CCOO, UGT y Csif se han concentrado este lunes en la Plaza de Zocodover de Toledo para pedir al Gobierno central más empleo público en la Administración General del Estado y un incremento salarial de 300 euros.
Así lo ha explicado en declaraciones a los medios el secretario general de CCOO en la Administración General del Estado a nivel estatal, José Manuel Vera, junto al secretario federal del sector de Administración General del Estado de la UGT, Carlos Álvarez, y el representante de Csif, Leopoldo Felipe.
Vera ha indicado que el motivo de esta movilización se debe a que la Administración General del Estado ha perdido más de 30.000 puestos de trabajo durante los años que ha gobernado el PP en España. En concreto, en Castilla-La Mancha ha perdido más de 1.000 puestos de trabajo, lo que significa el 14 por ciento de los trabajadores de la plantilla en la región.
En materia salarial, reclaman un salario justo porque en la Administración General del Estado hay trabajadores que perciben un salario neto por debajo de los mil euros. En este sentido, ha expresado que entienden que “estas no son condiciones justas” y, por eso, han reclamado un salario neto de 1.200 euros para cada trabajador a través de un incremento lineal de 200 euros y de 100 euros dependiendo del desarrollo de la carrera profesional.
Para conseguir estos incrementos, Vera ha considerado que “es imprescindible abordar la negociación del IV Convenio Único del Personal de la Administración General del Estado y abordar el desarrollo del Estatuto del Empleado Público”.
Leopoldo Felipe ha explicado que Csif ha acudido a la concentración por la equiparación retributiva y dignificación del empleo público, para perseguir que las ofertas de empleo pública ocupen todas las vacantes que existen en la Administración General del Estado y para que se incremente el salario de los empleados públicos un 8 por ciento.
Unión sindical
De esta manera, Felipe ha indicado que Csif “está contento por la unión sindical” de estas movilizaciones y espera que la nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, cite a los sindicatos a la mesa de negociación que solicitaron el 7 de junio para hablar sobre estas condiciones de empleo público.
Por su parte, el secretario federal del sector de Administración General del Estado de la UGT ha señalado que el sindicato que representa en esta movilización se ha sumado por para eliminar la brecha salarial “histórica” entre trabajadores de la Administración General del Estado y otras administraciones públicas y acabar con las “desigualdades” que existen entre los ministerios, siendo “la más grave de todas”, la diferencia salarial que hay entre laborales y funcionarios porque la Carta Social Europea marca que el salario mínimo de un empleado público ha de ser el 60 por ciento del salario medio del país, lo que supone un retribución salarial neta del empleado público de 1.200 euros.
Preguntado por cuáles son los sectores más afectados de la Administración General del Estado, Álvarez ha señalado que la pérdida del 30 por ciento de los trabajadores han supuesto que las oficinas pequeñas de la Seguridad Social y las instituciones penitenciarias sean los sectores más afectados.
