La convocatoria de huelga afecta a toda la administración autonómica, incluido el Sescam y la docencia no universitaria, unas 70.000 personas en total incluyendo tanto al personal funcionario como al estatutario y al laboral, ha informado CCOO en nota de prensa.
Los sindicatos denuncian la persistencia de “discriminaciones indirectas” y brechas de género “en todos los ámbitos de la Junta”.
Así, apuntan que el 64% de las empleados públicos de la Junta son mujeres, pero solo ocupan el 33% de los altos cargos y el 15% de los niveles 29 y 30, los más altos de la administración. En el Sescam, donde el 74% son mujeres, los hombres están al frente de 17 de las 18 gerencias existentes.
A esta “segregación vertical, que conlleva menores retribuciones y menor reconocimiento laboral y social, se añade la feminización de precariedad. Las mujeres son las tienen el 85% de las jornadas a tiempo parcial en la Junta; y las que solicitan el 84% de las excedencias y el 95% de las reducciones de jornada por cuidados de hijos menores u otros familiares”, ha destacado Lola Cachero.
Cachero y Campoy han hecho un llamamiento a todas las mujeres y todos los hombres que integran la plantilla de la Junta a sumarse a la huelga de 24 horas del 8 de marzo en la administración autonómica con el lema “paramos un día para conseguir igualdad real todos y en los días en todos los ámbitos.”
Para ello, CCOO y UGT exigen la “negociación y aplicación efectiva” del Plan de Igualdad en la Junta, que es obligatorio desde la Ley de Igualdad de 2007, que se llegó a negociar y a acordar en 2011, “pero que jamás llegó a implantarse”. “Tampoco tienen planes de igualdad más del 95% de las corporaciones locales de la región”.
Dar ejemplo
“La Junta está incumpliendo la Ley cuando debiera ser la primera en dar ejemplo. El Plan que acordamos en 2011 concluyó su vigencia en 2015 sin que aplicaran y evaluaran las medidas previstas. Y en 2019 seguimos sin un Plan de Igualdad que permita corregir las desigualdades que se detectaron en 2011 y que persisten a día de hoy”, han argumentado.
Los sindicatos también reclaman que se cumplan las medidas del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género; empezando por trasladar tanto a la Junta como a las administraciones locales de la región el Acuerdo sobre Movilidad Interadministrativa por violencia machista; así como la elaboración y aplicación de los protocolos por acoso sexual y por razón de sexo previstos en la Ley de Igualdad y en el Estatuto Básico del Empleado Público, ambos de 2007″
“Doce años después, seguimos sin tenerlo. Llegamos a negociar uno para la JCCM, pero la Administración nunca lo llevó a Mesa General para su aprobación”, han concluido.
