recordado en nota de prensa que España está obligada por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas a “garantizar y promover la plena realización de todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales de las personas con discapacidad”, entre ellos, la protección y promoción de la persona en cuanto miembro de la sociedad, el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho al trabajo.
La secretaria de Empleo y Políticas Sociales de CCOO en la región, María Ángeles Castellanos, ha comentado que los indicadores económicos que hacen referencia a los beneficios empresariales o al reparto de dividendos dan muestras de recuperación y de mejora “pero no ocurre lo mismo con los indicadores que afectan a las personas”.
Solo el 46,3% de activos
En este sentido, ha detallado que en Castilla-La Mancha hay 89.600 personas con discapacidad oficialmente reconocida con edades entre los 16 y los 64 años, de los que sólo estan activas 38.000, un 46,3 por ciento frente al 76,1 por ciento de las personas sin discapacidad.
Asimismo, ha apuntado que en 2017 se registraron 15.011 contratos de personas con discapacidad, el 1,66 por ciento respecto al total de contratos registrados, de los que 9.627 han sido de hombres y 5.384 de mujeres.
Además, Castellanos ha criticado la “insuficiencia de fuentes estadísticas” sobre la realidad de las personas con discapacidad, por lo que ha demandado “más información para poder implementar políticas y medidas eficaces y para poder evaluarlas”.
Finalmente, desde CCOO han explicado que, para combatir la precariedad de las personas con discapacidad, son necesarias acciones como velar por el cumplimiento de las cuotas de reserva, perseguir el abuso de la contratación temporal, homologar sus condiciones laborales con las del resto de trabajadores, incentivar la contratación de personas con discapacidad o garantizar los ajustes “razonables” necesarios para adaptar los puestos de trabajo y las medidas preventivas para evitar daños a la salud y accidentes laborales.
